Cuando se afirma que la crisis por la cual atraviesa el país es una crisis radicada en la élite política, a mi parecer, se está dando una mala señal, pareciera que la solución de esta incumbe solamente a la élite, de modo que sólo ellos son los llamados a solucionarla.
Un país cuya Constitución Política afirma que la soberanía reside en el parlamento, el presidente de la República y otras instituciones, como es el caso de la de Chile, y no en el pueblo como lo afirman las genuinas constituciones democráticas, es un país que ha creado un círculo vicioso cuyos efectos hemos conocido gracias al desenfreno que ya no conoce límites, puesto que la ley ya no es un límite para que ocurran estos desgraciados casos, como el Congreso Nacional que ha sido capturado por el dinero de un puñado de empresarios multimillonarios. De manera que empiezo a convencerme que lo que ocurre es una crisis institucional que exige la expresión de la voluntad popular para zanjar un nuevo Pacto Social.
No parece convincente que los casos de escandalosa corrupción que hemos conocido salieron a la luz desde las tinieblas gracias a furtivos delatores como en efecto ha sido el caso, o gracias a los diligentes y corajudos jóvenes fiscales, como también parece ser verdadero, sin embargo, existen causas superiores que se quieren desconocer.
Los hechos demuestran, a mi entender, que se conocen estos casos que no son nuevos ahora, y no se conocieron antes o durante el prolongado tiempo en que han venido ocurriendo, existiendo siempre potenciales delatores o fiscales competentes.
Entonces hay una razón que explica su ocurrencia, y esta es que se llega a un límite en que se comienza a rebasar el vaso que contiene los casos de corrupción propiciada por una institucionalidad dada, que es la nuestra. En efecto, la Constitución Política del Estado, de cuyo contenido emanan las instituciones del Estado y se fijan sus competencias y atribuciones, dice en el primer párrafo de su artículo 5°:
”La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.”. Es decir, claramente se establece que la soberanía no reside en el pueblo, si no que esta es mediatizada a través de los elegidos representantes diputados, senadores y presidente de la república y otras autoridades que establece. De modo que existe una barrera infranqueable entre el pueblo y sus representantes, este, el pueblo, no tiene ningún mecanismo institucional para intervenir dado el caso como lo es hoy, salvo el “minuto feliz” que ocurre cada cierto tiempo, en que se propone sufragar en una papeleta.
Dadas las cosas de este modo, tal cual se ha demostrado con los hechos, los representantes elegidos por voluntad popular de acuerdo a un período dado, dejan de ser representantes de sus electores y devienen en representantes de ilegales financistas, que son personajes concretos, no contemplados en la Constitución y que actúan al margen de la ley comprando literalmente a los representantes de sus electores.
La crisis que estamos enfrentando, no es una crisis de la élite, es la crisis del marco legal en que funciona. Hay un círculo vicioso que permite los vergonzosos actos que hemos conocido y que estamos por conocer, y no tenemos ninguna incumbencia jurídica para rectificarla, puesto que la propia Constitución define claramente que son ellos, los que fueron algún día representantes de sus electores, los que han sido sobornados, los únicos que podrían poner atajo a estas prácticas aberrantes. Y puesto que no es razonable esperar que así sea, lo único que cabría esperar sin ninguna esperanza de éxito, es que los fiscales logren encausar a los representantes al parlamento aplicando el rigor de la ley que no es tan rigurosa, y que la Corte pertinente desafore a diputados y senadores implicados, pudiéndose dar el caso, que el parlamento quede prácticamente vacío y en consecuencia, paralizado el funcionamiento del Estado.
No me parece sensato que el Estado se paralice ni tampoco que las instituciones funcionen al margen de la ley, es decir que pacten un “arreglín”.
Lo apropiado para este trance, es romper el círculo vicioso, devolver la soberanía al pueblo, redactar con su concurrencia una nueva Constitución y votarla posteriormente. Una Constitución Política legítima, que dé cuenta del nuevo estado de las cosas.
El país es de todos, de los jóvenes y los viejos, de los ricos y los muy ricos, y de los pobres también, que es la inmensa mayoría, aquellos trabajadores que son el 80% de la población que gana menos que el sueldo mínimo que pagan a sus trabajadores los países de la OCDE y que los sucesivos gobiernos de Chile se han ufanado de pertenecer.