El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron el martes un acuerdo clave que permitirá resarcir a las víctimas del conflicto armado y dispusieron crear un tribunal especial que impondrá sanciones a los responsables de actos de violencia, una vez que las partes logren un pacto de paz definitivo.
Después de más de medio siglo de confrontación armada y tres negociaciones precedentes frustradas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos parecen estar listos para renunciar a las armas y poner fin a un conflicto que ha dejado 220.000 muertos.
El acuerdo establece que los integrantes de la guerrilla y los efectivos de las Fuerzas Militares que acepten sus responsabilidades en delitos cometidos en medio del conflicto y confiesen la verdad podrán recibir una sanción de entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, pero no cárcel.
“Esperamos que con la implementación de este y de todos los acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto en el país”, dijo un comunicado conjunto leído por los garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega.
El acuerdo sobre víctimas, que incluye verdad, justicia, reparación y no repetición, y que prohíbe amnistías e indultos para los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, fue uno de los más difíciles de alcanzar.
“Tal vez es el punto más importante de los cinco que previamente habíamos establecido para terminar este conflicto de más de 50 años. El de justicia era el más complejo, el más difícil. Es un paso muy importante para poder terminar pronto el conflicto”, dijo el presidente Santos en un acto de Gobierno.
“¡Nunca antes estuvimos tan cerca de un acuerdo definitivo!”, agregó el mandatario.
El grupo rebelde y el Gobierno estuvieron discutiendo ese punto durante 18 meses, que se caracterizaron por fuertes tensiones y hasta amenazas de levantarse de la mesa y dejar de lado un proceso que se inició en noviembre de 2012.
VIGILANCIA Y BUENA FE
El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó que la restricción efectiva implica disponer de mecanismos idóneos de vigilancia y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal.
“Seamos claros, hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos”, dijo de la Calle en una conferencia de prensa en la que reiteró que no serán objeto de amnistía ni indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
Tampoco se podrá indultar la desaparición forzada, la violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores.
El jefe de los negociadores de las FARC, Iván Márquez, dijo que todas las partes implicadas en el conflicto asumen la responsabilidad de reparar a las víctimas con trabajo personal y colectivo, con decisiones políticas y aportes materiales.
“Este es el primer acuerdo de paz alcanzado en Colombia que no se ha cerrado con una amnistía general para todos los intervinientes en el conflicto, sino con la creación de una jurisdicción especial para la paz con competencias para conocer sobre todas las violaciones de derechos y sobre todos los responsables de estas”, aseguró el jefe guerrillero.
Ahora, las partes se concentrarán a partir de enero en la discusión de un cese bilateral y definitivo del fuego, que silenciará los fusiles antes de que se firme, posiblemente en marzo, un acuerdo final y concluyente.
Previamente las FARC y el Gobierno lograron acuerdos para dar acceso a la tierra a los campesinos pobres, facilitar que la guerrilla se convierta en un partido político, la lucha contra el narcotráfico, desminado y la búsqueda de desaparecidos.
Todos los acuerdos deberán ser aprobados por los colombianos con un mecanismo que acuerden las partes.