El ex teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún, el ex mayor de Carabineros Ricardo Lawrence y el ex prefecto de la PDI Daniel Cancino Varas se encuentran prófugos de la justicia. A pesar de haberse despachado órdenes de detención en su contra, la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros no logran dar con su paradero. Quizás no sean los únicos violadores a los DD.HH. en esta situación, pero son los que yo tengo noticias.
Patricio Kellet Oyarzún era el teniente de Ejército encargado de la Inteligencia Militar en Valdivia al momento del golpe de estado. Según propia confesión judicial fue el responsable de los interrogatorios de los presos políticos en esa ciudad. El mismo se encargó de precisar que estos en un número de 3.000 habían abarrotado la cárcel valdiviana. Entre ellos se encontraban el intendente constitucional y legítimo de la región Dr Sandor Arancibia, el alcalde Luis Díaz y el presidente de la Unidad Popular regional Uldaricio Figueroa.
Después de largas tramitaciones se logró la comparecencia a la Corte de Apelaciones de Valdivia del ex teniente Kellet quien no descartó los malos tratos y vejaciones a los presos políticos. Luego se fueron acumulando en el proceso múltiples medios de prueba que acreditaron las torturas, incluidos peritajes médicos del Servicio Médico Legal. El expediente se ha hecho voluminoso y todo apunta en contra de Patricio Kellet y otros. El tribunal ordenó un nuevo interrogatorio y esta vez Kellet se negó derechamente a comparecer; registra otra orden de detención por estafa y un nutrido prontuario policial “este defensor de la patria y la civilización cristiano occidental”.
Se despachó orden de detención por la PDI y carabineros en su contra, pero el caballero no aparece.
Tiene amigos el señor Kellet Oyarzún. Cuando se produjo el caso de los quemados (1984) y percibiendo que los vientos soplarían pronto en otra dirección, ayudó a sus amigos norteamericanos con información que perjudicaba a su propio ejército. Tenía también un lío de administración de fondos en la Intendencia de Santiago, por ello perdió el uniforme pero no las amistades.
Una historia bien contada y ya había mutado en exonerado político. Un millón y medio de pesos mensuales, el torturador recibiendo beneficio de víctima. De este tipo de exonerados, que no son pocos, nunca se acordó la derecha cuando denunció con fanfarrias supuesto abusos cometidos en el Ministerio del Interior al conceder beneficios.
Lo de Valdivia fue brutal. Torturas inhumanas incluidas electricidad, incluso en la dentadura. Los interrogados por Kellet, el intendente Arancibia, el alcalde Díaz toda la directiva del PS y la JS, fueron sometidos a Consejos de Guerra que les significaron años en cárceles comunes y largos exilios. Acusados del Plan Z, secuestrarían niños y mujeres con la ayuda de tropas cubanas venidas en botes inflables que desembarcarían en diversos lugares del país. Las víctimas aún estando presos fueron acusadas de incendiar la sede del PS para propagar el fuego a toda la ciudad.
Quien presidió el Consejo de Guerra fue Juan Michelsen Délano (procesado por 12 homicidios en otra causa) quien ha dicho que la sentencia se funda en el contexto de la época. Pobre argumento para un abogado, por decir lo menos. El entonces Fiscal Bernardo Puga se defiende con dudosas cartas de sacerdotes ya fallecidos; el sería una buena persona de acuerdo a sus certificados.
El “exonerado” Kellet Oyarzún cobra su millón y medio mensual, no tiene que hacer huelgas de hambre para sus beneficios, y la orden de detención despachada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, para tramitarse por la PDI y carabineros, no lo toca.
Ricardo Lawrence y Cancino Varas han sido condenados a prisión efectiva por graves asesinatos. Tampoco la policía los encuentra y también cobran sus millonarias pensiones del erario nacional de todos los chilenos.
Nuestras policías son eficientes, la PDI detuvo en menos de 24 horas al que hackeó el correo electrónico de la Ministra Ximena Rincón.
Las instituciones funcionan, pero no para los ciudadanos.
ROBERTO AVILA TOLEDO