La Cancillería de Chile advirtió hoy a la Corte Suprema que las relaciones internacionales las lleva el Gobierno y no otros órganos el Estado, respecto de un inédito fallo del tribunal chileno que demandó a la OEA visitar a dos líderes opositores venezolanos presos en su país. “La conducción de las relaciones internacionales le corresponde al Gobierno (.) Otros órganos del Estado no están habilitados para intervenir en actos de la esfera internacional propios del Ejecutivo”, subrayó una declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La Constitución chilena “le entrega al Presidente de la República la facultad especial de conducir las relaciones internacionales con otras potencias y organizaciones internacionales”, añadió el comunicado.
Hace dos días, la Corte Suprema ratificó un inédito fallo por el que exigía a la Organización de Estados Americanos (OEA) que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del organismo visitara y constatara en terreno el estado de salud de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, presos en su país.
“Esta resolución no tiene precedentes y requiere de un profundo análisis”, exhortó la nota de la Cancillería.
Con la sentencia el alto tribunal había revalidado un veredicto anterior luego de rechazar un recurso de nulidad que había interpuesto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile.
Junto con confirmar el lunes la sentencia, el máximo tribunal había dispuesto además que el requerimiento a la OEA lo haría la misma Audiencia tras establecer que el Ejecutivo no había dado cumplimento al dictamen judicial emitido en noviembre pasado. En esa oportunidad, la Corte Suprema había ordenado al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que acudiera a la CIDH de la OEA para que el organismo visitara a los dirigentes recluidos.
En el dictamen, el tribunal, que acogió así un recurso de protección que interpusieron dos abogados chilenos en favor de los dirigentes presos, estableció que en el caso operan todos los requisitos para que actúe la jurisdicción internacional de derechos humanos.
En Venezuela “los tribunales no aparecen entregando la suficiente protección” a López y Ceballos, según sentenció en esa ocasión.
López fue condenado en septiembre pasado a más de 13 años cárcel tras ser acusado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de instigar las protestas que tuvieron lugar en ese país. El dirigente se encuentra detenido en el penal caraqueño de Ramo Verde desde febrero de 2014.
En tanto, Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, también encerrado desde 2014, comenzó en agosto pasado una reclusión en su domicilio, hasta donde fue permitido su trasladado por motivos de salud.