El abogado español Joan Garcés se puede jactar de ser parte de varios hechos fundamentales de la historia reciente latino americana: fue asesor político personal del presidente chileno Salvador Allende y, 30 años después, impulsó la detención y el juzgamiento del dictador Augusto Pinochet en España a partir de la Jurisdicción Universal. “Fue un privilegio poder ayudar a los chilenos a desarrollar su proyecto democrático y también poder ayudarles a romper el muro de la impunidad”, sostuvo en diálogo con Tiempo.
Garcés llegó al país para participar del Congreso Internacional de Jurisdicción Universal promovido por el juez español Baltasar Garzón, quien en 1998 detuvo al dictador chileno por crímenes de lesa humanidad.
Como impulsor de una de las primeras detenciones basadas en la jurisdicción universal en el caso Pinochet, el abogado español pidió en el Teatro Cervantes que Latinoamérica lleve el liderazgo en la materia. “El continente latinoamericano de paz contrasta con las guerras en África o Europa. Por eso debe tomar la iniciativa de promover la total aplicación de la jurisdicción universal para disuadir y sancionar a quienes no entiendan que la lucha política, económica y social debe desarrollarse con métodos que respeten vida y la integridad de las personas”, sostuvo.
“El derecho es cambiante”, aseguró y agrega: “La lucha por el derecho es inherente si se quiere que se aplique de manera efectiva. Un derecho por el cual no se lucha es papel mojado. Por eso pido a los países de América Latina que aprovechen para dotarse de leyes para perseguir los crímenes contra el derecho internacional y evitar repetir las experiencias dictatoriales.”
–¿Cómo llegó a ser asesor de Salvador Allende?
–El futuro no está escrito. Cuando uno va caminando por la vida, se encuentra con situaciones que no necesariamente son las que está buscando y ante ellas tiene que tomar posición en función de sus convicciones. Para mí, las prioridades son ayudar a las personas cuyas ideas y sentimientos comparto. Preparé mi tesis doctoral sobre Chile en la Sorbona en los años ’60 y la defendí en 1970, en la primera semana de julio. Llegaba a la conclusión de que Unidad Popular podía ganar las elecciones dos meses después. Entonces mi amigo, entonces presidente del Senado, Salvador Allende, compartía obviamente esta perspectiva y me invitó a colaborar a la campaña presidencial. Me complació aportar a su victoria.
–¿Cómo recuerda ese momento político e histórico?
–Allende tenía un programa de transformación social y económica muy profundo, un respeto absoluto a la libertad y democracia participativa y con orientación socialista. Frente a ese proyecto nacional colectivo, Estados Unidos, con el republicano Richard Nixon y Henry Kissinger, vio a Chile como un peligro para las prioridades de la Guerra Fría, donde el socialismo tenía que ser igual a dictadura mientras que en Chile socialismo era igual a más democracia y libertad. Entonces, decidió utilizar todo el poder y potencia de los servicios secretos y la capacidad financiera para ahogar al país y subvertir el orden constitucional, sobornar a unos y a otros para atacar a la república chilena.
–Treinta años después de ser asesor de Allende, logró impulsar el proceso contra Pinochet. ¿Cómo se sintió en esos dos roles?
–Fue un privilegio poder ayudar a los chilenos a desarrollar su proyecto democrático y fue un privilegio también poder ayudarles a romper el muro de la impunidad.
–¿Qué significó ese juzgamiento a Pinochet?
–Era la primera vez que un jefe de Estado era llevado ante un tribunal de Estado fuera de su país. En un principio intentó hacer valer su condición de ex jefe de Estado para pedir inmunidad: un jefe de Estado que se impuso a sí mismo a sangre y fuego, que se apropió del Estado matando a diestra y siniestra, después ante los tribunales británicos y españoles invocó haber sido jefe de Estado para que le concedieran inmunidad. Pero de las funciones de jefe de Estado no forma parte masacrar y torturar masivamente, por consiguiente no podía invocar esa inmunidad. Ese precedente está ahí y es invocado en todo el mundo y es un punto de referencia para que otros jefes de Estado sepan que en el lugar donde cometen los crímenes podrán controlar los tribunales e imponer impunidad, pero la ley internacional está ahí y puede ser invocada para obtener justicia. La mayor satisfacción que personalmente tengo fue haber apoyado a los chilenos para que los tribunales se abrieran a las víctimas.
–¿Qué generó esa detención en Chile?
–Los tribunales chilenos estaban controlados por la dictadura, las puertas cerradas a las víctimas de los crímenes y el primer tribunal que abrió sus puertas a las víctimas fue el de España. De manera masiva llegaron las organizaciones de víctimas a pedir que se aplicara el derecho internacional a la impunidad que existía en Chile y fueron escuchadas. Con esa colaboración internacional se rompió del todo el muro de la impunidad. En ese sentido, estamos muy orgullosos de haber contribuido a permitir que los chilenos encuentren justicia. Es la articulación de una necesidad de justicia del pueblo que ha sufrido los crímenes, la sociedad chilena que pide justicia y las leyes internacionales aplicadas en seis países. Hoy hay muchos condenados que cumplen cárcel en Chile. El último fleco del caso Pinochet se dio el 19 de agosto pasado, sobre Carmelo Soria, un diplomático español asesinado en Santiago de Chile. La Corte chilena ahora ha dejado sin efecto la cosa juzgada del caso y ordenó el procesamiento y juzgamiento de los responsables.
–¿Se podría generar la misma situación ahora en España con el impulso a la causa por los crímenes del franquismo investigada en Argentina?
–En la España actual, al igual que en el Chile de ese momento, siguen vigentes las salvaguardas legales que la dictadura creó para proteger su impunidad y aún no han sido rotas. Que en Argentina se haya dado audiencia a las víctimas españolas del franquismo es para agradecer y si se consigue poner fin al muro de impunidad, la contribución Argentina habrá sido decisiva. «