Las FARC pidieron el viernes la reubicación “inmediata” de sus guerrilleros encarcelados en Colombia, a raíz de presuntos atropellos de la guardia penitenciaria que incluyen vejámenes a las mujeres.
“Se hace necesario, como medidas inmediatas que pongan fin a estas arbitrariedades y atropellos, la ubicación de todos los prisioneros (…) en cárceles y patios separados de los demás prisioneros”, señaló el grupo armado en un comunicado leído en La Habana, sede de los diálogos de paz con el gobierno.
Las FARC justificaron esa propuesta ante las “agresiones” que, según esa guerrilla, están enfrentando los rebeldes en prisión, y señalaron que esos abusos están en contravía del proceso de paz que negocian con el gobierno colombiano para poner fin a más de medio siglo de lucha armada.
Las prisioneras, detallaron, son obligadas a “desnudarse para ser requisadas hasta lastimarle sus zonas genitales cada vez que a la guardia (…) se le antoja” o, en el caso de los hombres, son extorsionados o abusados en las cárceles por “bandas de presos” conformadas, entre otros, por paramilitares de ultraderecha.
De acuerdo con las FARC, la situación más grave se registra en las cárceles de mujeres del Buen Pastor y de varones de la Picota, ambas en Bogotá.
En Colombia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) prometió que investigará las denuncias, pero enfatizó en que sus funcionarios actúan bajo protocolos de derechos humanos que no permiten desnudar a prisioneras.
“Nos parece muy extraña la denuncia, pero no estamos ni desmintiendo ni afirmándola, somos los primeros interesados en que se aclare esta situación”, dijo una fuente de ese organismo a la AFP bajo reserva.
El grupo rebelde, que según sus líderes tienen en prisión a unos 1.200 combatientes, advirtió sobre el riesgo de “un desenlace indeseado” por cuenta de los enfrentamientos en las cárceles, y pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja y agencias humanitarias de la ONU “pronunciarse sobre esta problemática”.
“El Estado colombiano y el gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos no pueden seguir soslayando su responsabilidad frente al cumplimiento de sus compromisos internacionales” con los derechos humanos, agregó.
Desde finales del año pasado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunista), que cuentan con un pie de fuerza de hasta 7.000 combatientes según autoridades, están denunciando agresiones a los rebeldes presos, tras el indulto a 30 guerrilleros anunciado por Santos el 22 de noviembre.
Los negociadores de paz de la guerrilla se quejaron el lunes de las demora en la excarcelación de ese grupo de detenidos.