Los acuíferos de California fueron contaminados ilegalmente con unos 11 millones de litros de aguas residuales envenenadas tras ser utilizadas en el proceso llamado fracking, o fractura hidráulica del subsuelo para extraer petróleo y gas, según documentos del Estado de California difundidos a fines de 2014 por el Centro para la Diversidad Biológica. De acuerdo a esta fuente, la fuga de contaminantes se produjo en por lo menos nueve pozos de eliminación de inyección utilizados por la industria petrolera para deshacerse de residuos de aguas contaminadas, práctica que probablemente se repite en otras latitudes donde también utilizan fractura hidráulica para extraer petróleo y gas.
Mientras la industria petrolera aparece en los hechos protegida por la clase política, cuyas postulaciones al poder legislativo de California contribuye a financiar, los acuíferos afectados abastecen el consumo humano y el riego de cultivos para la alimentación. Los documentos también revelan que pruebas realizadas en los pozos de abastecimiento de agua ubicados cerca de los sitios de inyección de aguas residuales muestran altos niveles de arsénico, talio y nitratos, todos productos químicos tóxicos vinculados a las aguas residuales del fracking la industria petrolera.
Según los documentos obtenidos por el Centro para la Diversidad Biológica la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California admitió que en otros 19 pozos adicionales también pudo haber fugas de aguas residuales a los acuíferos protegidos. Un funcionario de la agencia estatal afirmó que en múltiples lugares pudieron ocurrir errores en el proceso de otorgar permisos para la inyección de aguas residuales. A la magnitud del peligro se añade que productos químicos tóxicos como el benceno pueden tardar años en migrar a las fuentes de agua, dificultando así la evaluación precisa del riesgo.
Un estudio previo realizado por el Centro para la Diversidad Biológica mostró que “el 54 por ciento de los 1.553 pozos de inyección de aguas residuales activos y nuevos de California están a 16 kilómetros de un falla geológica recientemente activa (activa en los últimos 200 años)”. Para los autores del informe, estos hallazgos “plantean preocupaciones significativas, debido a que la distancia así de cercana entre una inyección de aguas residuales y una falla geológica podría constituir un influyente factor clave de riesgo que bien podría inducir un terremoto”. Actividad microsísmica como resultado de pozos de inyección subterránea ya ha sido bien documentada en otros estados, por ejemplo en Oklahoma y Texas.
Las revelaciones sobre la contaminación del agua del informe del Centro para la Diversidad Biológica aparecieron en medio de la deliberación legislativa para regular el fracking en California. Tanto Donny Shaw, de MapLight, y Dan Bacher, de Indybay, informaron en mayo de 2014 que en los últimos cinco años la industria petrolera ha presionado con fuerza en la legislatura del estado de California, gastando más de 63 millones de dólares en esfuerzos por persuadir a los legisladores estatales para que permitan la continuación y expansión de fracking.
En mayo de 2014, los senadores estatales rechazaron un proyecto de ley que imponía una moratoria al fracking. Los legisladores que votaron contra la moratoria recibieron 14 veces más dinero en contribuciones de campaña de la industria del petróleo que quienes votaron por imponerla. Shaw citó la cifras en MapLight: los senadores que votaron “No” al proyecto de ley de moratoria recibieron en promedio 24.981 dólares de la industria del petróleo y gas, mientras quienes votaron “Sí” a la moratoria recibieron apenas 1.772 dólares en promedio. “Si los cinco senadores activos que se abstuvieron de votar –todos demócratas– hubieran votado a favor, la moratoria se habría aprobado”. Los demócratas que se abstuvieron recibieron en promedio 4,5 veces más dinero que quienes votaron “Sí”.
Aunque los medios de información corporativos cubrieron el debate sobre regulaciones al fracking, en un primer momento ignoraron el estudio del Centro para la Diversidad Biológica respecto al vertido de aguas residuales en los acuíferos de California. Hubo un retraso de más de tres meses entre la cobertura inicial de los medios independientes de noticias a las revelaciones del Centro de Diversidad Biológica y la atención que le prestaron a este asunto las grandes corporaciones informativas. El diario Los Angeles Times publicó en mayo de 2015 un artículo de primera plana sobre los cultivos del Valle Central regados con aguas del yacimiento petrolero tratado con fracking. Sin embargo, el informe de Los Angeles Times no mencionó el hallazgo del Centro para la Diversidad Biológica respecto a la contaminación de aguas residuales por fracking.
En junio de 2015, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, su sigla en inglés) publicó su estudio de los impactos del fracking en el suministro de agua potable. Aunque la evaluación de la EPA identificó “importantes vulnerabilidades en las fuentes de agua potable”, concluyó que “las actividades de fracturación hidráulica no han conducido a impactos sistémicos generalizados en los recursos de agua potable”. En respuesta, Food & Water Watch emitió un comunicado de prensa del Director Ejecutivo Wenonah Hunter, quien escribió: “Lamentablemente, el estudio de la EPA publicado hoy está muy por debajo del nivel de escrutinio y supervisión del gobierno necesarios para proteger la salud y seguridad de los millones de estadounidenses afectados por la perforación y fracturación hidráulica para obtener petróleo y gas”. Tomando nota de que la industria del petróleo y gas se negó a cooperar con la EPA en un único “caso de estudio prospectivo” de los impactos del fracking, Hunter concluyó: “Esto revela la influencia indebida que tiene la industria sobre el gobierno y muestra que la industria tiene miedo a permitir el monitoreo cuidadoso de sus operaciones”.
*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacional de Proyecto Censurado