Finalmente, tras presiones de parlamentarios, la Superintendenta de Pensiones puso su cargo a disposición de la presidenta por haber autorizado una operación financiera que eludió 130 millones de dólares en pagos de impuestos.
El dictamen de la Contraloría y las presiones desde un grupo de parlamentarios ha tenido como efecto la renuncia, esta mañana, de la Superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, La renuncia de Agnic sucede tras la polémica por la fusión irregular entre las AFPs Cuprum y Argentum, ambas del grupo financiero Principal Financial Chile.
La Contraloría emitió esta semana un dictamen en el cual calificó de “impracticable” esta fusión, operación apoyada por Agnic pero fuertemente criticada por parlamentarios de la Nueva Mayoría, quienes desde inicios de año han estado pidiendo la renuncia de esta funcionaria.
“A fin de precaver situaciones como las que se plantean en las presentaciones del rubro, esta Contraloría General se permite sugerir al legislador un estudio de reforma normativa que regule con más precisión los distintos procesos de reestructuración empresarial que involucre la participación de las AFP”, dijo el dictamen
Aun cuando la renuncia de Agnic no ha sido, hasta el momento, aceptada por la presidenta Bachelet, medios en internet señalan que la mandataria aceptaría su salida.
El escándalo público surgió cuando se conoció que la fusión de las AFPs tuvo como objetivo único acceder eludir el pago de impuestos por más de 130 millones de dólares. La Contraloría determinó que la fusión no es admisible, ya que supone la existencia de dos o más sociedades cuando sólo existía válidamente AFP Cuprum y no AFP Argentum.
Este jueves, los diputados DC Fuad Chahín y Patricio Vallespín dijeron que el dictamen deja en una compleja situación a Agnic, contra quien ya se presentó una querella por supuesta prevaricación administrativa. Agnic autorizó la fusión y aseguró que se realizó conforme a la ley. Por tanto, señalaron Chahín y Vallespín, su continuidad en el cargo es “insostenible”
Los diputados agregaron que “estamos oficiando al Consejo de Defensa del Estado para que demande la nulidad de derecho público de las acciones administrativas de la Superintendencia para dejar sin efecto la fusión, y evitar así que se genere el beneficio tributario por más de 80.000 millones de pesos en esta operación”.