La infinita paciencia de la sociedad chilena impresionaría al mismo Confucio. Después de Penta, Caval y Soquimich, un nuevo caso de corrupción y fraude al Fisco remece las instituciones públicas.
Antes, empresarios y políticos. Ahora, son los militares, quienes en vez de utilizar el 10% de las ventas de Codelco para comprar armas, de acuerdo a la ley que ellos mismos inventaron, deciden gastárselas en juegos de azar y viajes al Caribe.
Los militares, junto a los civiles que los condujeron a la conjura, habían utilizado sus recursos bélicos para destruir La Moneda, matar compatriotas, eliminar sindicatos, quemar libros e instalar un sistema de acumulación capitalista voraz. Con la Ley del Fondo Reservado del Cobre se aseguraban comprar más armas, sin ningún control, para garantizar la continuidad del régimen.
La Constitución del 80 era la justificación legal para asegurar el modelo instalado, pero su base material eran las Fuerzas Armadas. Para eso sirvió el 10% de las ventas de Codelco, el Fondo Reservado que impuso Pinochet. El miedo que silenciaba a la sociedad impedía la protesta contra el gasto en armas.
Luego, con la Concertación, como con tantos otros asuntos públicos, no se adoptó ninguna iniciativa para derogar tan injusta y costosa herencia pinochetista. Baste señalar que en los últimos 10 años se han acumulado US$ 14 mil millones para comprar pertrechos bélicos, los que no se pueden controlar por razones de “seguridad del Estado”.
Pero, el miedo del pasado y la complacencia de tantos años, se transforman en indignación cuando nos informamos que los dineros para compra de material bélico han sido malversados por un grupo mafioso en el Ejército. Además de los criminales organizados que, tras la omertá, ocultan el destino de los asesinados por el régimen civil-militar, nos encontramos con un nuevo grupo de facinerosos que defraudan al Estado para beneficio propio.
Durante el régimen de Pinochet, la corrupción empresarial comenzó con las privatizaciones truchas, gracias a ministros y economistas inescrupulosos, que entregaron las empresas del Estado a precio vil a “innovadores” allegados al poder militar. Recientemente, hemos conocido que gran parte de los políticos chilenos, tanto de derecha como de la Concertación, y algunos supuestamente alternativos, han sido comprados por los empresarios para que gobiernen y legislen en su favor.
Para mayor vergüenza, se vendieron por un plato de lentejas. Apenas, un salario mensual para elaborar un programa de gobierno de quienes luego serían ministros; centros de estudios que entregan documentos inútiles, pero con boleta incluida, que el empresario corruptor descuenta de impuestos; y, candidatos presidenciales, pagados por presentaciones orales, con almuerzo bien regado, en directorios de empresas.
Ahora el cuadro está completo. Igual que políticos y empresarios, los militares optaron por la corrupción. Se lanzaron al asalto del Estado. Pinochet había robado antes, pero su comportamiento delincuencial se mantuvo en las altas esferas y en el pacto de silencio de su grupo de protección.
Ahora, el robo se ha extendido a coroneles y modestos sargentos. Siguen jugando con la inocencia de la gente. La gota fría colma la paciencia.
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(*) Antonio Soto: Nombre del gallego anarquista, organizador de las huelgas rurales en la Patagonia en 1921. Después del asesinato masivo de trabajadores por militares argentinos logró escapar a Punta Arenas, donde perseveró en un trabajo de educación y organización sindical.