“¿Es toda la generación hidroeléctrica sustentable?”Tal es la pregunta que en un informe de 39 páginas lanzado este viernes múltiples organizaciones socioambientales de todo el país buscan responder. El objetivo, salir al paso de la ofensiva del ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien ha dicho en todos los tonos que el agua (de embalse, principalmente, por lo que llaman su capacidad de regulación), debe ser el puntal de la generación eléctrica futura.
“Crítica a la hidroelectricidad en Chile y propuestas ciudadanas” es el título del documento elaborado a partir de la experiencia acumulada en torno a diversos conflictos territoriales de Chile, los avances científicos y la experiencia internacional comparada. Elementos que, en opinión de sus autores, no son considerados en la política energética que el gobierno de Michelle Bachelet está impulsando.
El contenido
Luego de hacer un recorrido por las acciones del gobierno de Michelle Bachelet que buscan dejar avanzado el futuro represamiento de gran parte de los ríos del centro, sur y de la Patagonia, explican por qué no toda la generación hidroeléctrica es ambiental y socialmente deseable. Dentro de las señales pro hidroelectricidad a gran escala, apuntan al apoyo gubernamental a las centrales Mediterráneo en el río Puelo de la región de Los Lagos y a Alto Maipo en la Metropolitana, así como a la Hoja de Ruta de Energía 2050, el proyecto de Ley de Transmisión Eléctrica, que se tramita en la Cámara de Diputados, y las propias declaraciones del ministro Pacheco.
Pero antes, repasan la forma en que el ministerio de Energía ha impulsado la discusión sobre la política energética del país. Acusan que en términos del ordenamiento territorial la cartera “ha declinado hacerse cargo de este componente, señalando que está fuera de su competencia”. Ante esto, expresan que “la elaboración de estándares participativos para proyectos de energía no se hace cargo ni considera procesos de ordenamiento territorial con participación ciudadana vinculante” y que además “el ordenamiento territorial energético regional no se inserta en procesos más amplios de ordenamiento del territorio que vayan más allá de la lógica sectorial del ministerio, y por ende, no se hace cargo de los verdaderos desafíos de planificación del territorio que enfrenta el país”.
Es así que se analizan críticamente uno a uno los elementos que, para el gobierno, hacen de la hidroelectricidad a gran escala una opción para el país: la capacidad de regulación, laindependencia energética, el uso multipropósito de la infraestructura, la renovabilidad, la sustentabilidad, la competitividad y el potencial hidráulico existente en Chile.
En capacidad de regulación expresan que esta no puede ser la principal variable, ya que depende “de los territorios donde se instale la infraestructura de generación hidroeléctrica, además de la forma en que se opere la instalación”, algo que actualmente opera en función de los intereses de las empresas y no del interés público.
Sobre independencia energética, explican que el control de los recursos hídricos (a través de los derechos de aprovechamiento de agua, que tienen carácter de propiedad privada según la Constitución) por parte de privados nacionales, corporaciones extranjeras e incluso otros Estados (como el caso de Italia a través de Enel/Endesa), hace que “el agua, considerada el ‘combustible’ de la hidroelectricidad, es igual de foránea para los chilenos que los combustibles fósiles que compramos en los mercados internacionales”. A esto se agrega la vulnerabilidad producto de las sequías que se han generado en años previos, lo cual se acrecienta con el Cambio Climático.
En el uso multipropósito de la infraestructura se señala que “solo será posible en un contexto donde los derechos de las comunidades y la integridad de los territorios se encuentren al mismo nivel que los derechos de los inversionistas”. Hoy las corporaciones eléctricas tienen preeminencia en las decisiones de este tipo de instalaciones, no quedando margen alguno para que otros actores (el turismo, la conservación o el uso para bebida, por ejemplo) puedan generar acuerdos en igualdad de condiciones.
Así como el calentamiento global afecta el carácter de energía renovable o renovabilidadde los embalses, en el documento se consigna que “es necesario entender los impactos de la hidroelectricidad más allá de la afectación de un río en particular, sino que afectando irreversiblemente las cuencas donde se instalan”. A esto se agrega que está en duda que las represas sean infraestructuras que duren ad eternum por el proceso de sedimentación.
Todo lo anterior demuestra que las grandes represas no pueden ser consideradas opciones sustentables. A los impactos ambientales y sociales demostrados por el reporte de la Comisión Mundial de Represas publicado el año 2000 por el Banco Mundial, se suman las investigaciones que demuestran que “los ríos depositan anualmente cerca de 200 millones de toneladas de carbón en el fondo de los océanos, permitiendo que este no sea liberado a la atmósfera. Sin embargo, los grandes embalses entorpecen este proceso, agravando los factores que inciden en el calentamiento global”.
Además, la supuesta competitividad de la hidroelectricidad está sustentada, esencialmente, en un entramado institucional (a través del Código de Aguas y la Ley Eléctrica, y por cierto la Constitución) que privilegia este tipo de tecnología, al crear “una tipología de derechos de agua no consuntivos corresponde a una figura jurídica que favorece los usos hidroeléctricos… junto con el permiso de captación de dichas aguas en el lugar donde el titular de estos decida, constituye un derecho del propietario de las aguas por sobre los derechos de los propietarios de la tierra en que se localizan dichas aguas”. Y en términos reales se ha demostrado que “los presupuestos de los grandes proyectos hidroeléctricos son sistemáticamente deficitarios y minimizados respecto de sus verdaderos costos, excluyendo la inflación, pagos sustanciales de deuda y costos ambientales y sociales”.
Y, por último, para ejemplificar la subjetividad del concepto de potencial hidroeléctrico(sobre el cual basa el ministerio de Energía sus proyecciones), usan la siguiente frase: “Todos los países del mundo podrían, eventualmente, albergar desechos nucleares en sus territorios, sin embargo, ello no ocurre porque existe una comunidad política que evalúa las consecuencias ambientales, sociales y políticas de dichas acciones”. Ante esto, llaman a que el concepto de potencialidad debe cruzarse con procesos democráticos y participativos, los cuales no se han generado en el país.
El documento también incluye propuestas concretas de modificaciones regulatorias y legales, además de instrumentos específicos que debiesen ser implementados a la brevedad en Chile (como el ordenamiento territorial), basados en una serie de aspectos que tienen como eje central el respeto de los derechos humanos (lo que denominan un “enfoque de derechos”). Las organizaciones apuntan así a cuatro principios que son esenciales para la futura matriz: seguridad e independencia, equidad socioambiental, sustentabilidad ambiental y eficiencia energética. A la vez estos se traducen en los siguiente requisitos básicos, no considerados en las directrices del gobierno: acceso y consideración vinculante de información territorial validada por la academia y el Estado; compatibilización del desarrollo hidroeléctrico con la vocación de la cuenca y la vocación del territorio; respeto y mejoramiento del desarrollo económico territorial; incorporación de tecnologías ambientalmente amigables y uso de la mejor tecnología disponible; evaluación y valoración ambiental; análisis de alternativas de generación y de localización; evaluación conjunta y no fragmentada del impacto de la transmisión; participación ciudadana vinculante; y requisitos de investigación, innovación y desarrollo.
El objetivo final del reporte es aportar al debate sobre la política energética en Chile y, en particular, dar cuenta de las limitaciones y contradicciones de la política de desarrollo hidroeléctrico que difunde e impulsa el gobierno tanto en la Agenda de Energía como en el proyecto de Ley de Transmisión, donde introduce el concepto de “polos de desarrollo” y franjas de interés público para legitimar grandes proyectos hidroeléctricos de embalse y de pasada.
Este llamado de atención de la ciudadanía al gobierno cobra gran importancia al considerar que hoy se están tomando decisiones cruciales para las cuencas, territorios, regiones y comunidades del país, entre las cuales destacan la aprobación del proyecto Añihuarraqui en Curacautín, la visación del proyecto Mediterráneo en el río Puelo por parte del Comité de Ministros, el persistente apoyo del gobierno al proyecto Alto Maipo (cuya aprobación estuvo viciada y que amenaza la seguridad hídrica de la región Metropolitana), y la inminente decisión, el próximo lunes 18 de enero, sobre la central río Cuervo en la Patagonia.
Suscriben el documento Aysén Reserva de Vida, el Colectivo Viento Sur, el Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), el Consejo de Defensa de la Patagonia, laCoordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Ecosistemas, Ética en los Bosques, Geute Conservación Sur, el Instituto de Ecología Política (IEP), el Observatorio Ciudadano y el Programa Chile Sustentable.