Las investigaciones de la Fiscalía Nacional y de la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados abrieron un nuevo y espacioso flanco en la corrupción parlamentaria, luego de quedar a la vista el pago por parte de grandes industriales pesqueros de una cantidad hasta ahora no dimensionada de millones de pesos a representantes de varios partidos políticos para que resguardaran sus intereses en las discusiones legislativas que, por casi veinte años, han afectado a esa actividad extractiva.
Jaime Orpis, senador de la UDI por Arica, Parinacota y Tarapacá, recibió más de 230 millones de pesos de Corpesca, según confirmó Francisco Mujica, gerente general de ese conglomerado pesquero. Corpesca pertenece al grupo económico que dirige Roberto Angelini, uno de los cinco más importantes del país. Cuenta entre sus empresas a Copec, Celulosa Arauco y Colbún, entre otras. En la pesca industrial está asociado con la familia de Sergio Lecaros Méndez, quien tiene intereses, además, en los Hoteles Holiday Inn Express, en Alifrut S.A. y en diversas inmobiliarias en Chile y Argentina.
Carolina Gazitúa, asesora del senador Orpis, reconoció ante la Fiscalía que fue el parlamentario quien le solicitó emitir boletas para SQM y Corpesca y que nunca prestó servicios para ninguna de las dos empresas. La mujer dijo que contactó a cinco personas de su círculo cercano para que extendieran boletas a la pesquera. También reveló que su esposo, Alexis Ramírez, emitió otras diez boletas por un total de 27 millones de pesos y que su cuñado, Marcelo Ramírez, giró cuatro documentos por dos millones 220 mil pesos cada uno.
En la contabilidad de Corpesca, los fiscales encontraron que el ex candidato a diputado de la UDI y actual consejero regional, Felipe Rojas, entregó trece boletas -entre 2009 y 2010- por casi ocho millones de pesos. Otra involucrada es la ex candidata a concejal UDI por la comuna de Iquique, Francisca Cuéllar, quien en 2009 emitió una boleta a Corpesca a petición del senador Orpis por más de cinco millones y facturó otras dos boletas por tres millones a SQM, la minera no metálica propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Pinochet.
SENADORES Y DIPUTADOS
En las investigaciones de los fiscales hasta ahora también aparecen comprometidos Jovino Novoa, ex senador y ex presidente de la UDI; los senadores Alejandro García Huidobro (UDI), Andrés Zaldívar (PDC), y Fulvio Rossi (PS), el diputado Jorge Ulloa (UDI), la ex diputada Mónica Zalaquett Said (UDI), Marta Isasi, ex diputada de la UDI y Pablo Longueira, ex senador (UDI), quien siendo ministro de Economía del ex presidente Piñera negoció la Ley de Pesca que favoreció a los industriales pesqueros que aparecen presuntamente involucrados en el delito de cohecho.
El ex senador por la región de Tarapacá Julio Lagos (RN), recibió a su vez 26 millones de Corpesca entre 2009 y 2011, mediante ocho boletas de honorarios. El inicio de los pagos, en septiembre de 2009, coincide con su tercer intento por regresar al Parlamento.
Los aportes ilícitos de dinero fueron mantenidos durante varios años, en una evidente e ilegítima interferencia de los industriales pesqueros en los trámites y aprobación de la llamada Ley de Pesca, que se efectuó entre los años 2011 y 2013 y que estableció la suerte de los recursos del mar por más de dos décadas. Los parlamentarios involucrados permitieron que ejecutivos y técnicos del sector pesquero industrial ingresaran a la Comisión de Pesca y a otras instancias del Parlamento simulando ser asesores de los legisladores para defender así mejor los intereses de sus patrones.
INDUSTRIA MILLONARIA
Los industriales de la pesca obtienen anualmente unos tres mil millones de dólares a partir de la extracción y comercialización de los recursos del mar. Están agrupados en un cartel que reúne a siete familias: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz. En el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan el 76% de la capacidad pesquera industrial. Hasta hace algunos años estas familias tenían por separado sus propias flotas pesqueras, pero a partir de la repartición de las cuotas individuales de captura, ocurrida en 2001, comenzaron a fusionar sus empresas, a concentrar sus riquezas y sus capacidades de captura. Así, por ejemplo, las pesqueras San José y South Pacific Korp, de Angelini y la familia Lecaros, se unieron para crear la pesquera Orizon, que captura el 80% de la sardina y jurel en el norte del país. Lo mismo se hizo con las pesqueras Camanchaca y Bío Bío, de Jorge Fernández y Jan Stengel, que juntas capturan el 20,4% del jurel del país. Las pesquera Itata y El Golfo, relacionadas con la familia Sarquis y el grupo Yaconi-Santa Cruz, también se unieron para extraen el 20% del jurel y facturar al año más de 400 millones de dólares.
El grupo Angelini, a través de Corpesca y SPK, consiguió en 2009 el 24% de la captura global de jurel; San José, otra poderosa industria, concentró el 12,4%. Así, ambos grupos sumarían el 56% de las extracciones de 2009 y el 46,6% de las cuotas de jurel de 2010.
A ellas se agregó Blumar S.A., titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola. Hasta 2001, cuando se repartieron las cuotas individuales de captura, existían en Chile 78 firmas pesqueras dedicadas a la extracción del jurel. Al poco tiempo esas 78 se redujeron a 26, producto de la concentración de capitales.
Tras las últimas fusiones, quedaron sólo cuatro grandes conglomerados que controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José); Blumar (fusión de Itata y Golfo); Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Bío Bío) y Marfood (fusión de Alimar y Foodcorp).
CONCENTRACION DE CAPITALES
La concentración de la industria pesquera se comenzó a gestar a partir de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador, que entró en vigencia en 2001, impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos. Se estableció un sistema de cuotas individuales transferibles que duraría dos años. En 2002, a través de una ley corta, el Congreso aprobó extender estas licencias por diez años. A partir de allí, las siete familias se quedaron con casi la totalidad de las cuotas de captura industrial, a través de un fuerte lobby y del alineamiento de los parlamentarios a los que cohechaban con gruesas cantidades de dinero.
El grupo Yaconi-Santa Cruz fue creado en los años 70 por Manuel Santa Cruz, Hugo Yaconi, Jaime Santa Cruz, Mario Vinagre y Ernesto Noguera. Unieron Pesquera El Golfo con Pesquera Itata, de la familia Sarquis, y crearon Blumar S.A en 2011. Poseen un capital cercano a 125 mil millones de pesos y es la empresa individual que concentra el derecho a explotar la mayor parte del recurso pesquero en Chile. También tienen intereses en Lipigas, ABCDin, Inmobiliaria Las Lilas y Mall Paseo Estación, entre otros.
La familia Sarquis es dirigida por Rodrigo Sarquis Said, quien además de participar en la pesca industrial lidera la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
Jan Stengel, de la Octava Región, dueño de la Pesquera Bío Bío, se unió a la Compañía Pesquera Camanchaca, de la familia Fernández, en 2011. Controla, además, Congelados Aitué, Unfishing Canning Stengel, y preside la Asociación Nacional de Indutriales Pesqueros (Asipes).
Jorge Fernández Valdés controla la Compañía Pesquera Camanchaca y junto a Stengel tienen el 18,74% del jurel que extraen las pesqueras industriales, el 19,19% de la anchoveta, el 19,16% de sardina común, el 18,79% de sardina española, el 29,55% de merluza común y el 12,42% de merluza de cola.
Los hermanos Izquierdo Menéndez, por su parte, son dueños de Alimentos Marinos S.A y San Antonio S.A. También mantienen intereses en Kidzania, en la Universidad de los Andes, en la Forestal y Papelera de Concepción y en Entel PCS, entre otras sociedades.
NEGOCIO FLORECIENTE
Al promediar la década de los 80, las exportaciones pesqueras superaban los 535 millones de dólares, y representaban el 12,7% de las exportaciones totales. Chile ya era el segundo productor mundial de harina de pescado. Después, en 1991, se promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) para controlar el esfuerzo pesquero de la industria. La norma limitó el número de naves que podía tener una empresa y su capacidad de bodega. Se pretendía que pescaran menos. No resultó. Al contrario, las pesqueras industriales aumentaron sus capturas invirtiendo en tecnologías que les dieron a sus flotas mayor autonomía y eficiencia. Se llegó a capturar -en promedio- cuatro millones de toneladas de jurel al año.
El gobierno decidió entonces establecer cuotas globales de captura, pero sin un sistema de distribución entre los distintos actores del sector. La medida generó una carrera por pescar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Se puso en práctica un sistema que mezcló las cuotas globales, las vedas y la pesca de investigación para administrar entre las grandes empresas industriales lo que fue un primer intento de cuotas individuales de captura. Esa fue la base de la ley que se aprobó en 2001, con un fuerte lobby de la industria, que concluyó con la repartición del mar chileno.
El grupo económico que encabeza Roberto Angelini posee el 60% de las acciones de Orizon y el 77% de Corpesca. Su área de operaciones se extiende en las distintas pesquerías repartidas desde la frontera con Perú hasta el límite sur de la región de Los Lagos.
En la zona marítima austral, desde Aysén hacia el sur, los pescadores artesanales no tienen una zona de pesca exclusiva. Tampoco existe restricción al uso de barcos factoría. Las empresas que dominan la pesca industrial son en su mayoría extranjeras. Allí se pesca congrio dorado, merluza de tres aletas, merluza del sur y merluza de cola. Y en tres de ellas, el 100% de la cuota industrial se reparte en sólo cuatro empresas de capital español y japonés.
La empresa más grande que opera en el extremo sur del país es Pesca Chile S.A., filial de Pescanova, compañía española radicada en el puerto de Vigo. Hoy la empresa controla la mayoría de las capturas de congrio dorado y merluza del sur.
La coincidencia de políticos pagados por SQM que también recibieron dinero de las pesqueras surgió en el Servicio de Impuestos Internos (SII) en marzo. Solange Hermosilla Chandía se presentó ante los fiscalizadores tributarios. Había sido citada para que aclarara por qué había emitido en 2009 una boleta por cinco millones a SQM, pues en los libros de la empresa no había registro del servicio que ella supuestamente prestó. Junto con admitir que jamás trabajó para SQM, Solange Hermosilla agregó un par de datos: la boleta para SQM se la pidió Carmen Luz Valdivieso, una cercana asesora de Pablo Longueira, quien además le encargó que hiciera otra boleta a nombre de Pesquera El Golfo.
En julio de 2012, la Cámara de Diputados aprobó los cambios a la Ley de Pesca que propuso el ministro Pablo Longueira. Los votos de Marta Isasi favorecieron las posiciones que defendía la industria. Durante la tramitación de la norma la diputada recibió una minuta de 21 páginas del entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, donde le explicaba cómo se debía defender los intereses de las pesqueras.
Isasi sostuvo ante la Comisión de Etica de la Cámara que otros seis parlamentarios mantuvieron estrechos vínculos con empresas y organizaciones gremiales del rubro pesquero sin declarar esos nexos. Además, facilitaron a ejecutivos de las pesqueras participar en las reuniones de la Comisión de Pesca de la Cámara “camuflados” como asesores.
Isasi sostuvo ante la Comisión de Etica que el senador Antonio Horvath (RN) permitió el ingreso de Valeria Carvajal, gerente general de la asociación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (FIPES), y que el senador Fulvio Rossi (PS) hizo lo mismo con el asesor legal de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), Cristián Tapia
Martelli y Rosenblut
Nuevos antecedentes de la declaración ante el Ministerio Público del operador político del PPD, Giorgio Martelli, apuntaron al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y al presidente de Enersis, Jorge Rosenblut, como los responsables de solicitar asesorías, agregando que fue el propio ex jefe del gabinete quien fijó sus honorarios.
El testimonio, divulgado por TVN, agrega que Martelli fue contactado por Peñailillo y Rosenblut para crear la empresa Asesorías y Negocios SpA para financiar a varios profesionales miembros de la Nueva Mayoría.
En su declaración ante el Fiscal Nacional, Sabas Chahúan, el operador político explicó que “Jorge Rosenblut me llamó para pedirme que me incorporara a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc., para una nueva opción de gobierno de la Concertación”.
Agregó que “estas decisiones, tanto de ayuda a estos profesionales como de constitución de una sociedad para este fin, se adoptaron por un conjunto de personas: Rosenblut, Rodrigo Peñailillo, (Cristián) Quinzio, quien dio su aporte legal como abogado y yo. Todos participamos de esas reuniones”.
Peñailillo, por su parte, reconoció que recomendó a personas para trabajar en la consultora, como Flavio Candia, Héctor Cucumides, Gabriel Sepúlveda, Estela Ortiz, Alicia Galdames y Harold Correa.
La empresa de Martelli emitió facturas a SQM Salar por más de 220 millones de pesos, mientras que, desde Celco, recibió 151 millones y de Copec 57 millones, de acuerdo a la indagatoria
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 831, 26 de junio, 2015