Observadores y también protagonistas intentan establecer modelos, patrones, ciclos y tendencias para interpretar los procesos políticos de largo y corto plazo. Una necesidad no sólo para registrar y consolidar el pasado y delinear el futuro, sino para marcar y darle sentido al presente. Cuando la presidenta renunció a seguir impulsando sus reformas a inicios de mes, intentó ordenar su presente mediante un nuevo trazado futuro.
Michelle Bachelet habló de segundo tiempo. Un reinicio que al primer paso lleva a un tropiezo en la Comisión de Educación de la Cámara y la reaparición de los díscolos, fenómeno propio de la descomposición de la Concertación hacia finales de la década pasada. Una señal que comienza a corroer a la Nueva Mayoría a poco más de un año de su nacimiento.
Lo que queda es la inercia, un movimiento atávico iniciado en los albores de la transición que ha programado desde los 90s a todos los gobiernos de esa coalición. El resto, los anuncios, los intentos de cambios, quedan en simple retórica. La política de la transición, que es mera praxis, ha perdido desde sus inicios todos sus contenidos.
En algún punto de la trama se abrió un desgarro, incapaz de ocultarse y ser zurcido. Un corte creciente por el que surgen décadas de historia aprisionada. En escasos meses el país ha sido observador del artificial nudo atado en los años de la postdictadura para contener los acuerdos entre la política y los negocios, entre el binominal y el modelo neoliberal, entre el mercado de bienes, servicios y actores políticos. Hoy, la reapertura del caso de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, otro nudo de la transición transparenta los acuerdos entre esos gobiernos y las fuerzas de la dictadura. La “justicia en la medida de lo posible”, el lastre más innoble de la Concertación, se le suma como peso inmobilizador de la Nueva Mayoría. A la corrupción y al vaciamiento político, ya bastante para dar un paso al costado, le agregamos una justicia adaptada a la política de los consensos.
La reapertura del caso de los dos jóvenes quemados, que no ha tenido justicia, nos ha puesto nuevamente en un cauce regresivo hacia las décadas pasadas y los miles de obstáculos que pusieron los gobiernos de la Concertación para impedir la realización de justicia en toda su extensión. No sólo el actuar de tribunales, sino evitar otro de tipo de sanciones a los victimarios.
Al mirar un poco hacia atrás está, como piedra angular en la activa denegación de justicia, el actuar de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo Lagos ante la detención el 10 de octubre de 1998 de Augusto Pinochet en Londres. En la memoria están los esfuerzos de ambos gobiernos por impedir el enjuiciamiento del dictador y su liberación hacia Chile.
Meses antes sucedía otro episodio cuyo recuerdo hoy expresa con claridad palmaria la política de la entonces Concertación ante los violadores de los derechos humanos. El Mostrador recordó que el 9 de abril de 1998, a escasos meses del viaje de Pinochet a Londres, “hubo 62 luces rojas en la sala del Congreso que marcaron el rechazo de la acusación constitucional contra el entonces senador vitalicio Augusto Pinochet impulsada por un grupo de diputados de la Concertación que, entre otras cosas, lo acusaban de ser ‘causante y responsable de ofensas a la memoria de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos comprometiendo gravemente el honor de la nación’”.
El rechazo a la acusación estuvo fuertemente impulsado por el gobierno de Frei Ruiz Tagle, para evitar que los parlamentarios oficialistas votaran a favor. Esta ofensiva, recuerda el diario, incluyó la intervención de varios ministros así como declaraciones de Patricio Aylwin y de su ministro y hoy lobbista Enrique Correa. “Finalmente, once diputados de la falange votaron en contra, entre los que se cuentan Aldo Cornejo, Roberto León y el actual senador Ignacio Walker”.
Del mismo modo que los casos de financiamiento ilegal de la política ha derivado en abierta corrupción mediante los pequeños fragmentos que se han ido articulando, la actitud de los gobiernos de la Concertación ante las violaciones de derechos humanos tienden a un escenario similar. La Tercera de ayer publicó que el actual gobierno envió dos documentos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde defendió el secreto por 50 años de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura establecidos en el Informe Valech. Lo hizo hace menos de un año en circunstancias que hoy, ante un clamor por la desclasificación que va desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara a organizaciones diversas, se contradice y titubea. Frente a la avalancha de nuevos antecedentes el vocero dice “lo vamos a estudiar”, un modo protocolar para archivar y dejas pasar el tiempo. La Concertación otra vez presente en la Nueva Mayoría.
El documento enviado a la Corte Interamericana de DD.HH. el 19 de noviembre de 2014 señala: “El éxito de las tareas encomendadas a la comisión estuvo, en gran medida, vinculado a la confidencialidad y reserva con que, desde su creación, se revistió a sus actuaciones y a las informaciones que recabó (…) dicha reserva permitió que las personas directamente afectadas por prisión política y tortura encontraran en dicha instancia un espacio de acogimiento y de respetuosa consideración hacia sus personas y hacia sus dolorosas experiencias”.
“La Comisión Valech fue creada con una finalidad única y específica: determinar las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 (…) el mismo decreto que creó dicha instancia, en su artículo 3°, estableció perentoriamente que sus actuaciones no constituyen actividad jurisdiccional y que de manera alguna podría asumir funciones de tal índole. La naturaleza de la función encomendada a la comisión es exclusivamente la recién descrita; no es ni jurisdiccional, ni de investigación, ni de difusión, ni periodística”, agrega el documento.
El sociólogo Felipe Portales, autor de numerosos libros, entre los que destacan “Chile, una democracia tutelada”, en un reciente artículo publicado en El Clarín de Chile se refiere a la actitud del Consejo de Defensa del Estado durante los gobiernos de la Concertación. La actitud del CDE fue “increíblemente vergonzosa en la generalidad de los casos de violaciones de derechos humanos, respecto de los juicios de reparaciones. Así, en 2003 el abogado de derechos humanos y ex subsecretario de Carabineros, Luciano Fouillioux, “aseguró que el Consejo de Defensa del Estado, al representar los intereses del fisco, ha llegado a desconocer el Informe Rettig como documento oficial y ante la justicia sostiene que es un informe privado sin fuerza probatoria en los tribunales. Es más dijo que en algunos casos se ha desconocido la existencia de campos de detención y tortura e incluso de un sistema político de dictadura”.
“Todo lo anterior, además, demuestra que el CDE incurrió durante los veinte años de gobiernos concertacionistas en una actitud totalmente contradictoria y hasta absurda. Por un lado se hacía parte en los procesos por violaciones de derechos humanos acusando a los eventuales violadores. Y una vez que se obtenía su condena, ¡defendía al Fisco haciendo suyo parte de los argumentos que había dado la defensa de los condenados!”, escribe Portales.
El sociólogo agrega que “este comportamiento histórico del CDE debiera suscitar gran indignación; ya que no solo ha contribuido a mermar las posibilidades de justicia en su dimensión reparatoria, sino que ha significado una nueva bofetada en el rostro de las víctimas, al cohonestar en alguna medida la mentira institucional de la dictadura”.