Para el próximo lunes está agendada la reunión entre el senador del MAS Alejandro Navarro y la fiscal Tania Sironvalle Soza quien está a cargo de la investigación de la Fusión de AFP Cuprum con Argentum. De esta investigación depende que tanto la creación de Argentum como de Acquisition sea declarada ilegal y por tanto se solicite su nulidad de derecho público con el fin de evitar la elusión por un total de 410 millones de dólares entre ambos grupos económicos (Principal Financial Group y Metlife).
El parlamentario denunciante informó que “la Fiscalía se encuentra ad portas de desarrollar la primera ronda de declaraciones, donde serán citados los directores y ejecutivos tanto de Cuprum como de Principal. Lo mismo con personal de la Superintendencia de Pensiones (SP) que fue parte del proceso, incluida la superintedenta Tamara Agnic”.
El líder del MAS insistió en que “el gobierno no puede seguir imperturbable mientras las AFP roban al Fisco US$ 410 millones –por lo que- el Ejecutivo debe dejar de ser espectador de un problema que deslegitima la institucionalidad en su conjunto”.
Para Navarro “queda demostrado que en Chile mandan los poderes fácticos”, esto luego del ágil trámite realizado por la Superintedencia de Valores y Seguros quien autorizó la inscripción de Acquisition, por lo sólo restaría que la superintendenta Tamara Agnic otorgue su venia a la fusión.
Cabe señalar que la denuncia presentada por Navarro, que actualmente es investigada por la fiscal Tania Sironvalle, se hace alusión a las presiones ejercidas contra el ex superintendenta de Pensiones Álvaro Gallegos quien a través de un mail relató ‘los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la super de pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos’.
En este contexto, el congresista dijo que “lo de Agnic será un mero trámite toda vez que ha quedado demostrado que más que fiscalizar a las AFP, parece la empleada de las AFP, dando cuenta del extraordinario vínculo dinero-política que existe al interior de las superintendencias”.
El congresista dijo que “la institucionalidad en su conjunto está en tela de juicio, ya que no ha sido siquiera capaz de aplicarse criterio precautorio mientras la Fiscalía de Alta Complejidad y la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados investigan los hechos”.
Finalmente el parlamentario dijo que “esta es una situación que debe ser considerada por la Comisión Bravo a la hora de presentar su propuesta para reformar el sistema de pensiones, teniendo en cuenta que una AFP estatal no resuelve el problema”.