Convergencias de Izquierdas señala que la acción del Tribunal Constitucional (TC) y la falta de prolijidad legislativa del Ejecutivo han llevado a la reforma educacional a un callejón sin salida, ya que su decisión de resolver la gratuidad por la vía de una glosa presupuestaria que subsidia a la demanda, significa fortalecer en la práctica en Chile un modelo de educación mercantilizado.
En un comunicado, Convergencia señala:
Esta semana hemos asistido a un nuevo despliegue de las instituciones dictatoriales que aun rigen el país, torciendo esta vez las decisiones soberanas del Poder Legislativo. El jueves 10 de diciembre el Tribunal Constitucional (TC), órgano político cuoteado entre los bloques del duopolio que nos gobierna, ha actuado en concordancia con su ideología, rechazando por mayoría de votos la glosa planteada por el gobierno como fórmula para avanzar en gratuidad de la educación superior en 2016. La acción del TC y la falta de prolijidad legislativa del Ejecutivo han llevado esta reforma a un callejón sin salida, ya que su decisión de resolver la gratuidad por la vía de una glosa presupuestaria que subsidia a la demanda, significa fortalecer en la práctica en Chile un modelo de educación mercantilizado.
Al respecto declaramos:
1.- Nuestro rechazo a la actuación de los ministros del TC, actuando como tercera cámara y con criterios más políticos e ideológicos que jurídicos, para perpetuar un modelo de educación mercantilizado; basado en el lucro, abuso y autoritarismo que incluye a una mayoría de universidades privadas, de dudosa calidad, que buscan ser financiadas directamente por el erario público, utilizando como excusa la supuesta discriminación de los estudiantes más vulnerables.
2.- Nuestro rechazo al fallo del TC no significa apoyo a la fórmula de gratuidad planteada por el gobierno. En primer término porque ésta demuestra un altísimo grado de improvisación y falta de compromiso con las reformas. En segundo lugar porque establece la gratuidad como un subsidio a la demanda al más puro estilo neoliberal, rehuyendo su responsabilidad con las universidades del Estado. En tercero porque esta “fórmula de gratuidad” se ha hecho a espaldas de la ciudadanía, de los estudiantes y los profesores.
3.- Demandamos del gobierno claridad en los fines perseguidos; entre los cuales está el fortalecimiento de las universidades del Estado, y el financiamiento basal de las mismas, de modo que estas puedan realizar la extensión e investigación que el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país demanda. Exigimos que la gratuidad universal en la educación no se materialice con becas u otro tipo de voucher, y que existan los medios legales y administrativos para asegurar que las instituciones de educación superior privada (universidades, institutos de educación superior o centros de formación técnica) que reciban aportes públicos, sean efectivamente entidades sin fines de lucro, transparentes y democráticas en su gestión.
4.- Hacemos presente que el actuar de la extrema derecha escudada en el Tribunal Constitucional no es más que una brutal muestra de los amarres autoritarios que lastran el desarrollo de nuestra democracia, como consecuencia de una institucionalidad ilegítima, que ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a la complacencia de quienes nos han gobernado desde 1990. Esta democracia autoritaria y deslegitimada sólo puede superarse por medio de una nueva Constitución; que establezca una democracia participativa con derechos universales garantizados, y que haya sido originada por una Asamblea Constituyente.