Nos sorprendió sobremanera la noticia publicada el domingo 11 de abril de 2015 en el diario La Tercera en cuanto a que 2 dirigentes de la UDI, uno de ellos Patricio Cordero, hombre de confianza de Joaquín Lavín y director de la Universidad San Sebastián, estuvieran detrás de uno de los escándalos más mediatizados de los últimos años. Hablamos de la compra de los terrenos rurales, localizados en Machalí, por la empresa Caval que le pertenece parcialmente a la esposa del hijo regalón de la presidenta Bachelet, ambos hasta hace poco miembros del PS.
En razón a que se han publicado innumerables columnas en la prensa, los canales de televisión, los medios digitales y las radioemisoras han tenido motivos más que suficientes para referirse críticamente al caso por tratarse de una fea maniobra especulativa de las tantas que se cometen en Chile con información privilegiada y como lo anterior se produjo a raíz de una provocadora crónica publicada en los inicios de febrero pasado por la revista Qué Pasa, diremos algunas palabras sobre este tipo de ganancias rápidas.
La enredada adquisición de los predios por parte de Caval fue posible gracias a un generoso crédito decidido motu proprio por Andrónico Luksic, accionista controlador del Banco de Chile y el dinero se le entregó al prestatario porque existía la posibilidad cierta de que el uso de suelo de los terrenos en un tiempo próximo se iba a cambiar a urbano, ello conforme a ciertos documentos emanados de la Dirección de Obras Municipales de Machalí y porque en la Secretaría Regional (6ª) de O´Higgins del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ya se estaba tramitando para esos terrenos y para otros los apetecidos cambios en el Plan Regulador Intercomunal (PRI).
En los inicios de la operación intervino el conocido arquitecto y director de cine Álvaro Covacevich, quien con su sobrino Sergio, del mismo apellido y profesión, se acercaron en una reunión política al matrimonio Dávalos-Compagnon proponiéndoles un transcendental negocio inmobiliario denominado Ciudad del Cobre exactamente en Machalí y que, para ello, ya tendrían un acuerdo de intenciones con unos poderosos inversionistas mexicanos : Covacevich tío vive en la ciudad de México y es un personaje prestigiado.
Hubo una promesa de compraventa por las 44 hectáreas, con cláusula de confidencialidad, en la cual se estableció un precio de transacción de $ 27 mil millones siempre y cuando, en una corta fecha determinada el cambio de uso de suelo, con normas de edificación bastante permisivas por las características del proyecto en ciernes , necesariamente tenía que estar perfeccionado con las autorizaciones de todas las autoridades sectoriales. Era mucho pedir, sobre todo en tan corto período de tiempo.
Ese negocio no prosperó, pero sí un empresario de Rancagua se tentó con las hectáreas de Caval creyendo que el cambio de uso de suelo sería cuestión de tiempo y así fue como las compró en $ 9, 5 mil millones, es decir, apostó en la ruleta. Ahora este hombre de negocios, se siente engañado por la empresa vendedora y reclama airadamente que pagó mucho dinero porque el cambio de uso de suelo se paralizó a raíz de los bullicios propalados por los medios, endilgándole la condición de “palo blanco” al arquitecto Covacevich por haber ofrecido éste a Caval una suma de dinero tan alta por el terreno de la discordia.
En la edición del 19/09/08 de la revista Qué Pasa, la misma que creó la batahola Caval, se publicó una nota periodística titulada “Pudahuel : ¿ Luz verde para Hurtado Vicuña?”, en la cual ese medio de prensa criticaba a la institucionalidad porque los grupos Hurtado Vicuña, Santa Cruz Yaconi y Manso de Velasco, brazo inmobiliario de Enersis, después de 5 años seguían esperando los cambios de uso de suelo de 4.000 hectáreas rurales en la comuna de Pudahuel, pues si se transformaban en urbanos iba ser posible la consecución de unos estupendos negocios inmobiliarios de esos 3 grupos, los que contemplaban la construcción de 40.000 viviendas de hasta UF 4.500.
Años antes esta misma revista promocionaba muy seriamente la genial idea del empresario Manuel Cruzat, dueño en aquel entonces de los terrenos rurales situados en Pudahuel, que hoy en día le pertenecen a Hurtado Vicuña, para que, mediante modificaciones reglamentarias, se le permitiera edificar una especie de ciudadela para lo cual era indispensable cambiar las reglas del juego contenidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), vigente desde noviembre de 1994. Naturalmente en aquellas épocas tal revista no vociferaba con esas operaciones comerciales y el resto de la prensa nacional ni se inmutaba con la práctica especulativa en ciernes.
En el año 2004, con infinidad de irregularidades, tanto el Consejo Regional (CORE) Metropolitano como la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), ambas instancias presididas por el intendente de esta región, le dieron curso a la decisión adoptada por el Minvu en orden a autorizar los cambios de usos de suelo conforme lo había propuesto el virtuosísimo Cruzat. Así los poseedores de grandes extensiones de tierras agrícolas o rurales se iban a beneficiar patrimonialmente con las automáticas plusvalías derivadas de esas “inteligentes” movidas mercantiles.
Ahora bien, la transacción de Caval, en orden a obtener una pingüe pasada con una compraventa de terrenos que subirían de precio por decisiones de los gobiernos de turno siempre han existido y si este gobierno no asume su responsabilidad para regular este tipo de maniobras especulativas, continuarán produciéndose. Este caso ha tenido tanta resonancia única y exclusivamente porque quienes han lucrado indebidamente son el hijo y la nuera de Bachelet y por ello nos hemos referido a lo que decía Qué Pasa años atrás con transacciones igualmente lucrativas y bastante más voluminosas que no llamaron la atención de nadie. De ello se concluye que el doble estándar está en el ADN de quienes entregan las noticias y de quienes, como el suscrito, se hacen eco de ellas.
Debemos tener presente que nunca se ha abordado el tema de este tipo de indebidas ganancias privadas porque los interesados en la mantención del laissez faire que origina las plusvalías patrimoniales, han sabido ejercer sus influencias para que los políticos profesionales no regulen estas operaciones. Si el comprador de las 44 hectáreas hubiera sido un empresario cualquiera en busca de un mejor precio con el cambio de uso de suelo, la revista Qué Pasa no habría publicado nada y este columnista estaría refiriéndose a otra de las innumerables pillerías que se cometen en el ámbito inmobiliario.
Por último, ya que habrá una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para tratar el asunto Caval, esperamos que también se investiguen los recientes otros casos de cambios de usos de suelo, bastante más incorrectos, los que no han tenido la repercusión del negocio de la rubia esposa de Dávalos Bachelet, quien con sus 2 colaboradores de la UDI -Díaz y Cordero- supieron aprovecharse del despelote institucional en el cual estamos inmersos.
Y desde ya nos ponemos a disposición de los diputados que fiscalizarán este negociado, para decirles presencialmente cómo funciona este fructífero sistema que genera tantas y tan rápidas utilidades a aquellos privados que saben relacionarse con los que mandan en el aparato del Estado.