En enero pasado, Alexis Tsipras y la Coalición de la Izquierda Radical (SYRISA) llegaron al poder en Grecia con un abrumador apoyo popular, logrado fundamentalmente con base en el compromiso de desmontar el neoliberalismo y construir un gobierno desde la ciudadanía y para la ciudadanía, así como el de trabajar intensamente para remontar la profundísima crisis que vivía la sociedad griega desde hacía más de un lustro.
Los primeros cien días del gobierno ciudadano transcurrieron con pocos cambios, pero desde principios de mayo, la coalición dio los primeros pasos en firme para recuperar el empleo y los servicios públicos, al decretar la recontratación de más de trece mil empleados despedidos por el último gobierno neoliberal. La medida fue inmediatamente reprobada por los gobiernos de Alemania y Francia, así como por el FMI y el Banco Central Europeo, organismos que defienden a ultranza el orden neoliberal. Y en los días subsecuentes, estos mismos actores comenzaron a endurecer su postura frente a Grecia, intentando obligar a su gobierno a comprometerse a mantener las medidas de austeridad y asfixia económica para poder continuar recibiendo apoyos. Los discursos fueron haciéndose cada vez más agresivos, hasta llegar a la amenaza de expulsar a los griegos de la zona euro.
Tras contestar con moderación durante semanas, el gobierno de Tsipras habló con claridad este domingo: Grecia no tiene ya liquidez para hacer su pago al FMI para el próximo mes de junio. “No hay ese dinero, y no lo habrá”, declaró Nikos Voutsis, ministro del Interior del gabinete griego. En vez de pagar a la institución acreedora, el gobierno pagará puntualmente salarios y pensiones a sus trabajadores. Entre tanto, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, declaró que su país ha hecho su máximo esfuerzo para evitar declararse en quiebra, por lo que ahora la responsabilidad corresponde a las instituciones financieras el plantear opciones favorables para ambas partes.
Previamente, Tsipras había marcado el rumbo a sus ministros, al aseverar el sábado, en un discurso ante los máximos dirigentes de la Coalición de Izquierda Radical, que no se aceptaría una nueva humillación por parte de los acreedores, como las que había aceptado el gobierno neoliberal que lo precedió y, sobre todo, que no se aceptarían el aumento del IVA, una mayor flexibilización del mercado laboral y nuevos recortes a los salarios y las pensiones gubernamentales, condiciones que, reveló, están siendo exigidas por los negociadores como requisito para renovar la ayuda al país helénico.
Desde el triunfo de SYRISA, la confrontación estuvo latente. Para los gobiernos y las instituciones neoliberales, permitir que Grecia escape a las condiciones de austeridad es aceptar lo que han negado desde hace cuatro décadas: que otro mundo es posible, un mundo en el que la prioridad sean los seres humanos y sus necesidades, y no, como propugna el neoliberalismo, la tiranía del mercado, que en realidad significa la defensa de los intereses de una exigua pero poderosísima oligarquía.
Y justo cuando el gobierno ciudadano de Grecia está respondiendo de esta contundente forma a las presiones neoliberales, se ha confirmado la debacle del Partido Popular, principal defensor del orden oligárquico en España, así como el sostenido avance de Podemos, el partido ciudadano, que ha logrado un histórico triunfo en Barcelona y estuvo muy cerca de vencer en Madrid, en unas elecciones municipales que sirven como termómetro para los comicios generales que se realizarán a fines de este año. El avance del movimiento ciudadano en España representa un espaldarazo para el gobierno griego, en tanto que la congruencia con la que Tsipras está cumpliendo con sus compromisos con el pueblo confirma que la senda ciudadana es otro de los caminos rumbo a las imprescindibles transformaciones del futuro.