El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que desde que asumió el poder en 2007 se ha registrado un cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías en su país donde, antes de su Administración, había un “reparto de la Patria cual botín entre piratas”, según dijo.
En una columna titulada “El poder de veto y el viejo país”, que aparece hoy en el diario público El Telégrafo, el gobernante señaló que tras más de ocho años de “estabilidad y progreso, especialmente nuestros jóvenes tienden a olvidar lo que era el viejo país”.
Describió a ese “viejo país” como un “Ecuador sin proyecto nacional, inmovilizado por los grupos fácticos con poder de veto, desde la supuesta izquierda radical y siempre violenta, hasta la derecha bancaria, pasando por supuestos gremios empresariales”.
Según Correa, “no importaba quién ganara en las elecciones y cuál programa fuese votado en las urnas. Frente al fraccionamiento del poder, ‘ellos’ decidían qué era lo que se podía hacer o no”, añadió.
“¿Cómo se ‘procesaban’ estos conflictos? Con la entrega de nuestros colegios al MPD, de la educación bilingüe e a Pachakutiky Conaie, Banco Central y Superintendencia a ciertos grandes bancos, permitiendo a los medios de comunicación su impunidad y privilegios, con ministros impuestos por las cámaras de producción. En definitiva, el reparto de la Patria cual botín entre piratas”, dijo.
El Movimiento Popular Democrático (MPD) es un partido político que durante años tuvo amplia influencia en el sector de la educación pública, en tanto que Pachakutick es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que este mes ha liderado un levantamiento contra ciertas políticas del Ejecutivo.
“Así se generaba un ‘statu quo’ que complacía a todos estos poderes fácticos, pero que tenía al país entre los más atrasados de América Latina”, agregó el gobernante en la columna que también difundió por su cuenta personal de Twitter.
El jefe de Estado añadió que esa “perversa situación” fue “pulverizada” por la Revolución Ciudadana, “irrumpiendo con un proyecto nacional con inmenso apoyo popular, y que los de siempre llaman ‘autoritarismo’ y ‘concentración de poderes'”.
Para Correa, lo que mejor define a su proyecto, denominado Revolución Ciudadana, es el cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías y en detrimento de pocos “pero poderosos grupos”.
“Se trata de la transformación de un estado aparente, representando tan solo los intereses de ciertos sectores, en un estado integral, representando el bien común, la razón de ser de la autoridad política”, indicó.
En su opinión, aprovechando “un año difícil y la restauración conservadora a nivel regional y mundial”, estas fuerzas derrotadas “una y otra vez en las urnas” quieren reconstituirse.
“Saben que no podrán gobernar porque son absolutamente disímiles y fraccionadas, pero quieren recuperar su poder de veto. Esa es la explicación de las últimas marchas y ‘demostraciones’ de fuerza”, dijo en referencia a las protestas de este mes.
Entre las demandas de los manifestantes figuraban asuntos relacionados con la educación y el archivo de unas enmiendas que estudia el legislativo y que incluyen la reelección presidencial.
Correa apuntó que las protestas estuvieron “llenas de violencia, y graves delitos, incluidos secuestros, torturas y tentativas de asesinatos”.
La Conaie, que también rechazó la violencia, asegura que hubo “infiltrados” en uno de los días más violentos de las protestas, en las que, en general, reportaron varios heridos, mientras las autoridades han informado de que en las filas de policías y militares hubo más de cien heridos.
Abogados de los indígenas aseguran que hay prisión preventiva para 61 personas por las manifestaciones y la Conaie lideró esta semana una marcha para exigir su libertad.
En su columna en el diario, Correa comentó que “hoy nuevamente intentan la ‘justicia del tumulto’, es decir, con marchas y acciones de fuerza, dejar los graves delitos cometidos sin sanción ni responsabilidades”.
“Si queremos seguir adelante como país, nadie puede estar por encima de la ley. Esta es una prueba decisiva de la fortaleza de las instituciones de la Patria”, añadió.
Para el gobernante, el “dilema es volver al viejo país del poder de veto, o seguir gobernando en función del bien común, siempre con la opción preferencial por los más pobres”.