El ministro del Interior ha dicho que la Constitución vigente “ha sido una Constitución eficaz, esto, porque puede exhibir haber impuesto un orden que, aunque imperfecto, nos ha permitido resolver los problemas dentro de una institucionalidad, en paz, conforme a unas reglas, con vigencia del Estado de Derecho”.
Lo que no dice el ministro Burgos, es que esas reglas fueron impuestas a sangre y fuego a toda una ciudadanía que no tuvo ni arte ni parte en su concepción. La única participación, si así puede llamarse, es la de haber tenido que soportar ese orden tan apreciado por el señor Burgos.
Ahora bien, si para caracterizar cualquier texto constitucional como “eficaz”, tomáramos en cuenta las superficiales descripciones que nos brinda el señor ministro del Interior, tendríamos que concluir que la tan criticada Constitución de la ex Unión Soviética ha sido, tal vez, la más eficaz (tanto así, que se mantuvo vigente por casi 70 años) de las que se tenga memoria, por lo menos a partir del siglo XX. Y ¡vaya qué coincidencia! En el Capítulo XIII (y último), “Procedimiento para Modificar la Constitución”, el artículo 146 (y único) de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dice a la letra: “En la Constitución de la U.R.S.S. sólo pueden introducirse modificaciones por decisión del Soviet Supremo de la U.R.S.S., adoptada por una mayoría no inferior a los dos tercios de los votos, en cada una de sus Cámaras”. (Sin comentarios).
No contento con lo anterior, Jorge Burgos, abogado, ministro del Interior y, por ende, jefe del Gabinete, plantea, muy circunspecto, que la Asamblea Constituyente es un atajo raro para reformar la Constitución que él tanto atesora. Esto demuestra la calidad intelectual de nuestros políticos y gobernantes.
Y ahora me dirijo directamente al señor abogado y ministro del Interior. Señor Burgos yo le voy a mostrar, modestia aparte, el ejemplo más claro de un atajo raro: el DL 701, cuya prórroga hasta diciembre de 2018, ya ha sido aprobada en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en contra de la opinión de la gran mayoría de los ciudadanos del país. Con motivo de la caravana de camiones que llegó a La Moneda bajo su autorización, usted acaba de reconocer que “hay una situación de fracaso del Estado cuando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de este gobierno, comenzaron actos de esta naturaleza y han quedado impune”. Ya se lo dijo el defenestrado intendente Francisco Huenchumilla: “Burgos no entiende nada del conflicto en la Araucanía”. Le quiero contar, señor ministro, que el famoso DL 701 es, tal vez, el mayor responsable del conflicto que el Estado chileno mantiene con el pueblo mapuche. (Para información sobre este funesto decreto, basta con acceder a Google y escribir DL 701; se pueden encontrar variadas opiniones).
¿Sabe usted lo que es, realmente, un DL? Bueno, un Decreto Ley “es una norma con pretensiones de validez jurídica, establecida en períodos de quiebre institucional por aquellas personas o grupo de personas que de hecho detentan el poder y que aspiran al reconocimiento de su calidad de titulares de la soberanía y que, por lo mismo, pretenden que las normas por ellos establecidas, tengan el efecto jurídico que el sistema usualmente reconoce a la legislación o a la Constitución”. (El DL 701 data de 1974). ¿No cree usted, señor ministro, que éste sí es un atajo raro?
En su Ensayo sobre el gobierno civil, John Locke plantea que “no puede ningún edicto de otra autoridad cualquiera, en forma alguna imaginable, sea cual fuere el poder que lo sustentare, alcanzar fuerza y obligación de ley sin la sanción del poder legislativo que el pueblo ha escogido y nombrado; porque sin ésta, la ley carecería de lo que le es absolutamente necesario para ser tal: del consentimiento de la sociedad sobre la cual no tiene el poder de dictar leyes, sino por consentimiento de ella y autoridad de ella recibida”.
Pero suma y sigue; los atajos raros son pan de cada día: la Subsecretaría de Pesca acaba de aprobar -en contra de todos los alcaldes de las comunas afectadas de la región de Aysén, especialmente en Las Guaitecas, de los pescadores artesanales, de los servicios turísticos, en general de toda la población- concesiones para que la industria salmonera, toda vez que ya contaminó vastas zonas del mar frente a Puerto Montt, puedan trasladarse hacia aguas prístinas y así, seguir depredando nuestros mares.
¿No es acaso, un atajo raro la decisión del Servicio de Impuestos Internos de que sus abogados no asistan a la audiencia para alegar sobre las cautelares de Jovino Novoa?
El colmo de los atajos raros es la constitución de las famosas Comisiones o Consejos Consultivos que no sirven absolutamente para nada, pues el gobierno recibe con gran pompa los informes que de ellos emanan, y después, si te he visto no me acuerdo. Tal es el caso de la Comisión Engel sobre Probidad, Conflicto de Intereses, Corrupción, etc. en que el abogado Jorge “Pirincho” Navarrete, denunciaba hace unos días que los partidos políticos se niegan a actualizar su padrón de militantes y a efectuar una reinscripción. Lo mismo acaba de expresar el mismo presidente de la mentada comisión.
Y ahora, para más remate, el Ministerio de Educación anuncia la constitución de un Consejo Consultivo que le prestará asesoría en la tramitación del proyecto de ley para la gratuidad de la educación superior. ¡Genial! Para presidir un consejo que asesorará al ministerio sobre gratuidad en la educación, nombran al señor Sergio Bitar que en septiembre de 2011 manifestó que la gratuidad en la educación era un espejismo. Tengo entendido que él estudió ingeniería en la Universidad de Chile, es decir, en los tiempos de gratuidad de educación en todos los niveles, como en cualquier país decente: educación pública (gratuita) y privada (pagada) y punto. Todo lo demás es un atajo raro. La verdad que poco faltó para que incluyeran en este consejo consultivo al ex ministro de educación (defenestrado) Harald Beyer.
Y dígame amable lector, si no es un atajo raro y sumamente peligroso para el país y todos sus habitantes, haber persistido en la destrucción de la industria nacional cuyo desmantelamiento inició la dictadura cívico-militar. Ahora los tecnócratas y gobiernos vende-patria rasgan vestiduras por el bajo precio del cobre y otros productos de exportación sin valor agregado. Lo que pasa, es que los autodenominados economistas, son unos tecnócratas ignorantes que no tienen idea de historia del país, mucho menos de la historia mundial. Hasta un niño de primaria sabe lo que pasó con el salitre, sabe también que ningún país puede lograr el desarrollo sin innovación, industria de transformación, ciencia y tecnología, todo esto sin dejar de preocuparse del medio ambiente.
¡Ah!, se me olvidaba: José Miguel Insulza, “elegido” presidente del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional. ¿Sabrán los que lo nombraron, que la misión permanente de Panamá ante la OEA exigió una auditoría a la Secretaría General de la Organización por los pagos de unas asesorías a quienes tenían “más cara de compadres que de expertos”? En la lista de los bien pagados asesores de Insulza, de la que disponía el representante de Panamá, se cuentan Enrique Correa, Luis Maira, Nicolás Eyzaguirre y Heraldo Muñoz. Correa fue el que le sacó más partido a sus “reflexiones”, recibiendo US$111.919.- en los años 2007 y 2011. (Tomado de una nota de Clarín.cl del 1º de abril de 2012).
A estas alturas del partido, y ante la incompetencia, corrupción y engaños de estos gobernantes, no queda otra que la desobediencia civil. Personalmente, adhiero al planteamiento que hacía el colega Arturo Alejandro Muñoz en una columna publicada en este medio, con motivo del 14 de julio: “No tenemos Bastilla, pero tenemos Congreso, trucho, desprestigiado y corrupto, pero Congreso al fin, y es lo que hay”.