Si la presidenta Bachelet está fuera del circuito político debido en parte a su comportamiento errático ante el escándalo de especulación financiera y de tráfico de influencias Caval-Luksic-Banco Chile en el que están involucrados su hijo y nuera, los otros políticos vinculados a escándalos de corrupción (PENTA, SQM, Corpesca, Angelini, etc), por financiamiento empresarial de la política, no se han visto afectados en el plano político ni personal.
Ninguno de éstos ha renunciado al cargo al que fue elegido, pese a la amplitud y recurrencia de los escándalos y del consiguiente rechazo ciudadano. Como si nada, los parlamentarios investigados por el Ministerio Público, bajo sospecha o materialmente responsables siguen al mando de sus partidos, percibiendo sus dietas, asistiendo a las sesiones del Congreso y, lo que es peor, votando leyes de “probidad” e incluso, haciendo declaraciones sobre “ética” y dictando cátedra sobre “la crisis política” en los medios. Se ríen en nuestras caras. Sus correligionarios no les exigen que se vayan. Complicidad total.
Y los analistas cercanos ideológicamente a esos partidos y amigos de esos políticos, contra toda coherencia ni siquiera establecen un vínculo lógico entre la corrupción política con la desafección ciudadana y el peligro que éstas representan para la vida democrática, ni menos elaboran acerca de sus consecuencias en las estructuras sociales y políticas de poder.
Estamos ante una democracia desamparada de recursos legales y mecanismos de protección contra la captura de la cual ha sido objeto por los intereses empresariales a través de sus políticos. Esto es una muestra de lo que hemos llamado una democracia liberal de baja intensidad o bajo tutela de los poderes fácticos (empresarial, mediáticos y de las FF.AA).
Más grave aún. De los cinco precandidatos presidenciales en liza, cuatro de ellos han sido salpicados, o han estado directamente involucrados en casos de corrupción (ME-O, Lagos, Piñera y Velasco). Si esto es posible, es porque no hay un movimiento ciudadano amplio que los impugne directamente. La paradoja es que si bien hay una difusa corriente de opinión pública mayoritaria que rechaza las prácticas corruptas de la casta político empresarial, no se ha constituido un movimiento social que levante la demanda o exigencia de probidad y de limpieza del sistema político y que exija la renuncia de los corruptos; que se mantenga en el tiempo y que la articule con otras demandas como la Convocatoria a una Asamblea Constituyente o a aquellas levantadas por el movimiento estudiantil y sindical.
Si en un primer momento, en los sistemas políticos corruptos, los políticos no hablan de corrupción, en un segundo tiempo, intentan banalizarla o camuflarla en la realidad política misma. En Chile se está en el primero. Mientras que los nuevos medios (digitales de preferencia) no han cesado de cubrir con información pertinente los escándalos que impugnan a la casta político-empresarial, la prensa conservadora y los mismos políticos evitan nombrar el término de corrupción política y por consiguiente tratar de sus efectos corrosivos en la sociedad.
En la prensa del duopolio impreso (COPESA y El Mercurio) se expresan quienes hablan de “financiamiento ilegal de la política” o de manera más eufemística aún, como lo hicieron Lagos y la misma Presidenta (según la minuta redactada por el mismo consejero en comunicación estratégica) “del tema de la política y el dinero”. Es obvio que cuando no se circunscribe y se evita caracterizar el problema es porque no se quiere encontrar la solución para eliminarlo de raíz. Es lo que sucedió en Brasil: ni los intelectuales de izquierda ni los académicos (que son muchos) ligados al Partido de los Trabajadores quisieron ver la gravedad de la situación y del desfalco de Petrobras. Hoy es demasiado tarde. En Chile estamos en la primera fase.
Pero hay un hecho que no puede pasar desapercibido. El que un ex alto funcionario del SII, abogado, se refiera a situaciones al interior del organismo del Estado en términos de “corrupción” significa que el problema es grave y persiste, pero que se le ignora. Cristián Vargas, ex Subdirector del SII declaró en CNN, después de su salida del cargo: “por lo tanto yo presumo que fue mi actuar en los casos Penta y Soquimich (el motivo de su salida)”, además acusó: “Esto es una decisión de tipo política, gubernamental, producto no sé si de un acuerdo o presiones políticas transversales y personas implicadas […]. Que un grupo de personas corruptas pidan mi salida del SII es materia de orgullo”.
Demasiado grave.
Sin embargo, a los diputados y senadores se los ve felices y despreocupados en esa realidad que los baña y en la cual la corrupción no la ven porque surfean en ella; les financia campañas y “fundaciones”, sus testaferros escriben mails acusando recibo en su nombre con las secretarias de los corruptores, suben a las torres en los mismos ascensores de los empresarios que les pagan viajes en avión y hoteles en los cuales se alojan. Y lo más grave, votan leyes en favor de sus empresarios financistas y apoderados y “sponsors” políticos después de pasar el sombrero. Es lo que hemos llamado las prácticas corruptas de la casta político-empresarial.
Y otros, de manera artificiosa y demagógica se amparan en la más pura inmoralidad política al decir “que así son las reglas del juego” y que no quedaría otra que aceptarlas. Esa el la política de la casta.
¿Qué pasa entonces si el proceso de reformas de probidad a las cuales se resisten los legisladores se hace en el marco de una democracia con antecedentes de corrupción de las prácticas políticas democráticas (de transparencia y de rendimiento de cuentas) por el poder del dinero, donde hay operaciones que escapan a la mirada y al control ciudadano?
Es imposible ser ciego. Los casos de corrupción cuestionan el funcionamiento mismo de la democracia, de sus procedimientos e instituciones y partidos políticos. En un sistema político de origen dictatorial donde los mecanismos propios de la democracia han sido desvirtuados.
El maridaje entre los intereses empresariales y políticos que utilizan el poder del dinero para influenciar la política, al construir redes y mecanismos de influencia corruptora de los procesos de decisión desvirtúa la razón de ser y todo el discurso acerca de la democracia. Y por mucho que se haya reformado el binominal, el poder de los partidos y de sus caciques sigue intacto.
La sociedad chilena no sale aún del asombro que le han provocado estos casos y la casta política no hace más que hundirse en el oprobio al practicar la política del avestruz.
Hemos dicho que es la noción de Estado de Derecho la que iba a salir rasguñada; es lo que nos dice Cristián Vargas, anteriormente citado. Esta es generalmente puesta en valor para ocultar la otra cara del Estado o, mejor dicho, su brazo armado: aquél utilizado para reprimir a estudiantes, luchadores mapuche y trabajadores del cobre. Son dos caras del mismo instrumento de poder de la clase dominante para imponer su hegemonía.
Si los ciudadanos no somos capaces de impedir que políticos que han estado implicados en casos de corrupción política se presenten esta vez como candidatos y que suceda que haya que votar por ellos, como ya ocurrió con Sebastián Piñera, habremos perdido una batalla democrática fundamental para el futuro. Porque la lucha por la recuperación de espacios democráticos decisivos y la creación de nuevos es parte fundamental de un proyecto democrático-popular y de los trabajadores.