Evaluar la posibilidad de que personas naturales puedan hacer donaciones anónimas de baja cuantía y analizar normas que permitan que partidos pequeños o emergentes puedan recibir financiamiento estatal, fueron algunos de los aspectos en los que se centraron las opiniones de los expertos que asistieron a la Comisión especial para probidad y transparencia, que está analizando el proyecto, en segundo trámite, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia.
Cabe recordar que la iniciativa es uno de los 18 proyectos de ley y de reforma constitucional que se están tramitando en el Parlamento sobre esta materia y éste se refiere particularmente al financiamiento de las campañas y de los partidos políticos. En lo fundamental, contiene cinco aspectos: qué es propaganda electoral; qué se entiende por gasto electoral (control y límite); el financiamiento estatal de los partidos; disposiciones relativas al Servicio Electoral (Servel) y artículos transitorios referentes a la actualización de registros.
La Comisión sesionó durante toda la jornada de este lunes y entre los invitados asistieron el abogado, investigador y académico, Alejandro Ferreiro; el presidente del Consejo Asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, Eduardo Engel; el profesor Ricardo Gamboa; y el presidente de Chile Transparente, José Miguel Insulza.
Por la tarde de ayer estaba prevista la intervención de Lucas Sierra, Subdirector del Centro de Estudios Públicos; Isabel Aninat, Investigadora del Centro de Estudios Públicos; Máximo Pavez, abogado constitucionalista; Antonio Horvath Gutiérrez, Director Ejecutivo Instituto Libertad; Cristián Larroulet, Director de Investigación Universidad del Desarrollo; y Salvador Valdés Prieto, Coordinador Microeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC).
FINANCIAMIENTO Y DONACION
En lo principal, las exposiciones estuvieron centradas en la necesidad de evaluar la posibilidad de que se realicen donaciones anónimas de baja cuantía por parte personas naturales, pues se estima que bajo un monto de 20 UF, por ejemplo, sería excesivo pedir absoluta transparencia y además terminaría en un desincentivo de donaciones, lo que a la larga implicaría que sólo podría haber financiamiento estatal.
Asimismo, se planteó la necesidad de mantener la prohibición de aportes de personas naturales extranjeras – asunto que se modificó en la Cámara de Diputados- no sólo porque no corresponde según la legislación chilena, sino que también porque podría permitir que ingresen al país dineros de dudosa procedencia.
También se abordó la necesidad de regular los períodos de “pre campaña”, pues actualmente sólo se consideran los días antes de una elección, pero no lo que sucede meses antes, que es cuando se produce la inscripción o definición de candidaturas.
En materia de financiamiento estatal de los partidos se plantearon diferencias, pues mientras algunos consideran que la norma propuesta es discriminatoria, argumentando que sólo beneficiaría a los partidos ya constituidos y a los grandes, otros estiman que es adecuada pues evitaría la proliferación excesiva de pequeños partidos políticos.