En la profunda crisis política e institucional que vive nuestro país, la peor situación es la que afecta el prestigio del Congreso Nacional. Lo que sucede en las cámaras legislativas es lo que más daña a la política y habla de un régimen institucional en que efectivamente los poderes del Estado no se muestran independientes y, en particular, que las decisiones legislativas son demasiado influidas por las presiones gubernamentales, la injerencia de los poderes fácticos y la corrupción manifiesta de no pocos de sus integrantes.
La creación de una nueva Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el Caso Caval, testimonia, sin duda, la positiva acción de una mayoría parlamentaria, pero deja al descubierto la intención de algunos legisladores de desbaratar las indagaciones respecto de un caso que compromete a familiares cercanos a la Presidenta de la República. Repugna, en esto, que algunos votos socialistas y comunistas no hayan apoyado la recuperación de esta importante investigación; más les habría valido que hubieran rechazado francamente esta posibilidad y no se hayan abstenido, en una actitud, a todas luces, sospechosa y que se “se lava las manos” frente al cometido de indagar las responsabilidades políticas involucradas en un negocio escandaloso para la imagen de La Moneda y de la Jefa de Estado.
Para la opinión pública no aparece razonable que senadores acusados de haber recibido aportes ilegales de parte de un conjunto de empresas tengan la pretensión se elegir en la Cámara Alta al próximo Fiscal General, del cual dependen las investigaciones de corrupción del Ministerio Público. Aunque tenemos dos o tres parlamentarios que ya han adelantado sustraerse de este trámite, lo cierto es que otros se resisten a inhabilitarse, a pesar de la presión que les ejercen muchos de sus colegas legisladores y hasta algunas de sus propias directivas partidarias.
Por otro lado, bochornoso nos resulta también para el Parlamento la presión que está ejerciendo el ministro del Interior, Jorge Burgos, para reunir allí el quorum necesario para nombrar al próximo Contralor General de la República. Inaudito que el propio secretario d estado haya concurrido hasta la oficina de uno de los senadores que se resisten a apoyar al candidato de este ministro para conseguir su voto en favor del abogado Enrique Rajevic, propuesto por el Gobierno para ocupar este alto cargo del Estado.
Cuando la Comisión Senatorial revisó los antecedentes del postulante del Ejecutivo, ciertamente, el ministro Burgos no fue capaz de asegurar los votos necesarios del Senado para imponerlo en el cargo, pero en vez de buscar a otro postulante que reuniera más apoyo en la Cámara Alta, decidió quitarle la “urgencia” original que le había puesto a su iniciativa, a fin de darse tiempo para el cabildeo, para presionar al conjunto de los senadores, alinear a los senadores oficialistas y seducir a parlamentarios de la derecha opositora.
Se ve que en este esfuerzo, el ministro Burgos busca, además, escapar a las consecuencia que tendría para su propia continuidad en su cargo ministerial que su candidato no resultara nominado, cuando el mismo se encargara de comunicarle a la prensa que él había convencido a la Presidenta de proponer a Rajevic como contralor.
Cuando no son las empresas las que buscan con lisonjas y sobornos influir en el voto de los legisladores, es la propia Moneda la que los fuerza a adoptar posiciones convenientes al Ejecutivo. Sabemos, por lo demás, que aquella pretensión de los parlamentarios en ser reconocidos como “representantes del pueblo” es contradicha muchas veces, también, por las órdenes de partido. En un ejercicio parlamentario derivado del régimen electoral binominal, en que los arreglos cupulares han sido determinantes para configurar las listas de candidatos y la extensa y escandalosa perpetuidad de muchos diputados y senadores en el Parlamento.
Menos autonomía puede derivarse, todavía, de los tribunales de justicia dentro de nuestra institucionalidad dependiente de la Constitución dictada por Pinochet y apenas remozada durante la administración de Ricardo Lagos Escobar, cuando éste tuvo la pretensión de hacer pasar que la Carta Fundamental vigente como una de las obras de su gobierno. Cuando los presupuestos de la Justicia son definidos año a año por el Gobierno y el Parlamento, cuando los jueces de nuestro máximo tribunal son convenidos por el Ejecutivo y los parlamentarios, cuando con el nombramiento del Contralor también ocurre lo mismo, es muy difícil insistir en la legitimidad de nuestro sistema institucional o en la autonomía de los poderes del Estado.
Para colmo, y como se reconoce ampliamente, pende sobre las decisiones de los poderes del Estado lo que determine el llamado Tribunal Constitucional, integrado por una serie de supuestos jueces que también son nombrados y cuoteados políticamente. Por algo es que ya se ha filtrado que quienes integran este tribunal es muy posible que bloqueen las iniciativas de gratuidad de la enseñanza, como de la Reforma Laboral, según los cálculos que ya se ha hecho (la UDI en particular) del alineamiento político de tales integrantes de un Tribunal omnímodo y por sobre la autoridad de los otros poderes del Estado.
No sería extraño, por lo mismo, que los propios fiscales que indagan las turbias relaciones de la política con los negocios extiendan, próximamente, sus investigaciones hacia la conducta del propio Presidente del Tribunal Constitucional y de otros ministros de esta Corte que supuestamente habrían manipulado información sobre algunos escándalos de probidad.
Aunque se sabe que el Parlamento está discutiendo sobre una serie de reformas político electorales para que se traduzcan en leyes antes de los próximos comicios municipales, no está tan claro de que éstas sean despachadas con la velocidad y la profundidad necesarias. Particularmente relevante será que se determine prístina y públicamente el origen de los recursos de campaña, cuanto el monto máximo que puedan gastar los competidores. Pero indispensable resulta, al mismo tiempo, que se dote al SERVEL de los recursos económicos y facultades legales para supervisar los comicios electorales como, por supuesto, la posibilidad de sancionar a sus infractores.
En una situación de tanto desprestigio de la política, a todas luces al país le repugnará que los partidos lleguen a recibir financiamiento público o fiscal para sostener sus actividades. Menos, todavía, si la Ley no les impone a todas las colectividades realizar un nuevo proceso de inscripción ante el SERVEL, con el cual se exija, además, el re fichaje de sus militantes. Muchos actores políticos concuerdan en esto, pero nos inquieta que ya se estén expresando voces contrarias a hacerle estas exigencias a los partidos, así como otras que les impongan democracia interna, la definición de candidatos en elecciones primarias y otras normas que se le exigen a los partidos políticos allí donde existen solidas convicciones republicanas y mayor transparencia en los ejercicios de la política.