Hemos escuchado decir que, en función de su liderazgo, los gobiernos y los políticos deben tener licencia para imponer sus objetivos aún sea en contra de la voluntad popular. Concretamente, se postula en estos días que el Estado debe financiar a los partidos y a sus procesos electorales aun cuando esto pudiera ser repudiado por los ciudadanos. De la misma forma, por lo demás, que en el pasado algunos “iluminados” decidieron mantener la Constitución y las leyes de la Dictadura consintiendo en que, aunque ´´estas fueran ilegítimas en su origen y contenido, eran la mejor forma de encarar el proceso de transición a la democracia. Al igual como se extendieron el modelo económico neoliberal, las restricciones a los derechos sindicales y los despropósitos conocidos en materia de educación salud, previsión y tantos otros.
Naturalmente que quienes así piensan demuestran una muy extraña vocación republicana y de buena forma avalan que las grandes definiciones de nuestra historia institucional hayan sido adoptadas por caudillos y dictadores, o simplemente impuestas por los ganadores de nuestros numerosos episodios de confrontación interna y guerra civil. De esta forma es que el poder de las armas ha sido mucho más decisivo que la opinión del pueblo, como que el legado del propio Pinochet sigue vigente después de un cuarto de siglo. Al extremo que, en los últimos días, uno de sus nietos haya anunciado al país la voluntad de formar un partido para defender su obra para oponerse a los malos vientos “socialistas”.
La Presidenta de la República acertó con la convocatoria de un Consejo Asesor para hacer frente al fenómeno de la corrupción y a los repugnantes episodios que demostraron el influjo del dinero en la elección de representantes políticos y la forma en que éstos se fidelizaron con los intereses del gran empresa sido bueno que este grupo de expertos entregara luces de qué hacer para frenar la colusión político empresarial y de cómo legislar para robustecer nuestra institucionalidad electoral que lo propios legisladores le negaran atribuciones fiscalizadoras para que partidos y candidatos tuvieran fuero para acometer toda suerte de abusos. Buena parte de las propuestas de este Consejo son de estricto sentido común, resultan inspiradas en otras legislaciones del mundo y reiteran lo que una infinidad de observadores y analistas nacionales muchas veces han planteado a favor de la probidad política.
Lo más probable, entonces, es que esta convocatoria presidencial le dé al Gobierno ocasión de enviar un conjunto de leyes al Congreso Nacional con las cuales se consolide un nuevo consenso cupular y sirva para atenuar o ponerle punto final a los procesos judiciales que, con los empresarios, sometan a proceso y castigo a un conjunto transversal de políticos corruptos que, aunque confesos, todavía se resisten a dejar sus cargos derivados del cohecho y recursos fraudulentos para imponerse en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. En este sentido, los gravísimos delitos descubiertos en los casos Penta, Caval y Soquimich podrían quedar marcados nada más que como anécdotas, tal como antes ocurrió con el bullado MOP Gate, durante el gobierno de Lagos Escobar. Anque es justo reconocer que hoy, a diferencia de entonces, tenemos un conjunto de fiscales y magistrados que parecen efectivamente dispuestos a hacer justicia.
Sería un golpe al mentón de la población escandalizada por todo lo sucedido se le impusiera la obligación de financiar a los partidos políticos y elevar las contribuciones fiscales a los candidatos, por más que con eso se quisiera inhibir los millonarios aportes anónimos de las empresas y de los multimillonarios ahora interesados en jugar un papel más activo en la política, y que llevara justamente a uno de ellos a colgarse la banda presidencial y la famosa piocha de O’Higgins, pese a todas las sospechas que existían y existen de su enriquecimiento ilícito. Vergonzoso sería que la propia clase política decidiera apelar a los recursos de todos los chilenos para tal propósito sin antes, por lo menos, refundar sus instituciones, exigir la renuncia de al menos los parlamentarios que cometieron delitos y sin antes trasparentar los verdaderos gastos electorales de quienes resultaron triunfadores de los últimos comicios. Cuando ya se ha demostrado que los aportes recibidos desde el mundo empresarial a quienes fueron candidatos sobrepasaron por lejos los montos rendidos ante el Servicio Electoral. Incluida, por cierto, la candidatura de la actual Jefa de Estado. Así como que habría que revisar la legitimidad de un conjunto de leyes aprobadas por el Poder Legislativo en que el voto fue determinado digitado por los empresarios a sus adictos en el Parlamento. Como se asume que pasó en la tramitación de la Ley de Pesca.
Un eventual financiamiento a los partidos políticos sería, además, una burla a ese enorme conjunto de organizaciones sociales y de verdadero servicio público que no reciben apoyo fiscal, cuando ya se sabe que las colectividades políticas son verdaderas agencias de empleo para militantes cada vez más desideologizados y de muy pobre conciencia cívica y ética.
El Democracia, los liderazgos distinguen a quienes son capaces de hacer partícipes a los pueblos de sus sólidas convicciones. Es cosa de reconocer en esto a decenas de señeros políticos de todos los países y continentes como lo fueron un Nelson Mandela y los reconstructores de la Europa de la post guerra. Como lo representaron en nuestro propio país un Eduardo Frei Moltalva y un Salvador Allende, dispuestos a resultar derrotados en varios procesos electorales antes que proponerse alcanzar el poder y mantenerse en él sin el apoyo ciudadano.
La fórmula, sin duda, es convencer y no vencer: renunciar a todo mesianismo que se sobreponga a la voluntad soberana.
En todos los tonos se le ha dicho a la Presidenta que lo que debe hacer es, más que escuchar a los “expertos” es oír a los chilenos y convocarlos a una Asamblea Constituyente. La forma más democrática de buscar una salida a la crisis institucional, como la mejor demostración de su liderazgo tan en entredicho por esa abstención del 58 por ciento que empañó su victoria y por las escandalosas develaciones que han golpeado después nuestra pretendida solidez democrática.