La Cámara de Diputados de Brasil inició este jueves el proceso de juicio político en contra de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por presunta respon sabilidad fiscal, con la lectura de más dos mil páginas del documento acusatorio. La sesión se extendió más de tres horas, debido al inmenso texto, en el cual se imputa a la jefa de Estado de los delitos de responsabilidad fiscal, acto contra la probabilidad en la administración, contra la ley presupuestaria, uso ilegal de fondos públicos y emitir decretos sin autorización del Congreso.
En el documento, presentado por varios abogados y partidos de oposición, se insta a la dignataria a renunciar a su cargo, y no enfrentar todo este proceso que causará afectaciones financieras y económicas al país.
El texto fue leído por el secretario de la Cámara, Beto Mansur, y el líder de esa casa, Eduardo Cunha, acusa también a la dignataria de tener alguna conexión con el escándalo de corrupción en Petrobras y pide su destitución del cargo para garantizar la institucionalidad, gobernabilidad y rescate de la economía.
Tras la conclusión de la lectura, Cunha anunció la creación de la comisión especial, la cual dijo que estará integrada por 65 miembros de 23 partidos representados en este hemiciclo.
Invitó a los bloques a presentar hasta el lunes venidero las propuestas para componer dicho consejo, el cual será instituido ese mismo día en la tarde en una sesión extraordinaria.
Parlamentarios de agrupaciones aliadas se pronunciaron asimismo por agilizar este trámite y abogaron por la suspensión del receso parlamentario de fin de año que comienza a finales de este mes y concluye en febrero próximo.
Dicha propuesta fue respaldada por el gobierno, cuyo titular de la Casa Civil, Jaques Wagner, resaltó el interés de la mandataria de resolver esta cuestión de manera rápida y evitar un desgaste económico y político.
Wagner destaco que Rousseff recibió varias llamadas de apoyo de gobernadores, lo cual motivó el anunció de una reunión con los representantes de los estados la semana próxima para coordinar las acciones futuras e intentar abortar el enjuiciamiento en su contra.
Existe igualmente una fuerte movilización en las redes sociales de parte de las centrales sindicales y grupos sociales para defender el mandato de la jefa de Estado, indicó.