Convergencia de izquierdas, a través de una declaración pública, señaló que la confirmación del director interino del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorrat como titular del Servicio , nos parece una rotunda equivocación de la mandataria: el señor Jorrat se encuentra en entredicho, por los obstáculos que ha puesto a las investigaciones judiciales sobre corrupción y por su relación con una empresa investigada colateralmente por el caso SQM.
Ante la situación de corrupción que remece al país, la presidenta, agrega el comunicado, tiene facultades para enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para restablecer el plebiscito vinculante y así abrir paso a cambios profundos en el ordenamiento político mediante una Asamblea Constituyente, mediante mecanismos adecuados para devolver el poder originario a la soberanía popular. Sólo la expresión democrática directa de las mayorías, al margen de un sistema de representación deslegitimado, permitirán terminar con la opacidad del poder ejercido por una reducida élite oligárquica desde hace demasiado tiempo.
Bajo esta premisa, Convrgencia lamenta que siete partidos políticos hayan llegado a un acuerdo “que remite a eventuales cambios legislativos la solución a la relación escandalosa entre la gran empresa privada y el poder político, que hoy golpea la conciencia de la ciudadanía. Consideramos que los actos ilícitos y moralmente reprochables se tienen que esclarecer ahora y los partidos deben contribuir con la verdad que el país demanda, transparentar fuentes de financiamiento y tomar total distancia del poder económico. Un mea culpa, que diluye responsabilidades específicas, no pasa de ser simple retórica, si no va acompañado de acciones concretas que apoyen el avance de la investigación”.
Esta crisis, agrega el comunicado, ha revelado que los sectores que han ejercido el poder no han estado a la altura en el respeto de valores fundamentales de la democracia, como son el control ético de la función pública y la transparencia de cara a la ciudadanía. “En este contexto, el llamado que realizan los firmantes del acuerdo a confiar en las instituciones sólo pretende ocultar el problema político y ético de fondo, que no es otro que la constatación de que en Chile el poder se compra, en forma legal e ilegal, a través de pagos a partidos, dirigentes y campañas. Aspirar a que la solución venga precisamente de quienes han defraudado de esta manera a la democracia constituye una desfachatez”.
Aunque juzgamos positivamente la creación de una comisión que estudia medidas para regular la incestuosa relación entre dinero y política, señala el texto, tememos que sus propuestas se pierdan en los engranajes del poder, como ha ocurrido en tantas ocasiones. Esta y otras acciones dispuestas hasta el momento son insuficientes, y el Ejecutivo debe dar señales mucho más contundentes de que se jugará a fondo para superar esta crisis.