Finalmente, después de varias postergaciones, la Presidenta de la República anunció el
inicio de un proceso destinado a dotar de una nueva Constitución a Chile, argumentando
correctamente que “la actual Constitución tuvo su origen en dictadura, no responde a las
necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos
sobre la mayoría. Por eso -agregó- nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como
propia por la ciudadanía”.
No obstante estas primeras afirmaciones que están en sintonía con el sentimiento
mayoritario de la población, el contenido preciso de su mensaje contradice su declarado
propósito de dotar al país de una Constitución “nacida en democracia y que exprese la voluntad
popular”.
Bachelet fija quorom imposibles de alcanzar y entrega la llave del proceso a los
Parlamentarios
El camino y método propuestos por la Jefa de Estado, en lugar de permitir el pleno
ejercicio de la soberanía popular, constituyen un nuevo intento por evitar que esta se exprese,
entregando la conducción y el rol decisivo a las mismas fuerzas sociales y políticas que durante
un cuarto de siglo de postdictadura han administrado y se han beneficiado del modelo
neoliberal y del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, tal como
demostraremos a continuación.
La fundamentación teórica e histórica de su anuncio es errada. “Debemos basarnos –
afirmó- en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas y, al mismo tiempo, dar curso a nuestra
capacidad de avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna”. ¿A cuáles tradiciones
jurídicas se refiere Michelle Bachelet? Si se trata de la manera de hacer constituciones,
cualquier analista objetivo y de buena fe concluirá que esta deja mucho que desear puesto que
ninguna de las constituciones chilenas fue elaborada de un modo verdaderamente democrático.
Todas las cartas fundamentales que han regido la vida política nacional han sido producidas,
aprobadas e impuestas en contextos de ciudadanía restringida, con ausencia de libertades
políticas y, lo que es peor, frecuentemente, mediante la presión abierta de la fuerza militar
como ocurrió en los casos de las tres constituciones más duraderas (1833, 1925 y 1980).
No se trata de un error meramente historiográfico o académico, políticamente anodino,
sino de una base conceptual profundamente viciada sobre la que se sostiene toda la arquitectura
del itinerario constituyente diseñado por Bachelet junto a su círculo de confianza y asesores.
Porque si el proceso constituyente se basa “en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas”, ello
quiere decir que, en lo más esencial, este será -al igual que todos los anteriores- elitista,
antidemocrático, no participativo y con la ciudadanía jugando un rol meramente decorativo o
de comparsa.
Los principales pasos de este proceso definidos por la Jefa de Estado ratifican esta
impresión.
Entre fines de octubre de 2015 y marzo de 2016 se iniciará una “etapa de educación
cívica y constitucional”, enseguida se realizará “un proceso ordenado de diálogos ciudadanos,
donde todos puedan participar”, partiendo por las comunas, luego las provincias y regiones,
para terminar con una síntesis a nivel nacional. El resultado de estos diálogos serán las “Bases
Ciudadanas para la Nueva Constitución”, que serán entregadas a la Presidenta en octubre de
2016. Para que el proceso sea efectivamente participativo, libre, transparente, sin distorsiones
ni presiones de ningún tipo, la Primera Mandataria anunció que nombrará un Consejo
Ciudadano de Observadores compuesto por personas “de reconocido prestigio que acompañe el
proceso y dé garantías de transparencia y equidad”.
Cabe subrayar que este Consejo tendrá el mismo origen que todas las comisiones
asesoras gubernamentales a las que nos han acostumbrado los gobiernos de las últimas décadas;
a saber, la simple voluntad y criterio de la persona que ocupa el sillón presidencial y de sus
asesores. La “dedocracia”, sin consulta ni participación ciudadana, definirá una vez más los
integrantes de este cuerpo, del mismo modo como lo fueron las comisiones constituyentes de
1925, de 1980 y otros tantos organismos de triste recuerdo, por ejemplo, el Consejo Asesor
Presidencial para la Educación designado por Bachelet durante su primer gobierno (el de “las
manitas levantadas”), que transmutó la Ley Orgánica Constitucional de la Educación (LOCE)
del dictador en Ley General de la Educación (LGE), perpetuando hasta el día de hoy el sistema
de educación de mercado basado en el lucro.
También hay que destacar que la presidenta no precisó en qué consistirán los “diálogos
ciudadanos”, quienes lo convocarán ni quienes serán convocados, tampoco quienes harán la
síntesis de tales diálogos, aunque todo permite suponer que serán los “operadores políticos” de
la Nueva Mayoría (o del duopolio) los que tendrán el poder de decidir entre las ideas emanadas
de tales coloquios, cuales serán rescatadas y cuales desechadas. Serán estos mismos operadores
los que darán la forma que mejor les parezca a las demandas, anhelos y propuestas expresados
por la población. Cabe, entonces, preguntarnos, ¿enseñarán que es el pueblo el único soberano
y que solo en él radica el poder constituyente?, ¿enseñarán que no existe representante que esté
por sobre la decisión del pueblo?
Luego de esa primera etapa, dice Bachelet, “transformaremos las Bases Ciudadanas en
un proyecto de nueva Constitución, que recoja lo mejor de la tradición constitucional chilena y
que esté acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”. Ya
sabemos a quienes se refiere la primera persona del plural (“transformaremos”) de la
mandataria (ella y sus asesores). Del mismo modo, sabemos a qué está haciendo alusión al
evocar “lo mejor de la tradición constitucional chilena” (constituciones elaboradas por
pequeñísimos grupos de expertos, a espaldas de la ciudadanía, mediante maniobras politiqueras
y con golpes de fuerza). Por último, ¿se refiere la Presidenta a aquellos tratados internacionales
que benefician y dan plenas garantías a las corporaciones transnacionales? o ¿a aquellos que
Chile no respeta, como son los referidos a Derechos Humanos, pueblos originarios (convenio
internacional N°169 de la OIT), etc.
No obstante, lo determinante es lo que viene a continuación, esto es, los sujetos que
tomarán las decisiones fundamentales.
Según lo anunciado, a fines de 2016 Bachelet enviará al Congreso Nacional un proyecto
de reforma de la actual Constitución para que, por dos tercios de sus miembros en ejercicio,
establezca los procedimientos que hagan posible dictar una nueva Carta Fundamental. En esta
reforma, se le propondrá al actual Congreso, elegido en base al sistema electoral binominal, que
habilite al próximo Parlamento para que sea este quien decida, de entre cuatro alternativas, el
mecanismo de discusión del proyecto enviado por el Gobierno y las formas de aprobación de la
nueva Constitución: una Comisión Bicameral de senadores y diputados; una Convención
Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la convocatoria a una Asamblea
Constituyente; o en defecto de las anteriores, que el Congreso pueda convocar a un plebiscito,
para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas. La decisión del
mecanismo recaerá en el nuevo Parlamento elegido en el 2017, que gozará, supuestamente, de
mayor legitimidad que el actual gracias al nuevo sistema electoral, una nueva ley de partidos y
una ley de financiamiento electoral. Asimismo, Bachelet promete entregar al Congreso
Nacional, a inicios del segundo semestre del 2017, el proyecto de nueva Constitución para que,
una vez sancionado por esta instancia, sea sometido a un plebiscito vinculante para su
ratificación por parte de la ciudadanía.
Estas promesas -formuladas tan solo un par de horas antes de un partido de fútbol que,
se sabía, concitaba gran interés en la población- deben ser analizadas detalladamente para
descifrar su trasfondo.
Lo primero que llama la atención son los sujetos protagónicos. Está claro: serán los
parlamentarios, los del actual Congreso Nacional (binominal) y luego los que serán elegidos en
2017. En ellos depositará Bachelet la toma de decisiones sobre las cuatro alternativas
propuestas.
Es necesario preguntarse: ¿Por qué deben ser los parlamentarios quienes adopten tal
decisión? ¿Son ellos los detentores del poder constituyente? La respuesta es evidente: desde
una perspectiva democrática, dicha decisión le corresponde a la ciudadanía, única titular del
poder constituyente. No a diputados ni a senadores. Nos están tratando de birlar la soberanía.
Además, ¿por qué razones la presidenta se autoimpone quorom supramayoritarios que
su coalición (la Nueva Mayoría), más algunos aliados circunstanciales, no podrá alcanzar?
Tenemos todo el derecho a sospechar que el fijar estos quorom imposibles de lograr tiene que
ver con una voluntad no declarada de entregarle a la Derecha clásica una porción importante
del poder de decisión para que no se produzcan cambios constitucionales de fondo, a fin de
seguir preservando el modelo de economía y sociedad coadministrado por ambos bandos del
duopolio. De tal modo, los sectores hegemónicos de la Nueva Mayoría (o el nombre que adopte
en el futuro la vieja y persistente Concertación) tendrán como pretexto para no hacer los
cambios tan esperados por la población, el antiguo y conocido argumento de “no contar con las
mayorías parlamentarias necesarias”. Esta situación les servirá, de paso, para llamar por
enésima vez a los electores a votar por sus candidatos para conseguir una mayoría
parlamentaria proclive a las reformas, enarbolando incluso la alternativa de la Asamblea
Constituyente como argumento para conseguir los sufragios de incautos ciudadanos ante esta
astuta maniobra.
Sobran razones para suponer que todos estos anuncios no constituyen sino una cortina
de humo tendiente a evitar un proceso constituyente efectivamente democrático y participativo.
Las cuatro alternativas propuestas por la Presidenta no son tales puesto que la Asamblea
Constituyente ha sido, en realidad, descartada. La inclusión puramente figurativa de la
Asamblea Constituyente, además de ayudar a administrar las tensiones en el seno de la Nueva
Mayoría (con las cuatro alternativas todos quedan más o menos conformes), aparece como un
elemento meramente ornamental destinado a seducir a ingenuos y permitir que el ala
“izquierda” de la coalición gobernante pueda seguir manteniendo cierta legitimidad ante sus
seguidores.
Diversas son las reacciones en el “universo constituyente”. La bancada AC se apresuró
en “valorar” el ambiguo y alambicado itinerario propuesto por la Presidenta aunque poco
después manifestó su inquietud por los altos quorom que saben, por más maniobras
parlamentarias que hagan, no pueden alcanzar. La diputada comunista Karol Cariola expresó
con un candor digno de mejor causa: “La esperanza está puesta en sectores de la derecha que
realmente creen en la democracia. Estoy convencida que dentro de RN hay votos disponibles”.
Su camarada Camila Vallejo, algo más desconfiada, preguntó: “Quienes participen en los
cabildos, ¿cómo se sabrá que su opinión fue realmente recogida?”. Otro diputado joven,
Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, también deslizó un comentario un tanto suspicaz
al afirmar: “Me genera dudas la presentación de un proyecto de Constitución, que se va a
discutir en paralelo a los mecanismos”1. Por su parte, desde el espectro del variopinto
movimiento pro Asamblea Constituyente, Genaro Cuadros, líder del Movimiento Marca AC,
expresó su “valoración” por el hecho de que la propuesta presidencial “considere la Asamblea
Constituyente como un mecanismo plenamente institucional, democrático y participativo”, “un
logro de la movilización ciudadana”, sin llegar a develar la verdadera motivación de tal
decisión gubernamental2. Mucho más perspicaz, sincero y brutal en su decir fue el senador
Alejandro Navarro (MAS) quien sentenció: “Hay una gran ingenuidad política en pensar que
entrará un proyecto de ley que superará un quórom de 2/3. No hay votos para eso. Es no
entender el mandato de los guardianes de la obra de Jaime Guzmán, la UDI”. Agregó a
continuación: “No va a haber proceso constituyente, va a haber un debate y un acuerdo
político”3. Más sabe el zorro por viejo que por zorro…
Sintetizando lo expuesto, podemos afirmar con gran seguridad que el centro de
gravedad del proceso constituyente propuesto por Bachelet reside en el Congreso Nacional.
Solo por concesión graciosa de este desprestigiado cuerpo podría llegarse directamente -según
la propuesta de Bachelet- a la Asamblea Constituyente o dejar que la ciudadanía decida
mediante plebiscito alguna de las alternativas propuestas. Nada permite suponer que la casta
política que tiene en el Parlamento uno de sus principales bastiones, se arriesgue a perder sus
privilegiadas posiciones en un impulso de fervor democrático profundamente ajeno a su
comportamiento tradicional. Todo lo contrario. La experiencia histórica demuestra que los
grupos privilegiados siempre se aferran a sus posiciones de poder. A menos que una
correlación de fuerzas muy desfavorable los obligue a ceder…
Por un proceso constituyente verdaderamente ciudadano y popular
Los sectores populares, los movimientos sociales y la ciudadanía democrática no
pueden esperar nada del itinerario constituyente propuesto por Bachelet. Como bien han
señalado numerosos observadores –incluso algunos de su propia coalición de gobierno- el
mentado “proceso constituyente” oficialista no tiene más objetivos que el de ganar tiempo para
que la mandataria termine su período presidencial sin demasiados sobresaltos, administrar las
contradicciones y peleas al interior de la Nueva Mayoría y, si las fuerzas y voluntad política
alcanzan, llegar a un “buen acuerdo” con la derecha tradicional para realizar nuevos remiendos
al desgastado traje constitucional confeccionado en dictadura. Nada más. Rápidamente el
fervor constituyente de los operadores políticos del oficialismo se irá trocando en “realismo” y
en negociaciones con los herederos del pinochetismo. Por su parte, un sector del universo
constituyente (aquel cuyos estrechos vínculos con la Nueva Mayoría son apenas un secreto a
voces) y también algunos “alternativos” siempre prestos a medrar cuando se presentan buenas
oportunidades (el presupuesto destinado a la “operación constituyente” del gobierno será
jugosísimo), irán acomodando sus banderas en aras del “realismo”. Seguirán llamando a “hacer
presión para que la alternativa de la Asamblea Constituyente se imponga” sobre las otras
porque, claro está, eso es parte del negocio. Así, por ejemplo, llamarán a conquistar una
mayoría parlamentaria favorable a la Asamblea Constituyente para que ¡ahora sí! se hagan los
cambios tan esperados y tantas veces postergados. Pero lo harán a sabiendas de que la
Asamblea Constituyente en el itinerario bacheletista es como la línea del horizonte: mientras
más caminas y pareces acercarte, más se aleja.
Definitivamente el sendero es otro, es el que decenas de miles de personas han
empezado a recorrer desde hace varios años, aquel que sin despreciar los necesarios
mecanismos de legitimación institucional, se realiza esencialmente desde la base social para
desarrollar una fuerza constituyente ciudadana y popular.
Reiteramos lo que hemos venido sosteniendo desde nuestro nacimiento como Foro por
la Asamblea Constituyente: hay que desechar ilusiones y estar dispuestos a dar una lucha
prolongada apoyándonos principalmente en nuestras propias fuerzas. La emancipación de los
oprimidos nunca ha sido una dádiva de los opresores, tampoco un “bono” de los
administradores de su sistema. Los pueblos de Chile no pueden esperar su emancipación de los
juegos palaciegos, componendas parlamentarias ni acuerdos partidarios a espaldas de la
ciudadanía, tampoco pueden alentar esperanzas en que la casta política se haga un hara-kiri y
decida, en un instante de inexplicable pulsión democrática, que el futuro constitucional del país
se decida en una Asamblea Constituyente efectivamente democrática, libre y soberana.
Solo una poderosa fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular podrá
provocar una ruptura democrática con el actual orden de cosas, una superación de la
institucionalidad heredada de la dictadura que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y
entregar –así sea de mala gana- la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a
elecciones de una Asamblea Constituyente. Para alcanzar este objetivo es preciso desarrollar
numerosas acciones, siendo las más importantes en esta coyuntura las que permitan que los
“ciudadanos de a pie” establezcan el vínculo entre sus necesidades, anhelos y demandas con la
cuestión constitucional y deduzcan de ello la necesidad de la Asamblea Constituyente. Es
preciso sacar esta reivindicación de los círculos aún estrechos, de los grupos especializados en
el tema, para hacer que la demanda por la Asamblea Constituyente sea adoptada con decisión
por los movimientos y las organizaciones sociales. En paralelo, debemos redoblar los esfuerzos
de educación política de los sectores populares y de la ciudadanía en general mediante el
impulso de escuelas, talleres y jornadas de formación constituyentes como los que se han
venido desarrollando recientemente en numerosos puntos del país. Nuestro Foro por la
Asamblea Constituyente ha estado presente y lo seguirá estando en todas estas iniciativas para
aportar, junto a otros, al desarrollo de la fuerza constituyente ciudadana y popular.
El proceso constituyente democrático lo iniciamos, hace años, varios miles de personas
sin esperar promesas ni anuncios provenientes de las desacreditadas elites políticas. Lo
continuaremos aunque dichas elites y los poderes fácticos intenten llevarlo a un callejón sin
salida.
1 “Bancada AC se reúne y manifiesta inquietud por factibilidad del proceso constituyente”, La Tercera, Santiago,
15 de octubre de 2015: http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/10/674-651422-9-bancada-ac-se-reune-ymanifiesta-
inquietud-por-factibilidad-del-proceso.shtml
2 Genaro Cuadros, “La asamblea constituyente sigue en juego”, La Tercera, Santiago, 15 de octubre de 2015:
http://diario.latercera.com/2015/10/15/01/contenido/pais/31-200221-9-la-asamblea-constituyente-sigue-enjuego.
Shtml
3
“Bancada AC se reúne y manifiesta inquietud…”, op.cit.
FORO POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE