El ex mayor de Ejército (r) Patricio Kellet Oyarzún fue sometido a proceso bajo acusación del delito de torturas cometido entre septiembre y diciembre de 1973 en contra del ex Intendente Sandor Arancibia, el ex Alcalde Luís Díaz, el secretario político de la Unidad Popular Uldaricio Figueroa, los dirigentes juveniles socialistas Joel Asenjo, Víctor Hormazabal, Carlos Bahamondes, el ex director de la radio Camilo Henríquez Juan Yilorm y el médico Carlos Villarroel.
En una resolución fundada en un voluminoso expediente el Ministro en Vistia Extraordinaria de Valdivia Juan Ignacio Correa decretó el procesamiento de quien fuera jefe de la Inteligencia Militar en Valdivia y respecto del cual se practican otras indagaciones judiciales como haber ejecutado a un campesino de un pistoletazo por simple capricho.
Kellet Oyarzún llevó adelante la represión en Valdivia deteniendo y torturando a no menos de 3.000 personas. Su especialidad la concentró en el Partido y la Juventud Socialista.
A la salida de la Corte de Apelaciones el ex alcalde Luís Díaz reivindicó el gobierno del dr Salvador Allende, el ex dirigente de la Juventud Socialista Joel Asenjo señaló su satisfacción por el restablecimiento de la verdad y recordó al secretario político de la Juventud Socialista valdiviana Víctor Hugo Carreño asesinado por la espalda por una patrulla militar. El abogado querellante Roberto Ávila Toledo señaló que esto sólo era el principio de los procesamientos que según él arrastrarían tanto civiles como militares.
El ex Intendente de Valdivia Sandor Arancibia emitió una declaración desde Francia, lugar al que lo remitió su forzado exilio y que reproducimos a continuación. Esta fue distribuida entre los numerosos valdivianos que acudieron a la Corte de Apelaciones.
DECLARACION PÚBLICA
Ante el procesamiento judicial de los golpistas del 73 en Valdivia
Noticias judiciales producidas en la Corte de Apelaciones de Valdivia obligan a quien suscribe la presente declaración -ex Intendente de la Provincia de Valdivia del Gobierno del Presidente Salvador Allende- a referirse a la importancia regional y nacional que reviste la noticia en cuestión. No es usual que hechos delictivos ocurridos hace 40 años atrás repercutan hoy día con tanta fuerza y emoción en las víctimas de ayer, en sus familiares y en sus amigos. Pero más allá de estos círculos directos, la noticia generada por la decisión del Magistrado especial para causas de Derechos Humanos, Don Juan Ignacio Correa, produce en toda la población republicana y democrática de Los Ríos un sentimiento de alivio y de confianza en Instituciones que como la Justicia , nunca debieron haberse apartado del rol que la Constitución de la Republica le ha confiado. Esto es, la defensa de todo ciudadano víctima de la opresión desatada en su contra por el aparato del Estado, tal como sucedió a raíz de la instalación en nuestra Patria de la dictadura militar en 1973, quizás la más abyecta que se haya impuesto en la dolida América Latina de aquellos años.
Los delitos respecto de los cuales se ha pronunciado el Sr. Ministro corresponden a delitos de lesa humanidad por cuanto afectan los derechos fundamentales del ser humano; son por ello de naturaleza imprescriptible. No siempre tal predicamento fue reconocido así por nuestra judicatura, pero la evolución del Derecho Internacional ha logrado finalmente que esta jurisprudencia se consolide en nuestros Tribunales de Justicia. Cuando en Septiembre 2012 interpusimos ante la Corte de Apelaciones de Valdivia la querella contra los responsables de estos delitos perpetrados por quienes se creían definitivamente impunes, amparados por el desgraciado letargo que durante tantos años padeció el sistema judicial chileno, constatamos que la población valdiviana, sus trabajadores, sus intelectuales, sus hombres y mujeres anónimos, vibraban con nuestra acción y esperaban, junto a nosotros, que un Juez de la República , analizara los hechos de 1973 con la serenidad que emana de la dignidad de esa función.
Un año más tarde, en Septiembre 2013, habíamos logrado en el curso del periodo aportar a la investigación judicial un sinnúmero de antecedentes que ponían al descubierto las intrigas y vilezas cometidas en nuestra Región por civiles y militares motivados por la necesidad de desprestigiar a las autoridades y dirigentes políticos quienes en esta austral provincia impulsábamos con la fuerza e idealismo de nuestra juventud, el programa de Gobierno del Dr. Salvador Allende, el más auténticamente popular y patriótico que nuestro país haya conocido.
Tan pronto instalada la dictadura militar, ante la imposibilidad de acreditar en contra nuestra -ni en la Alcaldía dirigida por Luis Díaz Bórquez ni en la Intendencia a mi cargo- hechos delictuosos de apropiación indebida de caudales públicos, prevaricación, desfalcos, boletas truchas u otros, como ellos hubiesen deseado, buscaron otra manera, más inicua, para intentar cumplir el objetivo del descrédito. Un día 9 de Octubre 1973, ya consolidado el golpe militar, nuestra desinformada ciudadanía, con censura de prensa encima, lee con indescriptible sorpresa en las páginas de «El Correo de Valdivia» que el Intendente, el Alcalde y el Jefe Regional del Partido Socialista, Uldaricio Figueroa, éramos los cabecillas de un increíble «plan Zeta» que debía perpetrarse en Valdivia. Con escabrosos detalles que iban desde el rapto de los hijos de militares invitados a una fiesta infantil en el Coliseo de Valdivia hasta el desembarco de tropas cubanas a través del puerto de Corral, la labor del periodista responsable produjo a corto plazo el efecto buscado. Sobre todo en los estamentos militares de conscripción dado que sus mandos superiores les obligaron a hacerse cómplices de los más siniestros métodos de tortura cuyo objetivo era el de arrancar confesiones que encajaran con el cuadro apocalíptico del plan Zeta, descrito en el principal diario de la Región , bajo la pluma del periodista Eduardo Hunter Abarzúa quien, llegado el momento, tendrá también que responder de sus actos ante la Justicia tal como lo ha hecho en el día de ayer el ex Teniente Patricio Kellet Oyarzun, Jefe, en aquella época, del Servicio de Inteligencia Militar quien ha recibido en la Corte valdiviana la notificación de su procesamiento por parte del Magistrado Dn. Juan Ignacio Correa. Responderán igualmente ante el Tribunal valdiviano aquellos que usaron las “confesiones” acomodadas bajo torturas para ungirlas como pruebas irrefutables ante un Consejo de Guerra. Jueces que, prevaricando indignamente, sentenciaron a las víctimas a presidio perpetuo por el delito de «traición a la Patria ». Estos « traidores » son los que han pedido hoy día, a través de la Justicia de nuestro país, la reivindicación del honor mancillado. Hemos tenido que esperar mucho tiempo para ello -cárcel y exilio mediante- pero nunca es tarde para limpiar el honor, valor de dignidad humana que el propio Presidente Allende nos legara con su ejemplo heroico.
Sin embargo, aquellos que no saben de honor, han pretendido calificar nuestra acción ante la Justicia como una conducta de venganza política. Si de ello se tratara, la venganza habría estado ya saldada desde hace mucho tiempo; no tendríamos necesidad de acciones ante la Justicia para saber que la sanción moral la adoptó el propio pueblo de Chile a través del plebiscito de 1988, de la prisión en 2000 del dictador Pinochet en Londres y de cuanto evento electoral ha ocurrido en Chile en los últimos 40 años. No. No hay venganza política cuando lo que está de por medio es el honor, no tan solo personal -de por sí importante- si no, también, el de un capítulo de la Historia de Chile y de Valdivia que hubiesen quedados ultrajados si sus protagonistas de ayer terminasen sus días con el estigma de traidores mientras los verdaderos vende patrias se pasean impunemente por las calles de Valdivia. Porque amamos Chile y sus gentes, su geografía y su Historia, porque cada uno de nosotros ha heredado este sentimiento de nuestros padres y abuelos; porque hemos aportado al progreso de este terruño con esfuerzo y lealtad; porque los valores del hombre universal los aprendimos aquí –desde la enseñanza en la escuela pública- y no fuera de estas fronteras; por todo esto es que no hemos podido quedar indiferentes ante epítetos -traidor- que hieren más que la misma condena pronunciada en contra nuestra por aquellos tribunales espurios.
Agradecemos especialmente los gestos de solidaridad y simpatía que hemos recibido durante el curso de nuestra acción judicial de la parte de tantos antiguos valdivianos, así como de tantos jóvenes, que no conocieron los crímenes que hemos denunciado, pero que aspiran, a que a través de la judicialización de la Historia , Chile reencuentre su verdad y su destino como nación, que ellos –los jóvenes- están llamados a perfeccionar. Sin duda que la culminación exitosa de esta primera etapa no hubiese sido posible sin la participación activa con que nuestro Abogado, Roberto Ávila Toledo, asumió este cometido. Todo su reconocido talento jurídico ha sido puesto al servicio de esta empresa, sin otros miramientos que el de lograr la rehabilitación de los ofendidos y por ende el triunfo de la racionalidad y de la Justicia.
A él, y a todos los que nos han acompañado con sus testimonios de memoria en el curso del proceso judicial -que hoy logra un avance significativo con la detención y procesamiento del ex-Teniente Patricio Kellet- les dirijo en esta declaración pública, redactada muy lejos del epicentro de Valdivia, mis más sinceros agradecimientos. Vuestros testimonios quedarán, cualquiera sea el curso de los acontecimientos judiciales, en los archivos de la Historia valdiviana. También, un recuerdo muy sentido para aquellos hijos de Valdivia que ya no están con nosotros y que no pudieron en vida obtener el derecho a la Justicia. Valga citar las víctimas de la Caravana de la Muerte la cual en su paso criminal por Valdivia segó la vida de Fernando Krauss y sus camaradas; también la víctima más joven registrada en Valdivia, dirigente de la Juventud Socialista, Víctor Hugo Carreño, asesinado por la espalda por una patrulla militar, hecho felizmente establecido hoy día gracias a la labor de una acuciosa Jueza instructora. También, el ejemplo de una mujer que soportó la prisión y el exilio pero que al retornar a su Valdivia natal, las secuelas de las torturas recibidas minaron definitivamente su vida, la profesora Leda Santibáñez. Agreguemos igualmente la inicua condición de detenido-desaparecido en la que se encuentra el ex-diputado valdiviano Dr. Carlos Lorca Tobar, situación incalificable, vergüenza de nuestra pavoneada tradición republicana.
Si, amigos valdivianos todos, la Historia reciente de nuestra bella región se ha escrito con la sangre de sus mejores hijos. Por eso, con emoción y con fuerza, en esta hora en que la luz de la Justicia titila en el horizonte, y nos alumbra cual luna en el Calle-Calle, decimos, evocando a nuestro máximo poeta, «pido castigo» !
Ex- Intendente de Valdivia Ex-Profesor Universidad Austral de Chile, Valdivia Doctor en Biología Humana, Universidad de Paris-Sur, Francia