Este domingo 6 de diciembre se celebrarán importantes elecciones en Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro en algún momento dijo eran “las más difíciles”, aunque nunca explicó porqué. Ocurre que en esta ocasión hay suficientes razones para que exista descontento en la población. El gobierno no ha podido resolver el problema de la escasez y altos precios de los productos alimenticios y otros artículos de primera necesidad. Esto ha generado interminables colas buscando adquirirlos.
Hay que añadir la abrupta baja de los precios del petróleo, de más de 80 dólares el barril a 38 dólares, que afecta a toda la economía de un país que depende de esos ingresos.
Por otra parte, el contrabando se lleva hacia la vecina Colombia el 25% de la producción nacional y de productos importados.
En la última fase de la campaña electoral, los voceros de la unidad revolucionaria (PSUV y sus aliados del PCV, PPT y otros partidos menores de Izquierda, que integran el Gran Polo Patriótico-GPP) parecen haber persuadido a sus militancias que esta situación es efecto de una “guerra económica” estimulada desde el exterior y con sólido apoyo en el país, lo que tiene mucho de verdad, y que pese a esas dificultades hay que votar para preservar el proceso. Esta guerra económica se ha comparado con la ocurrida en Chile para provocar la desestabilización y derrocamiento del presidente Allende.
A esta realidad se suman las encuestas y la mayoría de las emisoras de radio, buena parte de la prensa del interior del país y tres diarios de Caracas, que repiten porcentajes que dan hasta 30% de ventaja a la oposición. Un significativo porcentaje de ciudadanos les cree. El GPP desestima esas proyecciones y confía en el voto consciente y en su alta capacidad de movilización, el carácter local y regional de estas elecciones y del recuerdo de su “ líder eterno”, Hugo Chávez.
Esta situación recuerda lo sucedido en Argentina, donde los medios repetían que Macri ganaría en segunda vuelta hasta con 30% de ventaja, y demasiada gente se lo creyó. La verdad fue otra distinta y al final la diferencia fue de 3%. ¿Ocurrirá algo parecido en Venezuela en las parlamentarias del domingo 6? En el chavismo responden afirmativamente.
A diferencia de cinco elecciones anteriores donde se disputaba la Presidencia de la República, todas ganadas por Hugo Chávez y la última por Maduro, ahora está en juego la renovación de la Asamblea Nacional, que domina el chavismo con 100 diputados frente a 48 opositores.
Como en otras ocasiones, los partidos de oposición, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), no se cansan de denunciar que habrá fraude. Se negaron a firmar una declaración presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de reconocer los resultados, cualesquiera que estos sean. La misión de Unasur presentó otro proyecto pero la MUD también se negó a firmarlo. No es fácil encontrar una respuesta a esa obstinada posición de la MUD, pues si dan por segura su victoria no deberían negarse a suscribir un acuerdo de reconocimiento de los resultados, que la jerarquía de la Iglesia Católica acaba de refrendar.
Fue el ex presidente Jimmy Carter quien declaró en Caracas, después de conocer todo el proceso electoral venezolano, y con la experiencia de haberlo hecho en otros 40 países, que este sistema era el más confiable y seguro que había conocido. Hace poco en Nueva York, con motivo de los 70 años de la ONU, lo repitió mientras estaba con el presidente Maduro, quien le invitó a las elecciones del día 6. Carter respondió que iría en una misión de la OEA, que como se sabe no ha sido invitada. También los representantes de la oposición en el CNE han declarado en varias elecciones que este sistema es inviolable y que no hay posibilidad ninguna de adulterar los resultados.
El proceso electoral venezolano está sometido a 22 auditorías, algunas antes, otras durante y también después de la votación, comenzando por la del Registro Electoral, hasta la “duplicidad de huellas”, incluidas las plataforma tecnológica de transmisión y totalización de resultados. En esas auditorías están presentes, y muy activos, representantes de todos los partidos. Las actas son suscritas por ellos y por los expertos del CNE y los acompañantes del exterior. El CNE ha distribuido un libro que recoge las auditorias de abril de 2013, con las firmas de todos los partidos, de la misiones de Unasur, Mercosur, Gremio Nacional de Abogados de EE.UU., y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.
El sistema de votación en Venezuela es automatizado, pero luego de votar, cada elector confirma su voto manualmente en una papeleta, y al final, en el escrutinio deben coincidir las sumas de los votos automatizados con los manuales. En las elecciones de 2013 resultó un 99.98% de coincidencia y el total de comprobantes faltantes fue de 0,02%. Finalmente, apenas termina el escrutinio público, se seleccionan hasta diez mesas por centro de votación para hacerles auditorías. El CNE audita el 50% de las mesas. Los resultados de las presidenciales de 2013 fueron: Maduro 50,61% y Capriles 49,12%, con una abstención del 20%. Por petición del candidato perdedor se hizo una auditoría al 100% de las mesas, que coincidió con los resultados oficiales.
Nunca se han presentado pruebas de fraude o irregularidades de alguna significación. Las que abundan son las de ventajismo oficialista en el uso de los medios de comunicación del sector público o estatal. En el referendo para revocar el poder al presidente Chávez, las encuestas “a boca de urna” indicaban una victoria de quienes pedían su salida, mientras los resultados oficiales eran 60 a 40 a favor de que se quedara. Lo que sucedía era que esa encuesta se hacía en sectores de clase media, que siempre votan contra el chavismo.
Con tales antecedentes, y en las condiciones que he intentado mostrar, cabe preguntarse: ¿cuáles son las perspectivas en Venezuela a partir del 6 de diciembre? Dependerá en alta proporción de la conducta electoral de los venezolanos descontentos con la situación económica que afecta sus condiciones de vida.
A primera vista, resulta lógica la respuesta de quienes creen que es inevitable que ese descontento genere abstencionismo o votación contra el gobierno; es lo que creen en la oposición y que igualmente se observa en la mayoría de las encuestas. De ser así, ganaría la oposición y obtendría mayoría de diputados, posiblemente para controlar la Asamblea Nacional con mayoría simple. Las encuestas, aunque ha venido cerrándose la brecha, favorecen a la oposición, y muchos analistas piensan que ya no es posible cambiar la correlación actual.
En el oficialismo hay otra visión. En primer término, que el elector venezolano es mucho más consciente de lo que se cree, y sabe distinguir entre la necesidad de dar continuidad al proceso iniciado por Chávez y expresar su molestia votando en contra. Además insisten en que no se trata de una votación nacional, sino en cada uno de los 87 circuitos electorales, con alta incidencia de factores locales o regionales, y añaden la capacidad movilizadora demostrada por los partidos del GPP.
Aunque ambas parte hablan de victorias aplastantes, como admite la presidente del CNE, Tibisay Lucena, cualquiera de las dos partes puede ganar, pero ninguna con amplia mayoría: la diferencia será muy estrecha.
Es lógico suponer que un triunfo de la oposición sería un duro golpe al proceso de cambios que se ha producido en América Latina desde hace más de una década. Después de lo ocurrido en Argentina, una derrota en Venezuela, punto de partida de ese proceso, que tuvo en Chávez un factor fundamental para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de Unasur, Alba, Petrocaribe y el reforzamiento de Mercosur, sería muy serio. Aunque son votaciones parlamentarias, sería un revés de incalculables consecuencias. Washington no ha estado al margen de estas elecciones, y parece convencido de que esta es la gran oportunidad de golpear más duro, por ejemplo mediante un referéndum para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Se deduce de señales como la advertencia de John Kelly, jefe del Comando Sur al mando de un portaviones que en estos días estará llegando a costas venezolanas; de la violación del espacio aéreo de Venezuela por un avión militar de EE.UU., y las revelaciones sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA) a la empresa estatal PDVSA: ¡ficharon nada menos que a diez mil trabajadores petroleros!
Internamente, se plantean dos escenarios: un conflicto de poder si la oposición obtiene mayoría. Lo anunció Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Ese conflicto tendría imprevisibles consecuencias. El otro escenario es la apertura al diálogo. No será fácil. Si gana el GPP, son impronosticables las reacciones de la MUD y de Washington
ELEAZAR DIAZ RANGEL (*)
En Caracas, especial para “Punto Final”
(*)Director del diario Ultimas Noticiasde Venezuela.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 842, 3 de diciembre, 2015