Más que un golpe de timón o una muestra de liderazgo presidencial, los dos grandes anuncios de Michelle Bachelet durante las últimas semanas son una maniobra para superar los más inmediatos obstáculos de la crisis política e institucional. Por un lado, la limpieza del Gabinete -acotada finalmente al Ministerio del Interior- de los rastros de corrupción. En segundo término, ligado por algunas hebras al anterior, el rescate del gobierno y de la figura presidencial ante la fuerte caída de popularidad en todos los sondeos de opinión, derrumbe sólo superado por Sebastián Piñera en medio de las manifestaciones de estudiantes.
Es una estratagema de emergencia para sortear las complicaciones en el corto plazo, para desviar la atención y la presión inmediatas. Porque este segundo gabinete, aun cuando no incluyó a las figuras clásicas más controvertidas de la Concertación, sí tiene elementos nostálgicos y simbólicos fuertes, como ha sido el nombramiento en Interior del DC Jorge Burgos. El objetivo central e inicial de la administración de Bachelet, que es la respuesta a las demandas ciudadanas no cumplidas por ninguno de los gobiernos de la transición neoliberal, parece pasar desde el equilibrio precario de antes del cambio de ministros a las políticas de los consensos propias de las décadas pasadas.
Bachelet priorizó con este cambio suavizar las relaciones con los sectores más reaccionarios, tanto dentro como fuera de la coalición. La designación de Burgos en Interior es un gesto de capitulación a las presiones, cada vez más directas, de la DC contra las reformas. El nuevo titular de Interior a minutos de asumir el cargo habló sobre el necesario diálogo con todos los sectores, una expresión más suave para nombrar a la “cocina” del senador Andrés Zaldívar. La DC, que había boicoteado una a una las reformas, no sufre bajas. Incluso el ministro de Obras Públicas, el DC Alberto Undurraga, cuestionado por boletas falsas a Penta, permanece en el gabinete.
MINISTRO PARA
LOS EMPRESARIOS
Otro Ministerio clave que sufre un cambio ha sido Hacienda. La salida del PS Alberto Arenas, reemplazado por el PPD Rodrigo Valdés, es una señal evidente a los grupos económicos. Nunca un gobierno de la post dictadura había removido a un ministro de Hacienda, por aquel axioma de la estabilidad de la economía y sus efectos en los mercados. Aun cuando Arenas tuvo cierta relación indirecta con el recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, el motivo de su salida ha sido el quiebre que tuvo con los empresarios tras la reforma tributaria. El sector privado había levantado una campaña para atribuir a su gestión el bajo crecimiento de la economía, la caída de la inversión y, en suma, la disminución de sus ganancias. De hecho la campaña desde la derecha -dentro y fuera de la Nueva Mayoría- pedía las cabezas de Peñailillo y Arenas. La presidenta accedió a esa presión.
Valdés viene de la presidencia del BancoEstado. Con anterioridad, había trabajado en el Ministerio de Hacienda junto a Nicolás Eyzaguirre, en el Banco Central, en el FMI y en la banca privada. Con un doctorado en el MIT, su perfil es similar al de todos los titulares de Hacienda en las democracias neoliberales.
Con esta trayectoria, Valdés ha sido festejado como un delicado regalo por el sector privado. Y así lo han hecho ver. Ha sido destacado en toda la prensa económica y afín al gran capital, que ha elogiado “el perfil técnico” del nuevo ministro de Hacienda. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidente Alberto Salas elogió su figura y su paso por el sector financiero, lo mismo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes. Para este dirigente, Valdés “tiene otro nivel de relación con el sector privado”.
Las redes sociales recibieron con sorpresa y no sin molestia la designación del PPD Jorge Insunza en la Secretaría General de la Presidencia, cargo vacante tras el traslado de la DC Ximena Rincón al Ministerio el Trabajo. Insunza, hasta el domingo 10 diputado por el Distrito 9, fue militante comunista hasta 1990, y luego socialista y actual PPD. Entre 2010 y hasta comienzos del año pasado fue gerente de comunicación estratégica en Imaginacción, la empresa de lobby de Enrique Correa. El nuevo ministro jugó un papel importante en la defensa de algunos de los clientes de esta firma, tales como Corpbanca y Soquimich, dos empresas vinculadas directa e indirectamente con boletas falsas. En otro sentido, las redes sociales vinculadas a la oposición de derecha recordaron con irritación el apoyo que Insunza entregó en marzo pasado a la idea de una Asamblea Constituyente.
Rodrigo Peñailillo fue sacrificado cual chivo expiatorio de la corrupción, acto con fuertes efectos comunicacionales que no tendrá consecuencias importantes en la disminución de las tensiones.
A minutos del cambio de gabinete, el Servicio de Impuestos Internos se querelló por delitos tributarios contra el operador Giorgio Martelli, situación que abrirá nuevas aristas y extenderá la investigación de la Fiscalía. En este escenario, que suma elementos cada día, ningún analista se ha aventurado a detectar una salida.
Quien se mantiene en el cargo es el controvertido ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, que ostenta una de las peores evaluaciones en gestión. A pocas horas de ser confirmado, la presidenta de la Fech, Valentina Saavedra, lamentó que Eyzaguirre siga en la cartera; en tanto, confirmaba la marcha de protesta del jueves 14.
Si la DC fue premiada con cinco ministerios, pese a su falta de compromiso con el programa y las reformas, el Partido Comunista lo ha sido por su lealtad y disciplina. Bachelet lo reconoció entregando el Ministerio de Desarrollo Social al sicólogo Marcos Barraza. Se agrega al Ministerio del Sernam (Claudia Pascual) y a la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, a cargo del ex dirigente estudiantil Camilo Ballesteros. El PC cuenta con tres unidades que manejan cuantiosos recursos y que operan directamente en organizaciones sociales. Bachelet, además de agradecer al PC, le encomienda una misión: ganar base social de apoyo para la Nueva Mayoría con vistas a las próximas elecciones.
Durante su pasado gobierno, Bachelet a poco andar se olvidó del eslogan de la participación ciudadana. Esta vez dejó fuera uno de sus más importantes símbolos: la paridad de género. El nuevo gabinete disminuyó a un tercio la proporción de mujeres en tanto las eliminó del comité político.
BACHELET EN CAIDA LIBRE
El gobierno, y la misma presidenta, se han convertido en las piezas más visibles de la crisis del sistema político. Es natural que sea así, afirman especialistas, en cuanto el Ejecutivo es la cara más activa e identificable del aparato político. Pero sin duda también lo ha sido por el caso Caval y las boletas del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, por los cuales la ciudadanía estaría pasando la cuenta. El Ejecutivo no ha sido golpeado de forma accidental ni aleatoria, es parte relevante en los diversos eventos de descomposición. Hace un año, la presidenta, que fue electa con más de 62 por ciento de la votación (sin contabilizar la alta e histórica abstención del 60%), ha bajado a menos de un 30 por ciento de apoyo ciudadano. Una caída libre atribuida al escándalo de corrupción, pero que tiene otras y bien claras causas.
La presidenta, que a través del cambio de gabinete intenta calmar los ánimos de la derecha, los empresarios y la reacción en general, deja a partir de ahora un escenario confuso sobre las reformas prometidas y hasta el momento tramitadas. De esta forma abre una puerta a una nueva etapa de movilizaciones sociales, en tanto parece olvidar que gran parte del rechazo en los sondeos de opinión proviene de una ciudadanía que no ve cumplirse sus expectativas.
En este proceso de deterioro generalizado ni el anuncio de un paquete de medidas anticorrupción ni la reestructuración de buena parte del gabinete con redoble de tambores previo, han sido suficientes. Ni como estrategia comunicacional publicitaria ni, por cierto, como acción política. Es el gobierno el que va tapando agujeros, reaccionando de manera tardía, intentando reparar las grietas que se abren a diario. Incluso durante el plazo no cumplido de 72 horas que se dio de manera innecesaria Michelle Bachelet para nombrar su nuevo equipo, seguían apareciendo más casos de corrupción. Un reportaje de Ciper publicado la tarde del viernes 8 de mayo comprometía a los entonces ministros de Hacienda e Interior, Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo, con presiones indebidas sobre el director del Servicio de Impuestos Internos para hacerlo desistir de querellas contra Giorgio Martelli.
La fuerte caída en la popularidad de Bachelet ha creado un nuevo discurso desde la derecha, en cuanto este proceso está directamente relacionado con las reformas. Para ello, vale citar un editorial de La Tercera del domingo 10 de mayo, víspera del cambio de gabinete, en el cual se recuerda al gobierno su desplome en las encuestas, situación que lo descalifica para dos cosas fundamentales: las reformas y el llamado a redactar una nueva Constitución. El editorial de marras se basa en las últimas encuestas, en las cuales la ciudadanía estaría disconforme con el proceso de reformas, por lo tanto propone el statu quo. Si consideramos esta amenaza, más las demandas ciudadanas no cumplidas y las investigaciones de corrupción, podemos prever un escenario político complicado para el resto del año.
EL INFORME DEL PNUD
Durante abril el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) emitió el Informe de Desarrollo Humano en Chile 2015. El documento refleja bastante fielmente el clima que hoy se vive, que no está solo influido por el destape de los casos de corrupción, sino por la falta de respuesta a múltiples demandas ciudadanas, en ámbitos tales como salud, educación o pensiones. 61 por ciento de los encuestados señala que hay que actuar rápido porque los cambios no pueden esperar. Entre los cambios, el informe registró que un 66 por ciento demanda una nueva Constitución Política.
Tal vez el aspecto más relevante de ese informe es que ha detectado una repolitización de la sociedad chilena. Por una parte, dice que “Chile está inmerso en un proceso de politización que representa una oportunidad para construir una sociedad más cercana a las aspiraciones de la gente. Para aprovecharla, es necesario potenciar espacios de deliberación social y fortalecer el involucramiento de las personas en los temas públicos”. En este ámbito, señala que “las personas ven a las asambleas y los plebiscitos como las mejores formas para tomar decisiones colectivas”.
El informe del PNUD no puede ser más claro. Frente al desprestigio de la política, los chilenos piden más participación a través de mecanismos de democracia directa como son las asambleas, en tanto desconfían de las reformas y de la clase política como elite.
El registro hecho por el PNUD está también expresado en todas las encuestas de opinión, que detectan niveles de credibilidad del sistema político históricamente bajos. Esta percepción está también ligada con la cada vez más creciente demanda de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.
Es por ello que ni el cambio de ministros ni las medidas anticorrupción tenderán a una alteración del proceso de descrédito de la política, trayectoria que ha descendido hasta niveles cercanos a cero, como en el apoyo al Poder Legislativo y a los partidos de derecha. Una tendencia que sólo podrá cambiar con una reestructuración del sistema político y económico. Porque es sin duda la connivencia entre el ubicuo poder económico con el cada vez más debilitado Estado y el acotado sistema de partidos, el que gestó y alimentó el actual engendro político. En otras palabras, es un producto del neoliberalismo y de la concentración extrema del poder. Los grupos empresariales no solo han concentrado los mercados y el poder económico, sino que se han adueñado de la política apropiándose del poder total.
El cambio de gabinete, que mantuvo en ascuas al país durante 103 horas, fue, además de una acción comunicacional fallida que involucra desde Don Francisco a los programas matinales, un repliegue hacia las tradicionales prácticas de la Concertación. El llamado al diálogo del ministro Burgos -y su advertencia de que no es partidario de la “retroexcavadora”- es un claro indicio de la reedición de los consensos.
PAUL WALDER
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 828, 15 de mayo, 2015