Tres comisiones investigadoras fueron aprobadas esta mañana en la Sala de la Cámara de Diputados, al inicio de su sesión. La primera de ellas abordará las responsabilidades administrativas y políticas involucradas en el fraude fiscal ocurrido en el Ejército, conocido como Milicogate, a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre, desde el año 2011 a la fecha. Las otras investigarán la colusión de las empresas papeleras y el rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las Mutualidades.
La solicitud, realizada por 56 diputados, recibió 64 votos a favor y 9 abstenciones. Para el cumplimiento de su propósito, esta comisión especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a 120 días y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Colusión de empresas papeleras
A continuación, la Sala aprobó con 76 votos afirmativos, la solicitud formulada por 52 diputados, para crear una Comisión Especial Investigadora encargada de indagar las condiciones generadas por el Estado a través de la política forestal expresada en el decreto ley 701, como factores que favorecieron un escenario de colusión.
Asimismo, el grupo deberá investigar sobre la incidencia del subsidio forestal en el enriquecimiento de los grupos económicos y la forma en que los organismos públicos fiscalizan a las empresas de ese rubro. Para el cumplimiento de su propósito, tendrá un plazo de 90 días y podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
Rechazo a accidentes y enfermedades laborales
Finalmente, los diputados respaldaron, con 79 votos, la petición de 53 diputados, para constituir una comisión investigadora para conocer y analizar los actos ejecutados por la Superintendencia de Seguridad Social y por otros organismos públicos que se vinculen con el eventual perjuicio fiscal generado a partir del rechazo de las denuncias individuales de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales por parte de las Mutualidades.
La instancia tendrá un plazo de 120 días para desarrollar su cometido y podrá constituirse en cualquier lugar del país.