El enorme volumen de documentos, fichas, carpetas y sobres hallados en contenedores enterrados al interior de la ex Colonia Dignidad, obligó hace diez años a que el juez que investigaba los crímenes al interior de ese lugar solicitara a la Policía de Investigaciones un informe detallado de los contenidos e informaciones registradas en el llamado Archivo de la Colonia Dignidad.
La tarea de ordenar, clasificar y vaciar la información en distintas matrices de análisis recayó en la Jefatura de Inteligencia Policial (JIPOL) de la PDI. El organismo especializado entregó una serie de informes y documentos que suman más de mil páginas, las que Londres 38, espacio de memorias, hace públicos ahora, en el marco de su campaña No Más Archivos Secretos.
El juez instructor de las causas contra distintos personeros de la ex Colonia Dignidad, el magistrado Jorge Zepeda, mantuvo bajo completa restricción de acceso a los documentos incautados durante casi una década; lo mismo sucedió con este informe.
Qué muestra el informe de la JIPOL sobre el Archivo de Colonia Dignidad.
En primer lugar, que lo que se conoce hasta ahora del Archivo de Colonia Dignidad –las casi 46 mil fichas publicadas el año pasado por Londres 38, espacio de memorias- es una parte ínfima del conjunto de documentos incautados en el 2000, primero, y el 2005 después. Ello obliga a nuevamente preguntar a las autoridades judiciales y al Estado por las razones que tienen para persistir en mantener bajo secreto estos archivos que, sin duda, aportan información relevante para las investigaciones de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
En segundo término, el Archivo de la Colonia Dignidad es el más importante y voluminoso conjunto de documentos de la represión recuperados hasta ahora. Por esa razón es de la mayor importancia que su contenido sea conocido por la sociedad, y que el archivo físico –tal como fue encontrado- pase a custodia del Archivo Nacional. El Estado tiene la obligación de preservar estos documentos.
Los distintos informes de la JIPOL establecen –y así queda consignado- que estos documentos con parte de un archivo de inteligencia que la Colonia Dignidad comenzó a estructurar desde mediados de la década de los 60, y llega hasta la mitad de los años 90. El archivo en si contiene el registro de una parte importante de la historia de Chile en esas décadas.
Durante casi 50 años, la Colonia Dignidad de manera frecuente y cotidiana cometía delitos e infringía la ley chilena para garantizar su permanencia en el país, creando redes de poder a nivel nacional en amplios campos de actividad, así como a nivel local. La Colonia Dignidad –además de cobijar la práctica sistemática de abusos a niños, niñas y jóvenes-, traficó armas, pagó sobornos a autoridades políticas y/o administrativas de distinto nivel, prestó sus instalaciones y personal para mantener, torturar y ejecutar a prisioneros de la DINA y estableció acuerdos con ese organismo para la colaboración mutua en operaciones conjuntas (como el ocultamiento de autos de detenidos desaparecidos), así como facilitar la enorme extensión de tierras para enterrar cuerpos de detenidos, para luego removerlos y hacerlos desaparecer de nuevo.
Los informes de la JIPOL sobre los Archivos de Colonia Dignidad muestran con nitidez el fluido intercambio que hubo entre los jefes del predio con los más altos personeros de la dictadura cívico militar. Los nombres de Augusto Pinochet, Fernando Matthei, Rodolfo Stange, Manuel Contreras, Jaime Guzmán y muchos otros se repiten el archivo, como da cuenta el organismo de la PDI.
Como la Colonia Dignidad cometía delitos de distinto tipo tuvo la necesidad de generar sus mecanismos de defensa; la conformación de un archivo de inteligencia fue parte de una estrategia defensiva como también lo fue la generación de grupos de combate de autodefensa organizados a partir de los propios colonos, los que eran instruidos –a veces por la DINA- en manejo de armas, técnicas de interrogatorio a prisioneros y tácticas de combate. La incautación –junto a estos archivos- de varias toneladas de armamento de guerra da cuenta de la decisión de esta organización criminal de hacer uso de la violencia contra las amenazas que identificaba.
Esta organización militarizada –con estructura vertical que no dejaba espacio a la disidencia- planificó y ejecutó sus propias operaciones de exterminio, como la de Cerro Gallo donde fueron asesinados una decena de campesinos a inicios de 1975, así como en alianza con la DINA. Los informes de la JIPOL identifican listas de ex prisioneros que estuvieron en Colonia Dignidad, personas desaparecidas desde Colonia Dignidad y ejecutadas en Colonia Dignidad.
Del mismo modo la Colonia Dignidad vigilaba a los potenciales o declarados enemigos, también lo hacía con sus aliados. Es así como la JIPOL consigna largas listas de agentes de la DINA, de la CNI y de la DINE, también elaboró listas de integrantes del Ejército, la FACh, Armada, Carabineros e Investigaciones que frecuentaron la Colonia Dignidad. Añade también listas de agentes de organismos internos de inteligencia y contrainteligencia de las distintas ramas de las FFAA.
#NoMásArchivosSecretos
Toda la información: http://londres38.cl/1937/w3-article-97421.html
Acceso al archivo Informe JIPOL: http://www.londres38.cl/1934/w3-article-97390.html