Las indignantes actuaciones de la élite empresarial chilena, que nuevamente protagoniza un escándalo de colusión de precios, afectando de manera brutal a millones de chilenos y chilenas, lejos de ser hechos puntuales, son parte de una interminable serie de atropellos contra el pueblo chileno en la que se inscriben también la colusión de las farmacias y de los pollos, el abuso institucionalizado de las Isapres y AFP, los estudiantes estafados con el financiamiento de una educación mercantilizada y, en fin, los innumerables pequeños y grandes abusos a los que nos vemos sometidos quienes no pertenecemos a ese 1% de la población que concentra la riqueza producida por todas y todos los que vivimos y trabajamos en Chile.
El delito de cuello y corbata y los múltiples abusos de las grandes empresas no son fenómenos aislados, como nos quiere hacer creer la élite política y su prensa, que recién ahora se muestran escandalizadas. Por el contrario, este es un resultado de la concentración del poder económico y del descarado contubernio del gran empresariado con quienes han ocupado los gobiernos de los últimos 25 años, acuerdos espurios donde a cambio de financiamiento para campañas y partidos políticos se ha ido profundizando el modelo político, económico y social heredado de la dictadura de Pinochet, convirtiendo a Chile en uno de los países más desiguales del mundo. Prueba de ello es que las mismas empresas hoy sorprendidas en actos ilegales han sido las grandes beneficiarias de la privatización del mar, de los recursos mineros y los servicios básicos, de concesiones y franquicias escandalosas y de un sistema legal que obstaculiza la organización y lucha social.
El Cartel del Confort es una clara expresión de este maridaje político-empresarial, ya que mientras las papeleras CMPC y SCA se coluden, el gobierno de la Nueva mayoría pretende la prórroga del DL 701 de 1974 que establece subsidios a las plantaciones forestales, el cual está en la base de la destrucción masiva de nuestro bosque nativo y ha representado un inmenso traspaso de recursos públicos a familias como Matte, dueña de CMPC, y Angelini, es decir, las mismas que financian la política y que gracias a sus prácticas y a los favores recibidos desde el poder pueden figurar orgullosas entre las cien más ricas del mundo.
Por ello, la actual élite política no sólo no da la confianza para controlar los abusos del poder económico, sino que ha mostrado ser parte del problema. Chile no debe seguir soportando más la hipocresía de una clase gobernante que pontifica sobre el bien público mientras ocupa sus cargos para incrementar la riqueza privada.
Como Convergencia de Izquierdas consideramos que la única forma de terminar con este largo historial de injusticias y tropelías sociales, económicas y ambientales pasa por levantar un movimiento social y político que ponga freno a la concentración del poder y la descomposición moral a las que nos ha llevado la actual institucionalidad, abriendo paso a un período de profundización democrática. Nos asiste la convicción de que para construir un país al servicio de sus habitantes, es necesario poner los derechos de las personas y comunidades por sobre los de la propiedad y las empresas en una nueva Constitución que, necesariamente, debe ser discutida y redactada por una Asamblea Constituyente y ratificada en un plebiscito.
En lo inmediato, y ante casos de colusión como los que hemos presenciado y otros que no dudamos se conocerán en el futuro, Convergencia de Izquierdas demanda:
1. El establecimiento de penas de cárcel efectiva para todos aquellos ejecutivos y dueños de empresas que sabiendo o debiendo saber hayan promovido o amparado por acción u omisión la formación de un cartel.
2. Multas correspondientes a un porcentaje no menor al 30% de las ventas por el periodo en que se compruebe la existencia de una colusión de precios.
3. “Pena de muerte” para aquellas empresas que reincidan en prácticas de colusión de precios, es decir, el desmantelamiento de las mismas y su división en unidades productivas menores e independientes entre sí.
Respecto de la colusión del papel higiénico demandamos:
1. Que se apliquen las penas más severas posibles a los responsables, incluidas las multas en los rangos más altos que contemple la Ley.
2. Cese efectivo e inmediato de los subsidios estatales a las empresas coludidas y derogación del DL 701.
Convergencia de Izquierdas, 8 de noviembre 2015