Septiembre 20, 2024

Continúa intento de golpe de Estado parlamentario en Brasil

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, anunció hoy que el trámite para iniciar un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff será retomado el año que viene, después de que el Tribunal Supremo analice y aclare algunos detalles sobre el proceso.

 

 

    En declaraciones a la prensa, Cunha admitió que ‘persisten algunas dudas que precisan ser esclarecidas con el Supremo’ y aseguró que el proceso sólo continuará cuando el Congreso termine sus vacaciones, que empiezan mañana hasta el próximo 2 de febrero.

    Cunha dio inicio hace dos semanas los trámites para abrir un juicio contra Rousseff, aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó posteriormente que la Cámara Baja reinicie todo el trámite por ‘errores de procedimiento’ en algunas de sus fases.

    Uno de los puntos que la Corte dictaminó es que los miembros de la comisión que debe analizar si sigue adelante o no el juicio contra Rousseff deben ser elegidos en votación abierta y no secreta, como sucedió, y los candidatos a integrarla deben ser postulados por los partidos y escogidos en forma individual y no a través de listas.

    Cunha aseguró que la máxima Corte brasileña deberá decidir ahora qué pasará si los candidatos escogidos por los partidos no reciben el visto bueno de la mayoría de los miembros del pleno de la Cámara.

    ‘No sabemos qué pasaría si hay miembros rechazados por el voto’, comentó el presidente de la Cámara Baja, para quien, según la sentencia de la corte, ‘si no son elegidos los candidatos que propongan los partidos pudiera no haber alternativas’ para conformar esa comisión de diputados.

    Tal grupo lo deben formar 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria y su tarea será determinar si existen razones jurídicas que justifique someter a Rousseff a un juicio político.

    El proceso fue iniciado a instancias de la oposición, que acusa a la mandataria de haber incurrido en un ‘delito de responsabilidad’ al avalar unas maniobras contables con las que el Gobierno maquilló sus resultados fiscales de 2014 y los balances parciales de 2015

 

 

 

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