El portal de periodismo de investigación CIPER publicó ayer un reportaje en el cual denuncia que desde el ministerio de Interior y de Hacienda han venido ejerciendo fuertes presiones sobre el Servicio de Impuestos Internos, cuyo director es Michel Jorrat, para impedir que esta institución se querelle contra delitos tributarios realizados por la empresa del operador político Giorgio Martelli. Anoche el gobierno desmintió en un breve comunicado esta información.
El lunes 4 de mayo la subdirección jurídica del SII tenía lista la querella contra Giorgio Martelli y Jovino Novoa. La crisis estalló cuando Michel Jorrat la aplazó y se supo que “alguien” en el SII autorizó una condonación que benefició a Novoa por las mismas irregularidades por las que la Fiscalía pidió formalizarlo. La dilación de la querella y optar por la vía administrativa en vez de la judicial, son fruto de la presión de los ministros del Interior y de Hacienda para frenar las investigaciones. La crisis estalla cuando aparecen nuevas empresas bajo sospecha de haber financiado la política.
Según informa CIPER, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas han llevado a cabo una operación, desde el verano, para frenar la judicialización del caso de Giorgio Martelli y encontrar una salida administrativa, debido a los nexos con personeros de la Nueva Mayoría, esto por medio de un fuerte lobby y presión a Jorratt, quien también trabajó para la empres de Martelli, razón por la que decidió inhabilitarse en el caso de que el SII decidiera querellarse contra AyN y otras empresas a las que él ha prestado servicios.
La última operación quedó develada el 4 de mayo, cuando funcionarios de Impuestos Internos detectaron una operación que buscaba frenar las investigaciones por financiamiento ilegal de la política: el 23 de marzo el SII había beneficiado a la sociedad comercial del ex senador histórico de la UDI, Jovino Novoa, con la condonación del 55% de sus “impuestos comprometidos”, o sea, los que están siendo investigados por el caso Penta, lo que se mantuvo en secreto.