La encargada de Prensa y Comunicaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – AFDD – ha informado que el 7 de abril recién pasado fueron asaltadas las oficinas de esta Asociación, ocasionando destrozos en puertas y ventanas pero, extrañamente no sustrajeron especie alguna. El comunicado Dice: “A la hora de los hechos los vecinos alertaron a Carabineros, vinieron y vieron lo que había ocurrido y se fueron…Extraño protocolo para accionar, más aún dejando un edificio de oficinas, abierto y sin protección alguna a merced de otros delincuentes que quisieran finalizar la tarea”. Este atropello nos parece de la mayor gravedad, máxime cuando está dirigido contra una organización que lucha por la defensa de los derechos humanos.
Este hecho se suma al escándalo creado por los reaccionarios a raíz del informe del Instituto de Derechos Humanos, presidido por Lorena Frías, respecto a la actuación de Carabineros en la represión a manifestantes, atropellando el derecho a reunión y a manifestarse pacíficamente, lo cual constituye un serio atropello a los derechos humanos.
Las fuerzas especiales, encargadas de velar por el orden público y proteger a los manifestantes pacíficos, en múltiples ocasiones – probado por material de video – más bien se dedican a provocar y a reprimir a los manifestante, que en forma pacífica, salen a las calles para expresar sus justas demandas; en vez de concentrarse en los focos de desenfrenados y violentos encapuchados, atacan a ciudadanos – a veces van acompañados de sus familias – que sólo están ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución.
En las manifestaciones del año 2011, durante el gobierno de Piñera, se pudo comprobar el carácter brutal y trato inhumano y degradante de los métodos de represión, empleados por las fuerzas especiales de Carabineros, tanto en Santiago, como en las demás ciudades del país.
No es raro que la derecha chilena y algunos sectores conservadores de la Nueva Mayoría mantengan un culto idolátrico del orden, basado en la persecución de todos aquellos que se atrevan a poner en cuestión un sistema especialmente autoritario, manteniendo aún la herencia de parte de los métodos empleados por la brutal dictadura de Pinochet, que duró 17 años.
Que el Instituto de Derechos Humanos denuncie el carácter represivo de la actuación de las policías, no sólo está dentro de sus atribuciones, sino también, especialmente, en el cumplimiento de su deber en la defensa de los derechos ciudadanos. Nadie ignora que, en muchos cuarteles policiales, se emplea la tortura física y psicológica, en especial, aplicada las personas más pobres y vulnerables, especialmente contra los jóvenes, los movimientos regionalistas y los ecológicos.
En la nueva Constitución – que va a surgir más temprano que tarde – se debe explicitar, con meridiana claridad, el respeto irrestricto a los derechos humanos y, además, deberá consagrarse la institución de la defensoría del pueblo que, de una vez por todas, haga valer los derechos ciudadanos ante los tribunales de justicia.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
10/04/2015