Las organizaciones y la ciudadanía aspiramos a que Chile tenga una Constitución legitima de su pueblo, de origen democrático y participativa, redactada por una Asamblea Constituyente elegida por el soberano, o sea por el pueblo.
Necesitamos en este periodo esforzarnos en lograr el máximo grado de unidad del pueblo para lograr erradicar la Constitución pinochetista del año 1980, y cambiarla por una Constitución de derechos, integradora y respetada con el conjunto de los habitantes del país.
Más que enfurecernos, y desacreditarnos, tenemos que unirnos, ya que el anuncio oficial sobre el proceso constituyente dado por la presidenta Michelle Bachelet, quien ha señalado que “Chile necesita una nueva y mejor Constitución y que ella deberá ser elaborada con un sentido de Estado y carácter republicano y dentro de los canales de nuestra institucionalidad”, trae confusiones y nuevos desafíos.
También anunció un proceso de información y formación cívica (¿quién lo hará?). El próximo nombramiento de un Consejo Ciudadano de observadores del proceso (¿quién los nombrara?) y diálogos (¿quién los convocara?) regionales, provinciales y comunales – definidos como participativos pero no vinculantes.
Además, en el segundo semestre del 2017 se presentará un proyecto ante el nuevo Congreso que debería ser aprobado por dos tercios del parlamento con cuatro alternativas: Comisión bicameral, Convención Constituyente mixta, Convocatoria a una Asamblea Constituyente y un Plebiscito para decidir sobre cada una de las alternativas.
El Congreso jamás adoptará una fórmula que no le sea conveniente. No son ingenuos, ni ilusos. Ellos deben, en su mayoría, responder a quienes les financias sus campañas electorales y prefieren ordenar el modelo neoliberal. En especial, lo que dice relación con una nueva Constitución.
Constituciones de espaldas a la gente o, en algunos casos, por sobre los detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura cívico militar, sólo nos llevaran al continuismo. Sólo las movilizaciones de los estudiantes, trabajadores, pobladores, mapuches, organizaciones sociales, los afectados por la contaminación, las aguas usurpadas, los endeudados, las AFP, pueden transformarse de fuerza social reivindicativa, en fuerza política transformadora, hacia una nueva Constitución.
Ricardo Klapp Santa Cruz