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La revelación de nuevos antecedentes sobre los casos de los jóvenes quemados, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, ha golpeado duramente la conciencia de nuestro país, haciendo resurgir el horror vivido en Chile desde el primer hasta el último día de la dictadura. Pero también impresiona la fortaleza de estos jóvenes y sus familias que pese a su terrible sufrimiento nunca se dejaron doblegar, recordándonos la valerosa dignidad que nuestro pueblo supo mantener durante esa negra noche, cuando las instituciones militares fueron utilizadas para imponer por la fuerza los intereses de un grupo de poderosos.
Indigna que este dolor no haya sido nunca reparado y que lo que ayer fue crimen haya devenido en indolencia y encubrimiento. Hoy el país ha podido comprobar que las sospechas sobre prácticas planificadas de obstrucción a la justicia en las FF.AA. estaban fundadas. Hoy nos enteramos, lamentablemente sin sorpresa, de que lo informado por el mando del Ejército en septiembre del 2009, respecto de que no habría criminales de la represión contratados por esa institución, ha resultado ser falso. Se ha engañado a la justicia y la opinión pública entonces y ahora, con la negligencia cómplice de los sucesivos ministros de Defensa y del Interior de los gobiernos del duopolio gobernante, quienes tenían el deber de velar no sólo por la sujeción de los institutos armados a las leyes y al poder civil, sino, sobre todo, por su adhesión a los principios básicos los derechos humanos y de una sociedad democrática.
La sospecha sobre la escasa voluntad de cooperación de las FF.AA. con la justicia se hace más grave cuando al interior de ellas se mantienen vigentes símbolos que atentan contra los valores democráticos y de los DD.HH., celebrando ese triste período de nuestra historia y a sus responsables.
Nos parece impresentable que un país que se jacta de moderno, democrático y respetuoso de sus instituciones todavía permita que este tipo de atentados permanezcan impunes. El Estado tiene una deuda, con las víctimas directas del terror, con la dignidad nacional y con el futuro de nuestra democracia, que no puede construirse sobre los cimientos podridos de la mentira y la impunidad.
Condenamos la existencia de pactos de silencio y que las instituciones armadas no hayan adoptado oportunamente medidas drásticas en contra de ellos. Asimismo, consideramos inaceptable que el Comandante en Jefe del Ejército, general Ovando, haya mantenido silencio ante estos hechos por más de dos semanas.
Por ello demandamos:
1) La degradación inmediata y eliminación de todos los privilegios para los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que hayan sido condenados por causas de Derechos Humanos. Esta medida debe aplicarse post mortem en los casos que correspondan.
2) El inicio de una investigación por parte del Ministerio Público de toda forma de obstrucción a la justicia en materia de crímenes de lesa humanidad que haya tenido lugar al interior de cualquier institución del Estado.
3) La destitución del Comandante en Jefe del Ejército por su responsabilidad en el engaño con que se ha agraviado a la Nación y su falta de cooperación con las autoridades judiciales.
4) La eliminación de todo tipo de reconocimiento por parte de instituciones estatales hacia la dictadura o de quienes sean responsables de violaciones de los Derechos Humanos, ya sean estatuas, medallas, placas o cualquier otro tipo de símbolo.
Convergencia de Izquierdashace un llamado a todos y todas quienes tengan información sobre abusos y violaciones a los DD.HH. a colaborar para lograr la verdad y la justicia como condiciones indispensables para la construcción de una convivencia nacional basada en el respeto y la dignidad y para que nunca más en Chile la historia sea testigo de tan vergonzosos sucesos.