Una solución efectiva para reducir la corrupción sistémica en Chile

Se define como corrupción sistémica, la corrupción que tiene el sistema político de un país determinado cuando este elabora leyes, políticas públicas, planes, programas y proyectos que sólo benefician a la minoría. Minoría conformada por la elite gobernante y los ricos que financian a los políticos. Como resultado de esta aberración politológica, los bienes y servicios que el Estado produce y entrega a la ciudadanía, sólo satisfacen a la minoría, pero perjudican enormemente a la mayoría.

 

 

 

Dentro de este nefasto y corrupto proceso, se producen crímenes contra la humanidad. Un país con corrupción sistémica, es así incapaz de auto reformarse. El Estado en lugar de satisfacer y proteger los derechos básicos de los ciudadanos, sólo satisface y protege los derechos de la pequeña y corrupta elite gobernante. Cuando el gobernante corrupto es sólo una persona, el sistema político se denomina tiranía. Cuando los gobernantes son varias personas, pero todas corruptas, el sistema político se denomina oligarquía. Finalmente, cuando los corruptos gobernantes son muchas personas, el sistema político se denomina oclocracia, o también llamado el gobierno de la muchedumbre corrupta. ⁱ Las acciones de los gobernantes de estos tres tipos de gobiernos corruptos pueden ser totalmente legales (es decir acciones congruentes y dentro de la legislación vigente). Pero definitivamente son inmorales y carentes de toda ética elemental. Legisladores corruptos por lo general producen leyes corruptas y con ello se corrompe primero el poder legislativo, luego se corrompe el poder ejecutivo y finalmente el poder judicial. La corrupción se transforma así en corrupción sistémica.ⁱⁱ En conclusión, el sistema es legal, pero inmoral y corrupto. Un país con corrupción sistémica, no puede auto reformarse. Los innumerables candados legales que la elite ha creado, impide todo cambio real y positivo.

 

En la antigüedad, el caso de corrupción sistémica más analizado por la ciencia política es el que se desató sobre el imperio romano a fianes el siglo IV dC. Los super ricos se apoderaron, gracias a su dinero, del senado, y elaboraron leyes sólo favorables hacia ellos mismos y al mismo tiempo, enormemente perjudiciales para la inmensa mayoría de la población. En parte, debido a esta corrupción sistémica, la ciudadanía romana dejó de pagar sus impuestos y así el Estado no pudo funcionar. Como consecuencia de esto, eventualmente el Estado perdió un poderoso y bien organizado ejército. Los escasos recursos fiscales disponibles sólo alcanzaban para mal pagar, ejércitos mercenarios comandados por líderes bárbaros. Los bárbaros, al ver y experimentar la fragilidad y corrupción existente en la sociedad romana decadente, decidieron traicionar a sus amos y así, pronto, todo el imperio de occidente colapsó y dejó de existir. ⁱⁱⁱ

 

Otros casos de corrupción sistémica analizados por la ciencia política moderna, fueron estudiados por Maquiavelo en sus numerosas obras politológicas. Los Estados italianos de los siglos XV y XVI son presentados como desastrosos ejemplos de sociedades sistémicamente corruptas existiendo en la Europa occidental a comienzos del renacimiento. En esos terribles y catastróficos años, los pocos ciudadanos virtuosos fueron aislados, reprimidos y aniquilados por las elites gobernantes. Por el contrario, los ciudadanos ricos y corruptos se apoderaron del poder absoluto, creando leyes favorables sólo para ellos y produciendo de esta manera una sociedad extremadamente desigual, injusta y criminal.^iv

 

Un nivel de corrupción parecido al que existió a fines del imperio romano occidental y también parecido a la Italia de Maquiavelo, puede encontrarse hoy día en América Latina. En efecto, desde México a la Patagonia, Latinoamérica cayó en una vorágine de corruptas y sanguinarias dictaduras durante casi todo el siglo XX. Esta corrupción se hizo particularmente grave en países tales como Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay. En estos países, las corruptas elites fueron tan ineficientes, que pacíficamente ellas fueron barridas del poder a través de la vía electoral. Todas estas corruptas elites fueron así sustituidas por líderes populistas de izquierda que hasta hoy día gobiernan en esos Estados. No obstante, en países como México, la mayoría de los países centroamericanos, Colombia, Perú, Paraguay y Chile; la nueva marea revolucionaria del siglo XXI aún no ha podido deshacerse de sus corruptas elites oligárquicas. Estas corruptas elites aún gobiernan y oprimen a sus respectivos pueblos. Es aquí donde la corrupción sistémica se ha hecho más penetrante y dañina para las grandes mayorías del continente. A vía de ilustración, un reciente artículo de la revista inglesa “The Economist” analiza con precisión y objetividad el problema de corrupción sistémica que hoy sufre Guatemala. El artículo hace una breve descripción de los últimos escándalos políticos que ha experimentado ese país. Pero lo que es más interesante, la revista presenta un tratamiento del cáncer de la corrupción que es muy diferente a las medidas anticorrupción normalmente adoptadas. En efecto, se señala que la desintegración de la corrupta elite gobernante se puede acelerar significativamente mediante la intervención internacional de las Naciones Unidas. ^v

 

El artículo señala que los escándalos de corrupción política son sumamente abundantes en América Latina, desde el Rio Grande hasta el Cabo de Hornos. Pero pocos han causado más daño a los gobiernos de turno que la corrupción política guatemalteca. En mayo recién pasado, la vicepresidenta renunció y los jefes del banco central y del servicio de seguridad social están en la cárcel. Además, tres importantes ministros fueron despedidos. La presión está subiendo rápidamente sobre la presidencia de la república. A Otto Pérez Molina, el actual presidente, las masas movilizadas le piden que renuncie, aún cuando este no ha sido acusado de ningún crimen. El presidente responde que se mantendrá en el poder, hasta que su periodo termine constitucionalmente en enero próximo. La elite política está desorientada, dividida y no sabe qué hacer. El país corre el peligro de caer en la anarquía total. La grave crisis institucional se puede extender fácilmente al congreso y al poder judicial. Se señala que hay tres factores, antecedentes o causas importantes que explican la agudización de esta crisis institucional. La primera causa es la larga historia de corrupción que ha tenido el país, la cual ahora ha llegado a los más altos niveles del gobierno. Alfonso Portillo, un ex presidente, está preso en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero. La segunda causa de esta crisis, es la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta es una organización guatemalteca apoyada y financiada por las Naciones Unidas. Ella está investigando crímenes en estrecha cooperación con una fortalecida y eficiente fiscalía pública estatal. Esta fiscalía gracias al respaldo de Naciones Unidas, no tiene miedo de perseguir criminales de alta alcurnia. La tercera causa y tal vez, la más importante, es que la sociedad guatemalteca está harta de tanto escándalo público y corrupción virulenta. Decenas de miles de ciudadanos han participado en demostraciones y marchas que se suceden todas las semanas en ciudad de Guatemala la capital, y otras ciudades departamentales. Estas manifestaciones de hastío popular son las mayores desde fines de la guerra civil en 1996.

 

CICIG hizo sus más severas acusaciones al mismo tiempo que el presidente Pérez Molina analizaba su agonizante decisión relacionada con la renovación del mandato por dos años más de la Comisión. Naturalmente, que desde la derecha guatemalteca, la Comisión ha sido acusada de violar la soberanía del país. Ante estos titubeos presidenciales, los Estados Unidos intervinieron y le torcieron la mano al presidente, y de esta forma, este se vio obligado a extender la vida de la Comisión por dos años más, el 23 de abril pasado. Al mismo tiempo que se sabía de la extensión de CICIG, esta institución hacía acusaciones contra 22 altos funcionarios, incluyendo jefes del Servicio de Impuestos Internos, todos ellos implicados en negociaciones fraudulentas en las aduanas. Este delito contra el Estado y la sociedad guatemalteca se ha denominado la conspiración de “la línea”. Esto por la línea telefónica utilizada por los criminales y mafiosos de cuello blanco. Funcionarios de CICIG señalan que el jefe de estos funcionarios delincuentes, quien ya ha huido del país, era secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti, quien fue obligada a renunciar dos semanas después de que el escándalo se hizo público.

 

En mayo 20, otras 17 personas fueron arrestadas en otro caso de corrupción. Aquí esto se relacionó con un contrato por 17 millones de dólares que hizo el Instituto de Seguridad Social para prestar servicios de diálisis renal. CICIG acusa que este contrato de dio a un grupo mexicano que entregó una coima de dos millones de dólares a autoridades del Instituto de Seguridad Social. Entre los arrestados estaba Julio Suárez que era miembro del directorio de la Seguridad Social y al mismo tiempo, la cabeza del banco central. También está implicado en esta corrupción Juan de Dios Rodríguez, quien hasta hace pocos días atrás, era el jefe del gabinete del presidente Pérez Molina. Más cabezas de altos funcionarios y políticos públicos han caído y se espera que pronto caigan muchos más. El 22 de mayo pasado, el presidente despidió a los ministros del interior, energía y medio ambiente. Un poco antes de esto CICIG arremetió contra un juez, el cual es acusado de negociar con conocidos criminales a fin de salvarlos en el caso de “la línea”.

 

Iván Velásquez, el jefe de CICIG, ha dicho que también se están preparando acusaciones contra numerosos parlamentarios, jueces, alcaldes y otros altos cargos públicos. Velásquez admite que Guatemala ha perdido la fe en sus instituciones, pero que en el largo plazo, esta purga va a eventualmente a fortalecer un verdadero Estado de Derecho. Algunos analistas creen que el presidente Pérez Molina no va a renunciar. En palabras de observadores muy bien informados, se dice que el presidente está muy solo. El sector privado teme un periodo de alta peligrosidad si el presidente renuncia antes de las elecciones generales de septiembre próximo. El gobierno de Estados Unidos cree que es mejor que el presidente complete su periodo de gobierno. No obstante, hay una enorme presión para que se produzcan repuestas mucho más radicales a la crisis. Algunos grupos civiles presionan por una suspensión de las elecciones y el nombramiento de un gobierno provisional de corte radical que supervise las reformas, incluyendo una nueva ley electoral. El pasado 26 de mayo, Moody cambió su evaluación para Guatemala y la hizo caer a una posición muy negativa, todo esto debido a la enorme crisis en desarrollo. Muchos piensan que las reformas debería empezar mientras el presidente Pérez aún está en el poder. Oscar Vásquez de la ONG Acción Ciudadana ha indicado que se deben también incluir cambios en la ley de financiamiento de las campañas políticas y en las leyes que rigen los procedimientos para elegir altos funcionarios y jueces del poder judicial. Se argumenta que todos estos cambios crearán las condiciones suficientes y necesarias para implementar reformas de mayor profundidad en el próximo periodo presidencial. Se concluye señalando que las elecciones estarán profundamente afectadas por la enorme rabia pública hacia los políticos tradicionales. El candidato vencedor en las próximas elecciones, seguramente será aquel que mejor explote el mayúsculo descontento hacia el actual sistema político guatemalteco. Ahora volviendo a nuestro país, es necesario preguntarse: ¿En qué medida la experiencia guatemalteca podría ser útil para enfrentar la actual corrupción sistémica en Chile?

 

Para enfrentar la corrupción chilena, vale la pena estudiar con sumo cuidado el caso guatemalteco. Las organizaciones de la sociedad civil chilena y que luchan contra la corrupción sistémica actualmente imperante en el país, harían muy bien si de alguna manera ellas se las arreglan para conseguir toda la información necesaria en torno al caso guatemalteco. Entre temas a investigar están tales como: primero, ¿Qué hizo la sociedad civil guatemalteca para conseguir que la organización de las Naciones Unidas crearan un grupo internacional preliminar que estudiara en forma adecuada el problema de la corrupción en Guatemala?; segundo, ¿Qué hizo la sociedad civil guatemalteca para que a continuación la ONU creara, organizara y financiara una organización como la llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala?; tercero, ¿Ante que autoridades de la ONU en Guatemala se hicieron los trámites necesarios, para conseguir que la ONU se interesara en el caso Guatemalteco?

 

Una vez que toda esta información haya sido recolectada y procesada, la sociedad civil chilena podría seguir así el ejemplo centroamericano y con ello reducir así significativamente, el actual periodo de agudo sufrimiento, humillación y vergüenza que hoy día sufre Chile. Santiago, así como ciudad de Guatemala, tiene la enorme ventaja de contar con la presencia de altas autoridades del sistema de Naciones Unidas. Igualmente, las distintas instituciones que la ONU tiene en Chile, cuentan con muchos expertos internacionales que podrían ayudar en el importante trabajo que se tiene por delante.

 

F.Duque Ph.D.

Cientista Politico

Puerto Montt, Junio 2015