A primera hora de la mañana la vocera de la Coordinadora de Defensa de ARCIS (CDA) Sandra Beltrami, el abogado y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad ARCIS Carlos Díaz, el estudiante de cuarto año de derecho de ARCIS Jonathan Corail, su pareja Carolina Salgado y la hermana del abogado Maricel Díaz, presentaron una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de todos los que resulten responsables por la agresión que sufrieron en la marcha del primero de mayo del presente año.
En la ocasión cuando los agredidos se devolvían de la marcha realizada por la CUT, en la esquina de Cumming y la Alameda, un grupo aproximado de ocho personas, que según lo señalado por las víctimas son estudiantes de ARCIS, comenzaron a agredir verbal y físicamente a Sandra Beltrami, y posteriormente atacaron a todos sus acompañantes.
Beltrami, como vocera de la agrupación estudiantil, después de la presentación de la Querella, sostuvo que “la agresión fue producto de que un grupo de estudiantes de ARCIS utilizan métodos violentos para resolver las legitimas diferencias sobre el futuro de la Universidad y su proyecto educativo en los espacios democráticos donde se debiesen resolver”.
En ese sentido, Beltrami señaló que “no obstante ser un hecho importante la presentación de la Querella, no agotamos nuestras acciones en ella, porque nuestra prioridad sigue siendo defender el proyecto de ARCIS y asegurar su continuidad, lo que equivale a que sin importar cuál sea la estructura y los integrantes de la dirección de la Universidad, creemos que el proyecto académico que ha sido bastión de la defensa de los derechos humanos y del pensamiento crítico debe seguir presente en nuestro país”.
Ahora bien, respecto a las medidas concretas para lograr aquello, la dirigente estudiantil señaló que “hoy es fundamental democratizar el estamento estudiantil a través de una Federación de Estudiantes de ARCIS que sea realmente representativa y velar porque quien esté a cargo de la conducción de la Universidad tenga un rol que permita garantizar la continuidad de este valioso proyecto”.
Por su parte el apoderado de la Querella y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago Trincado, señaló que “esta acción judicial pretende que los responsables de esta agresión tengan la sanción penal que corresponde a las lesiones que provocaron el día primero de mayo y se evite la impunidad en situaciones tan graves como éstas”
Además Trincado señalo que “es importante destacar que estamos invocando la aplicación de la circunstancia agravante que incorporó la ley 20.609 que “establece medidas contra la discriminación” (más conocida como Ley Zamudio) al artículo 12 del Código Penal debido a que este delito se cometió motivado por la opinión política de los querellantes”. En ese sentido, los querellantes, según agregó, esperan que se imponga a los responsables la mayor sanción que establece el ordenamiento jurídico para estos casos.