Lo que no hay es transparencia. En una sociedad que aspira a darse una nueva constitución democrática es esencial estar bien informado para conocer el juego de los actores. Más aún ahora que se entra en una fase de “proceso constituyente” institucional manejado desde la cúpula del Gobierno cuyo Consejo Ciudadano de Observadores ya fue nombrado entre gallos y medianoche.
Detrás del pomposo apelativo hay un instrumento híbrido hábilmente construido por la troika Bachelet-Burgos-Eyzaguirre con el concurso de estrategas comunicacionales y juristas de derecha que gozan de la confianza de la casta político-empresarial (la agencia de Tironi estaría detrás insisten algunos medios).
Empero, no estamos en un lejano y oscuro 1925 donde la educación secundaria y la información eran un lujo y no habían muchos lectores de periódicos ni auditores de radios. Tampoco vivimos en un año 1980 bajo la bota militar liberticida —a algunos meses de las protestas sociales de abril de 1981 que marcarían el inicio del fin del terror pinochetista.
Hoy existe una variada gama de tecnologías y nuevos medios desarrollados con Internet (desde 1992 para consumo masivo) que puede ser utilizada en un sentido ciudadano para informar y comunicar de manera continua y directa a quienes lo deseen sobre las reuniones, puntos de la tabla, debates y opiniones vertidas durante las reuniones del Consejo Ciudadano de Observadores. Todo esto es materia pública. Hay que saber qué se “consensúa”, opina y contradice. Conocer por ejemplo cuales son las “discrepancias” de las que informa El Mercurio. Y también la pertinencia del contenido de las cartillas.
El proceso en su conjunto no es un cónclave vaticano ni la cocina del inefable senador Zaldívar. Hay un gran potencial transformador para disputar el proceso: organizaciones que se han dado por tarea luchar por una Asamblea Constituyente y un movimiento social difuso, pero activo y ávido de proponer, opinar e intervenir.
Por ahí habría que empezar si se quiere “transparencia”, como dice la misma Presidenta. Para no dejarle a los medios tradicionales el manoseo de la información filtrada y a los columnistas de derecha su interpretación interesada. Es una manera de cumplir con el primer requisito de todo proceso democrático: asegurar la calidad y contenido de la información que debe ser entregada a la ciudadanía para que pueda tomar decisiones racionales.
No estamos invocando a Marx sino que a Jürgen Habermas y a su teoría del actuar comunicacional. Que no es otra cosa que poder intercambiar propósitos claros e informaciones significativas para deliberar de manera democrática y argumentada. Y en contexto de crisis de legitimidad del Congreso nacional que se refleja en la opinión del mismo pueblo soberano.
Nada se sabe aún acerca de las condiciones para que el desarrollo del proceso constituyente no sea un proceso sesgado y dirigido por los opositores a una Asamblea Constituyente. No se conocen los criterios para elegir los monitores/as. ¿Cuándo se abren las candidaturas? ¿Quiénes los seleccionarán? ¿Con qué parámetros?
Estamos ante un panorama de oscurantismo político en pleno siglo XXI, pero a la hora de las tecnologías del saber. Conclusión: o este Gobierno quiere hacer las cosas mal para que un futuro Congreso corte la torta y decida en lugar del sujeto del poder constituyente que es el pueblo ciudadano, o es un gobierno incompetente que hace mal las cosas. O ambas.
Por supuesto, aquí no se cuestiona la presencia en el Consejo Ciudadano de Observadores de una dirigenta de trabajadoras de casa particular, de una personalidad musical, de un futbolista, de dos periodistas influyentes en el grupo que tiene por responsabilidad fijar rumbos y mostrar la cara ante el pueblo ciudadano (está por verse si es para servir de pantalla “plural” a las movidas de las elites dominantes).
Obvio, no se puede estar contra la virtud y el “pluralismo”. Sin embargo, ahí en ese Consejo recién designado hay un predominio (“poder, superioridad, influjo o fuerza dominante que se tiene sobre alguien o algo”=rae.es) de los “expertos” constitucionalistas de derecha fieles a cierta tradición constitucionalista: la que busca excluir al pueblo de los debates sobre el tema y optan por eso que llaman la vía institucional. Para eso sirven: para imprimirle una dirección o un sesgo a un debate.
“Saber es poder”. Es la evidencia en la que Foucault puso énfasis al analizar el Estado y los grupos privilegiados. Es obvio que el “abogado constitucionalista” se ubica en una tradición jurídica bien precisa, con opciones políticas bien definidas y con implicaciones bien concretas. Y en nombre de supuestos principios constitucionales trascendentales, que sólo ellos pretenden conocer bien, querrán vetar, enmendar o silenciar en nombre del DERECHO) las (para ellos) simples opiniones de los ciudadanos del Consejo , del periodismo honesto y de la ciudadanía en general. Y la voz del experto “constitucionalista” es la que cuenta para un Estado y un gobierno afín a la oligarquía.
EL CONTEXTO DE CORRUPCIÓN Y EL DESAFÍO CONSTITUCIONAL
Si las organizaciones políticas, sociales y populares no intervienen ahora, más tarde sera difícil hacerlo ante paquetes legales cerrados. Por mucho que se discuta en los cabildos. Tendremos encima otra Constitución con sutiles trampas y quorums resultado de manejos políticos, consensos y de hechos consumados. Una carta fundamental que regirá la sociedad en aspectos cruciales: desde la defensa nacional hasta la identidad sexual, pasando por el régimen político y las formas de la representación política y la distribución del poder; la participación ciudadana y los derechos de las minorías. Cosas tan importantes como las prerrogativas del Estado y los gobiernos en el uso de la fuerza policial y militar (estados de excepción y suspensión de derechos; estados de urgencia y de sitio o de amenaza interior) así como la relación entre la política ciudadana y las reglas de la gran propiedad capitalista o la preponderancia del mercado o no en todos los aspectos de la vida común. Sin olvidar el derecho de los pueblos-naciones autóctonas a la autodeterminación.
Todos estos años han habido avances ideológicos en el plano de los derechos sociales y colectivos que habría que inscribir en una nueva constitución. Y algo muy importante: hay que asegurarse de poder reformarla con mecanismos simples como el plebiscito. Para que las generaciones jóvenes y las futuras la adapten democráticamente a los desafíos de la época como los avatares de la depredación capitalista de la naturaleza.
Hemos visto la impotencia de la sociedad ante los escándalos recientes generados por las malas prácticas de la oligarquía política y empresarial. Los casos de corrupción política y las colusiones entre empresas para distorsionar las leyes del mercado capitalista y aumentar sus ganancias a expensas de los consumidores son las expresiones de una crisis política e institucional. Las sospechas existían, pero la opinión pública no conocía los procedimientos utilizados por los políticos para obtener fondos de los empresarios y así amarrar con dinero sus consciencias. Aunque afirmen lo contrario, le vendían el alma al diablo. Incluso los más avispados e imaginativos críticos del sistema no imaginaron los montos ni las estratagemas utilizadas por ambos para financiarse y eludir el pago de impuestos al fisco. Menos se podía saber lo que sucedía en las oficinas del Banco de Chile de Luksic con Dávalos-Compagnon. Ni de las maniobras de Novoa, Martelli-Peñailillo, Pizarro e hijos, Longueira, von Baer, del ex candidato de la UDI Laurence Golborne, de MEO, de las constantes movidas de Piñera, etcétera.
Es el momento de exigir transparencia y pronunciarse ante este “proceso constituyente” con este Consejo Ciudadano de Observadores de este Gobierno. Para poder actuar de manera colectiva. Pujar para influir y aprovechar los espacios para dar la lucha de ideas con propuestas y movilizaciones populares para elegir una Asamblea Constituyente y doblarle la mano a la oligarquía. Es posible desnudar a la clase dominante debilitada por su escasa credibilidad y actitudes indecentes en el plano ético. Es temprano para restarse a un proceso todavía en disputa y adoptar una actitud crítica a partir de principios abstractos y generales que sólo redundan en la impotencia.