El Observatorio Ciudadano, ante los anuncios presidenciales sobre el inicio del proceso constituyente, lamentó que la presidenta Michelle Bachelet no haya optado por un proceso cuya iniciativa principal sea la convocatoria a una Asamblea Constituyente, “por ser éste el mecanismo más consistente con los derechos humanos para la elaboración de una nueva Constitución Política”.
En un comunicado, advierte que “el proceso anunciado por la Presidenta deja al ejecutivo y el parlamento un margen importante de decisión discrecionalidad. Como es de público conocimiento, ambos poderes del Estado están hoy seriamente cuestionados por la ciudadanía, y por lo mismo, el proceso constituyente anunciado genera dudas e incertidumbre sobre la legitimidad de sus resultados finales”.
Aun cuando la propuesta presidencial considera una serie de etapas educativas y de diálogos ciudadanos, el Observatorio señala “que los procesos recientes de comisiones presidenciales en temas tan relevantes como la descentralización y sobre probidad han dejado serias frustraciones a la ciudadanía, dado que no obstante involucrarse en los procesos de participación y diálogo convocados por éstas, sus recomendaciones han quedado al arbitrio de los partidos políticos con representación parlamentaria y sujeto a los actuales mecanismos institucionales de escasa representatividad y legitimidad y altamente cuestionados”.
Algo similar sucede con las anunciadas “Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución”, las que “si bien valorable, deja también muchas incertidumbres. Por un lado la Presidenta no señala cuál será su conformación. Tampoco se señalan cuáles serán sus atribuciones e incidencia. Por lo que sus resultados pueden tener el mismo derrotero incierto de anteriores comisiones”.
“La demanda de una Asamblea Constituyente que muchos sectores de la ciudadanía respaldamos, aspira a superar el texto constitucional actual que sostiene un sistema político y económico que ha provocado amplios niveles de desigualdad y exclusión en el país. Chile necesita una nueva forma de organizar el Estado, que promueva y proteja los derechos humanos y que reconozca la diversidad y la pluralidad del país y de sus regiones. La búsqueda y consenso sobre un país común con bases institucionales que permitan la pluralidad, debe surgir de un mecanismo validado por la voluntad popular”, finaliza.