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A pesar de los largos años transcurridos, los mismos sectores que conspiraron para derrocar a Salvador Allende hoy se empeñan en desestabilizar al gobierno de Michelle Bachelet. No es que la actual administración pueda tener un símil con el gobierno de la Unidad Popular, pero ya se ve que el gran empresariado chileno, sus medios de comunicación y los políticos que dependen de su financiamiento electoral no están esta vez dispuestos a correr el riesgo de la más mínima reforma que pueda poner freno a su voracidad o alentar los derechos de los trabajadores, cuanto la posibilidad de acceder a una sociedad más justa y democrática.
Tal como ayer, fue el gremio de los transportistas el primero en desafiar a la autoridad y arribar a la Capital de forma arrogante, por cierto que acicateados sus dirigentes por las grandes entidades patronales y los parlamentarios de la derecha que salieron a su encuentro. La respuesta del Gobierno, lamentablemente, fue recibirlos cuando ellos lo demandaron y bajo las condiciones que impusieron. Asimismo, para nadie puede pasar inadvertido que una de las respuestas del Ejecutivo a sus demandas fue remover al Intendente de la Araucanía y endurecer la represión contra los comuneros mapuches acusados de ataques a sus medios de transporte. Por supuesto, sin pruebas contundentes de aquello y con la sospecha de que se trate, más bien, de auto atentados para encrispar el clima político del país y cobrar los seguros comprometidos por sus vehículos.
Posteriormente, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio y otras cúpulas empresariales alzan destempladamente su voz, profirieren amenazas y buscan formas de concertarse para rechazar tajantemente las reformas que se tramitan en el Congreso y las que se prometen por un Gobierno que ya ha renunciado a varias de las reformas más demandadas por los chilenos, cuanto renunciar a la posibilidad de una Asamblea Constituyente.
Es evidente que los sectores más refractarios a los cambios no tienen esta vez el apoyo y financiamiento de los Estados Unidos, pero ya se sabe que este país enfrentará próximamente elecciones presidenciales y que no sería raro que resulte electo alguna figura republicana que estuviera dispuesta a conspirar, de nuevo, contra los gobiernos que no le agradan tanto en América Latina o el mundo. A no dudarlo que ya se ejerce un lobby internacional destinado a reconvertir a nuestro continente en el patio trasero de la potencia imperial, propósito que se observa en varios de los medios de comunicación del Continente e, incluso, en el tono adquirido por el diario El País de España (otrora progresista) que circula en varios de nuestros países y tan partidario, ahora, de todas las formas de intervención norteamericana en el mundo. Agitando el ambiente para que el gobierno venezolano caiga o renuncie a sus objetivos revolucionarios, así como haciendo votos para que la reanudación de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba resulte en la sumisión de la Isla al mundo dominado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el modelo de producción capitalista y dependiente.
Tampoco se puede asegurar que la sedición que se programa cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero los conspiradores de ayer y el presente saben muy bien como encantar a los oficiales y hacerlos tarde o temprano apoyar sus intereses. Ya se manifiestan, en tal sentido, aquellos vociferantes parlamentarios y columnistas que rinden abierto homenaje al Golpe Militar de 1973, como a la obra de Pinochet. Llegando a negar, incluso, las violaciones a los Derechos Humanos de la Dictadura y acusando a los Tribunales le abuso y lenidad. Jueces y fiscales que son desacreditados, también, por sus formalizaciones a aquellos empresarios sorprendidos defraudando al fisco, desafiando la Ley Electoral y ejerciendo el soborno a no pocos actores de la política.
En toda la posdictadura es muy poco o nada lo que se ha hecho para “democratizar” la instrucción de nuestros efectivos militares, como que todavía existen recintos castrenses que llevan el nombre del mismo Pinochet, del almirante Merino y otros golpistas. Se asume, también, la resistencia de las FFAA a la posibilidad de someterse a un mismo sistema previsional con todos los trabajadores chilenos o a renunciar a ese vergonzoso diez por ciento que reciben de todas las ventas de Codelco. Además de su renuencia a tantos otros privilegios mantenidos en estos veinticinco años de una transición a la democracia que ya no tuvo puerto y que desbarata nuestra institucionalidad en la corrupción y en el desencanto popular. No es tan casual que en Iquique dos jóvenes tenientes hayan sido detenidos por arremeter contra de un monolito recién instalado para conmemorar a las víctimas de la represión.
No sería extraño que en la posibilidad de afectar sus propios privilegios, los militares se animen a nuevos cuartelazos que se agreguen a todos los acometidos en nuestra historia. Cuando se sabe que nuestros valientes soldados, con las armas que Chile les ha destinado para la defensa de nuestra soberanía, han muerto a muchos más habitantes inermes de nuestro país que a quienes nos han enfrentado en guerras. A ello contribuyen las lisonjas que reciben de los grandes empresarios y de aquellos políticos de derecha y del centro que nunca han tenido una verdadera vocación democrática. Como lo reconociera hace algunos años el historiador Gonzalo Vial.
No es de extrañarse, tampoco, que en esta conspiración lavada de algunos políticos y diarios de derecha, la presidenta Bachelet sea objeto de burlas y descalificaciones groseras del mismo tono de las que le hicieron a Allende. Actitud que todavía es más grave y cobarde cuando se trata de una mujer. No es que ella deba estar liberada de críticas, pero son realmente oprobiosos esos insultos y rumores cuando, por lo demás, no resultan de nada constatable, sino del ánimo de injuriar y calumniar.
Ciertamente que el gobierno de la Nueva Mayoría se constituye en un fracaso enorme, producto de su improvisación, de la insolvencia y de la falta de probidad de sus protagonistas. Sin duda que este gobierno tiene ya un muy precario respaldo de la población y que en el país existe un desencanto tan pronunciado que posiblemente pueda constituirse en el caldo de cultivo para una nueva conspiración. Sobre todo, cuando los opositores de la derecha demuestran tener todavía menos credibilidad pública que los moradores de La Moneda y, por ende, con la más mínima posibilidad de llegare nuevamente al Ejecutivo por la vía electoral.
Por otro lado, se hace evidente que las organizaciones sociales crecen en la frustración y empiezan a demandar sus derechos en acciones cada vez más radicales. Que ya no existe partido político alguno que pueda controlar la indignación popular, por lo que es posible que en los próximos comicios electorales crezcan todavía más los últimos índices de abstención. Por cierto que los poderes fácticos temen la posibilidad de una insurrección social, pero que, ni así, van a consentir con los cambios necesarios para consolidar un orden más democrático y representativo, así como una estrategia de desarrollo económico que se proponga terminar con las inequidades, respetar nuestro medio ambiente y contribuir a una convivencia pacífica.
No es extraño, por lo mismo, que el derrotero de estos grupos sea nuevamente el camino de la sedición, aunque todavía le falten a las mesa de los conspiradores algunas patas fundamentales. Sin embargo, ya se aprecia que están logrando encantar nuevamente a algunos políticos a contrapelo e incómodos en el oficialismo, cuanto reacios a algunos cambios. El bien aceitado lobby de operadores como Enrique Correa ya ha logrado corromper y domesticar a varios dirigentes con los dineros de empresarios tan repugnantes como un Ponce Lerou y otros que la posdictadura salvó después de sus execrables crímenes y complicidades durante la dictadura cívico militar. Lo increíble es que en la idea de interrumpir el ejercicio presidencial de Michelle Bachelet haya quienes desde el oficialismo estén poniendo sus fichas a tal posibilidad y se manifiesten dispuestos, si se fuerza la renuncia de la Mandataria, a contribuir con su nombre a la organización de un gobierno provisional.
Un conocido columnista de la derecha develó la semana pasada la posibilidad de que un Ricardo Lagos Escobar pudiera encontrar el apoyo del gran empresariado, de los políticos de derecha y, por supuesto, de esa vieja Concertación que gana posiciones en La Moneda y aísla cada vez más a la Jefa de Estado. Se trataría de lograr su proclamación y ratificación del ex presidente por el actual Congreso Nacional, en una solución cupular, un golpe blanco y blando, como se reconoce, y que podría “salvar a Chile” de una crisis más profunda de la que estamos.
Mal que mal ya conocemos la trayectoria política de Ricardo Lagos desde que denunciara en su tesis universitaria la concentración del poder económico en Chile y llegara a realizar, en andas de la izquierda y el socialismo, el mejor gobierno de derecha de la historia de nuestro país, según lo expresara el ex senador Carlos Altamirano. Un personaje, por lo demás, que se ha enrolado en esa nómina de figuras internacionales empeñadas en criticar y desestabilizar a los gobiernos más progresistas de nuestra Región y quien tiene el record de ser el primer mandatario que apoyó una asonada golpista contra el presidente Chávez en Venezuela, la que finalmente resultara frustrada.
Un septuagenario político cuya ambición personal no descansa y que llegara a los patios de La Moneda –en ausencia de la Presidenta- a evidenciar su impúdica obsesión por sucederla.