La política como género mediático de lo espectacular se alimenta de escándalos superficiales, tensiones inocuas, misterios intrascendentes, encuestas reiterativas, entrevistas triviales, cuñas verbales asesinas, cuchillazos por la espalda entre personalidades y, por supuesto, de los pauteos disimulados en confidencias de “un piso de La Moneda”, o del comentario de un comensal de un “almuerzo retiro” de la Alianza ultraderechista y sus satélites.
De todo eso que hace que la política sea para consumo rápido, con sensaciones fuertes y condimentada de curiosidad. Y es con ese lote de datos cruzados que los políticos, periodistas y especialistas en “comunicación estratégica” construyen la agenda político-informativa en un campo mediático de relaciones de fuerzas (Bourdieu). De ahí salen los escenarios de distracción. Aunque nunca es seguro que lo logren; distraer de lo importante a un pueblo que ha desarrollado un cierto sentido crítico.
Al político de Estado siempre le queda la carta de la agenda propia vía la represión a los movimientos sociales para, además de hacer noticia, enviar mensajes apaciguadores a las clases propietarias y a los medios adictos al orden. Junto con intentar restaurar las confianzas agrietadas entre los beneficiarios del modelo neoliberal. Y de paso hacer todo lo posible para poner en sordina el crujido de las instituciones del régimen político postdictadura; intentando al mismo tiempo tender un manto de camuflaje sobre los flujos de corrupción.
En sendas entrevistas mercuriales, los concertacionistas-NM Viera-Gallo y Juan P. Letelier ya comenzaron a banalizar la corrupción. Ambos, se afanan en bajarle el perfil a la corrupción estructural que producen el modelo económico capitalista y su Estado neoliberal.
Saber distinguir la paja del grano entonces. No obstante, detrás de esos hechos novedosos y coyunturales con toques de tragedias humanas dantescas, como la caída sacrificial de un joven ministro de Estado representante de la “meritocracia” transgresora emergente; audaz, con sentido de la organización y amante del poder —y de esto no hay dudas— al servicio del proyecto neoliberal “modernizador” que adoptaron como suyo sus antiguos protectores del PPD (y el inefable Enrique Correa), se encuentran codificados los elementos para entender la manera repetitiva de hacer política de las clases dominantes desde su Estado.
Repetitiva, permanente y excluyente, es decir, con las mismas consecuencias políticas para un pueblo que quiere participar en la elaboración de su destino, pero a la vez amenazadoras y mortíferas para sus sectores más activos, cuando éstos se movilizan.
En las buenas democracias —que se dan de vez en cuando porque el pueblo decidió intervenir abruptamente y romper con la apatía funcional hacia la política de los poderes dominantes— tales actos excesivos de las fuerzas policiales les cuestan la caída a un Ministro y a su Subsecretario. Pues son los impugnados directos.
Fue así como, para compensar el clima desestabilizador que genera un cambio de Gabinete y la falta de convicción en reformas necesarias como la laboral, la educativa y la constitucional, se requiere un mensaje fuerte de puesta en orden. Así lo consideraron los flamantes ministros del gabinete político. Ahí ya estaba el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, socialista-escalonista, “experto” en orden público y aficionado a la retórica represiva, quien con el nuevo Ministro del Interior DC decidieron que para mostrar que, aún en medio de la profunda crisis de legitimidad institucional, el Estado debe dar claras muestras de mano dura, como signo distintivo de la política al servicio de los poderosos. Para reiterar que están ahí para recrear una y otra vez el escenario represivo.
Resultado de la profesión de fe de José Burgos y de Mahmud Aleuy: dos jóvenes vidas fueron sesgadas durante las manifestaciones estudiantiles en un clima de violencia azuzado por la presencia policial. Además del ataque criminal de carabineros contra el estudiante Rodrigo Avilés, militante de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), que se debate entre la vida y la muerte.
Nada puede borrar el hecho que si Jorge Burgos está en el ministerio del Interior es porque Peñailillo debió renunciar por actos asociados a la corrupción política que además corroen al partido del mismo Burgos. Y lo que aquí ha quedado en evidencia es, no sólo las “afinidades electivas” (Max Weber) entre empresarios y políticos, sino que el grado de corrupción de la casta política empresarial que se ha beneficiado con el ejercicio del poder durante toda la transición pactada.
Ahora bien, a punta de represión o de relativizar el alcance de las prácticas políticas-empresariales corruptas tampoco se podrá imponer el olvido sobre el tema de la “precampaña” de Bachelet que viola la ley electoral que la misma casta político-empresarial se ha dado.
Estamos ante una figura presidencial que se sigue hundiendo en el descrédito (26% de aprobación según encuesta Cadem), al punto que su portavoz (Ana Lya Uriarte, la última condottieri) dice que las cosas son así porque lo dice la Primera Mandataria, su empleadora. Se subió de grado. Ya no se argumenta. Es la palabra de la autoridad presidencial frente a los porfiados hechos que generan irreductibles sospechas.
A las derechas pinochetistas y a las que se las dan de modernas a la Ossandón (aconsejado por el el ex me-oísta Patricio Navia) ya las conocemos. Son ultra neoliberales, manipuladoras, golpistas cuando les conviene, antipopulares y demagógicas. Por el otro lado del duopolio ampliado, como no hay al interior de la oficialista NM ningún partido que haga una lectura clara, distinta y creíble de la realidad nacional y de las tareas urgentes, hay que concluir que no hay tensiones reales al interior de la coalición gobernante de cuño también neoliberal. Pero que prometió cambios estructurales con las garantías del Partido Comunista que se agita de vez en cuando para probar que existe. Hay conatos de desacato, mucho apaleo de nubes, para maquillar el desinfle, no hay duda, pero eso no hace política. A lo sumo, discrepancias funcionales por la derecha, al estilo del Senador Navarro, que dice que habrá que esperar las próximas elecciones parlamentarias para tener una nueva constitución: “Hay que instalar este tema en el programa para 2017”. El Senador del MAS pregona la espera y no la movilización popular para exigir y obtener una AC.
Es obvio que hay que eliminar el régimen presidencial, así como el Senado y elegir una sola asamblea nacional (o parlamento) con delegados revocables y con dietas equivalentes al salario medio. Ante el fracaso del régimen político presidencial que Bachelet ha llevado al paroxismo, se imponen medidas democráticas mayores.
Lo que falta, y que los sectores conscientes piden a gritos, pues, es una auténtica alternativa política nacida de las luchas sociales y desde abajo; popular y multiforme, pero con un programa común de buen gobierno y de lucha contra la corrupción que podría irse construyendo en un frente amplio por ¡AC ahora!