En 1911 Robert Michels publicó su libro Los partidos políticos, un estudio profundo de la estructura y funcionamiento de la Socialdemocracia alemana, uno de los partidos de masas más importantes de la Europa de comienzos del siglo XX. En esta obra formuló la famosa “Ley de hierro de las oligarquías, por medio de la cual sostiene que tanto en democracia, como en autocracia, siempre gobernará una minoría”, es decir, mientras más grandes las organizaciones, más se burocratizan, pues siempre existe una contradicción entre democracia interna y la eficacia – para lograr esta última se precisa de un liderazgo fuerte y permanente, que termina por anular la democracia en los partidos.
Desafortunadamente, la historia de los partidos políticos de masas ha corroborado la famosa “ley de hierro en los partidos políticos. Tanto en Europa como en América Latina, grandes partidos, pertenecientes a grandes Internacionales, se han derrumbado, en la mayoría de los casos, debido a la corrupción burocrática de los sistemas políticos, por ejemplo, la Democracia Cristiana italiana, que fue dueña del Parlamento de ese país, a partir de la pos segunda guerra mundial, prácticamente desapareció de la escena política – lo mismo ocurrió con los Partidos Socialista y Comunista peninsulares -. En América Latina ocurrió algo similar: COPEI Y ADECO (Democracia Cristiana y Socialdemocracia, respectivamente), también han desaparecido del mapa político.
Junto a la burocratización, denunciada por Michels, los partidos políticos de masas están sufriendo, actualmente, una creciente lejanía con los ciudadanos, transformándose en mafias de dirigentes, señores feudales, que se repartes los cargos y los recursos fiscales y, lo que es peor, una supeditación a los banqueros y especuladores financieros y a los dueños de grandes holdings.
Sabemos, a través de la historia, que siempre ha existido una mezcla entre la política y los negocios que muchos parlamentarios y dirigentes de partidos han usado y abusado de esta digna actividad para enriquecerse y, en la actualidad, hemos llegado al grado máximo de transgresión a la ética. Según los datos entregados por la última encuesta CEP, un alto porcentaje de encuestados usan los cargos de elección popular para lucrar en su favor.
Es imprescindible erradicar, en forma definitiva, el financiamiento de la política por parte de las empresas. Esta relación viciosa sólo ha servido para mantener incólume la plutocracia de los señores feudales, dueños de partidos, que se han apropiado del Estado, falsificando de manera aleve la soberanía popular. Parlamentarios, dirigentes de partido y políticos en general – salvo algunas excepciones – se han convertido en verdaderos mozos de las grandes empresas que, se ha probado, los dirigen como a marionetas.
La nueva ley de financiamiento de la política deberá prohibir, taxativamente, el aporte de las empresas a los partidos y a las campañas electorales, en consecuencia, aun cuando ahora sea impopular, la política debe ser financiada por el Estado, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Se podría admitir el aporte de personas naturales, pero muy reglamentado y fiscalizado y que no supere un límite establecido del monto del aporte. Por otra parte, el SERVEL deberá tener amplias facultades para controlar el cumplimiento de la igualdad de oportunidad, sobre todo en lo que dice relación con los recursos. Quien no cumpla estrictamente con la ley, deberá perder el cargo y, en algunos casos, sufrir penas de cárcel.
Rafael Luis Gumucio Rivas
10/10 1015