El informe “Violación y Asalto Sexual: Un llamado renovado a la acción”, emitido en enero 2004 por el Consejo de la Casa Blanca sobre Mujeres y Niñas, reveló que casi una de cada cinco mujeres estadounidenses en su vida ha sido víctima de violación o de intento de violación. Según el informe, se acumulan por cientos de miles los “kits” con pruebas sin revisar de violación o asalto sexual, incluyendo exámenes forenses con evidencia como el ADN del perpetrador y que pueden ser “vitales para el enjuiciamiento de los casos”. Esta acumulación de “kits” o estuches sin analizar explicaría las bajas tasas de enjuiciamiento por violación.
El informe de la Casa Blanca citó un estudio de 2011 sobre más de 2.000 agencias de la ley, donde se encontró que el 44 por ciento de estas agencias del orden público no envió las pruebas forenses a un laboratorio debido a que el sospechoso no había sido identificado; otro 15 por ciento dijo que no presentaron la evidencia porque no lo solicitó el fiscal; y el 11 por ciento citó incapacidad del laboratorio para producir resultados oportunos. El informe de la Casa Blanca anunció un Programa de Reducción del Atraso, administrado por el Instituto Nacional de Justicia, que financiaría pruebas de ADN en 120 laboratorios forenses estadales y locales.
Escribiendo para Truthout, Emily Homrok informó que un estudio de cinco meses realizado por CBS News en 2009 había encontrado en EEUU al menos un mínimo de 20.000 estuches de violación sin procesar. El artículo de Homrok describe el caso de Jessica Ripley, quien fue violada en febrero de 2012 en un estacionamiento en Salt Lake City, Utah. Cuando un oficial de policía entrevistó Ripley aludió varias veces al hecho de que ella estaba en estado de embriaguez y no debería haber permanecido en ningún lugar donde él “nunca permitiría que estuviera su hija”. En el hospital se utilizó un “kit de violación” y fue contactada la policía. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas con el kit, no hubo avances en la investigación que se habría hecho en el caso de Ripley. El kit de Ripley ni siquiera llegó al laboratorio para su análisis: fue uno más entre 788 que resultaron destruidos o se dejaron intactos por el Departamento de Policía de Salt Lake City en un período de ocho años, escribió Homrok. Las pruebas de violación a menudo no son tomadas en serio por los agentes de la policía porque las víctimas son vistas como “chicas tontas borrachas”.
En marzo de 2014, la Casa Blanca anunció que su presupuesto del año fiscal 2015 proporcionaría 35 millones de dólares para un nuevo programa de financiamiento de los análisis del “inventario de kits de pruebas de violación, desarrollo de unidades para ‘casos fríos’ a fin de perseguir nuevas pistas de investigación y apoyar a las víctimas en todo el proceso”. Como informó Nora Caplan-Bricker para la New Republic, el Departamento de Justicia estima que unos 400.000 kits de violación se encuentran actualmente sin examinar porque las autoridades locales no podrían permitirse el lujo de analizarlos. Efectuar los análisis de un kit de violación cuesta entre 500 y 1.500 dólares, por lo que la “inversión propuesta por el gobierno sólo es suficiente para hacer una mella de tamaño moderado en la magnitud del tema”, escribió Nora Caplan-Bricker.
Menos de un año después, en enero de 2015, Taylor Kate Brown, de la BBC, reportó avances significativos en el procesamiento del stock de kits de violación todavía sin analizar. Usando fondos de un programa del Instituto Nacional de Justicia, la policía de Detroit había analizado unos 2.000 estuches de violación sin procesar y estaban en el proceso de revisar otros 8.000. En Cleveland, informó Brown, la policía presentó para la prueba la totalidad de sus 4.300 kits atrasados. La policía de Cleveland abrió más de 1.800 investigaciones y los fiscales locales habían “procesado 231 personas, un tercio de quienes tenían al menos una condena anterior por violación”. Como escribió Brown, “en medio de una llamada revitalizante para probar los estimados cientos de miles de estuches de violación en almacenamiento en las policías de todo Estados Unidos, otras ciudades también están viendo resultados dramáticos, pero positivos: se está procesando un alto número de violadores en serie previamente no identificados y docenas de casos sin resolver van a enjuiciamiento”.
De acuerdo con la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, Rape, Abuse & Incest National Network), aproximadamente el 68 por ciento de los casos de agresión sexual no se denuncian.
· Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado.