“No podamos cerrar los ojos, la corrupción ha llegado”. Este lugar común del Contralor de la República no requiere de una exégesis exhaustiva, pues la corrupción ha existido siempre en la historia de Chile, en mayor grado en los períodos de hegemonía plutocrática como la República Parlamentaria (1891-1925), y el período de la dictadura de Augusto Pinochet y sus sucesores concertacionistas, (1973-hasta hoy). En menor grado, en los períodos de cambio social, (1964- 1973).
Lo que estamos viviendo hoy es que los antes borregos electores están más conscientes que antes. En consecuencia, les produce mucha ira el que los ricachos roben a los ciudadanos – cada vez más empobrecidos – incluso con boletas y facturas ideológicamente falsas, uno más de los productos de exportación de este país anormal.
El sociólogo Eugenio Tironi, uno de los lobistas más “brillantes” de la plaza, quiere representar, en esta debacle de las élites, el rol de Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabau, quien pensaba que “él hubiera podido salvar a la monarquía si no hubiese tenido esa fama de sinvergüenza”. Lo malo es que su émulo Tironi descubre un poco tardíamente que el pueblo desea algunas cabezas en el canasto para lograr amenguar su ira ante tanto abuso y pillería.
Basta leer un sencillo manual de historia de cualquier país para darse cuenta de que las oligarquías nunca han querido entender la potencia de las rabias acumuladas de las clases subalternas. En el caso chileno, las castas en el poder son aún más inconscientes. Por ejemplo, que las mismas cortes de la monarquía francesa, así, los Ponce Lerou, los Délano-Lavín, los Luksic , y otros más, creen en la omnipotencia del dinero – sobre todo aplicando el famoso dicho “todo hombre tiene un precio”- ha permitido comprar a bajo precio a candidatos a alcaldes, consejeros regionales, diputados y senadores e, incluso, presumiblemente, el Banco de Chile al hijo de la Presidenta Bachelet.
No hay ninguna novedad a través de la historia respecto al carácter endogámico y nepotista de las plutocracias en el poder – algunos, pulcramente, llaman las élites -, pues es apenas lógico que dirigentes de partido, parlamentarios e, incluso seremis, quieran dejar como herencia a sus hijos una buena posición dentro del Estado – considerado como un botín, es decir, como una mujer que merece ser violada después de la derrota – o bien, el posicionamiento en altos cargos en la empresa privada – Soquimich, Penta y otras – que, a la hora de la verdad, llegan a confundirse con el Estado. Si leyéramos un poco más de historia de nuestro país, se nos develaría como evidente que un sillón parlamentario servía a la oligarquía para acrecentar los negocios propios y de su casta, (recuerdo que un diputado liberal preguntaba en la Cámara en qué comisión puedo favorecer mejor mi fundo, mi fábrica y mi prole, y caía de madura que la más cotizada era la de Agricultura).
En este país anormal, la mayor actividad de la casta empresarial es implementar estrategias para engañar al Servicio de Impuestos Internos por medio de boletas, facturas y forwards y de otros instrumentos financieros no muy sofisticados. Como siguen convencidos de que los “rotos”, es decir, los pobres para ellos, son completamente idiotas, creyeron que jamás los iban a pillar, y así hubiera ocurrido de no mediar la pelea de la dupla de los Carlos aristocráticos contra el “suche” de Hugo Bravo, quien destapó el escándalo y con lujo de detalles. Dejémonos de hipocresías: las instituciones no funcionaron para nada. Sin la concertación de Bravo y de una funcionaria de Impuestos Internos, los “Carlitos” seguirían paseando por la Avenida el Bosque y financiando a los dirigentes y candidatos de la UDI.
La élite sigue convencida de que los ciudadanos son ingenuos e ignorantes y se van a tragar el cuento de que una empresa como SQM, cuyo giro es la explotación de minerales no metálicos, haya tenido tal necesidad de comunicadores que la ha conducido a invertir millones de dólares en empresas destinadas a las relaciones públicas, o hacernos creer que los cargos parlamentarios no se compran – como en la república oligárquica, (1891-1925) – y que se enriquecen con más facilidad que un afortunado ganador de Lotos sucesivos, pues basta sumar catorce millones de pesos mensuales por 25 años continuos.
El ex senador Jovino Novoa, cuya cabeza está a punto de rodar en manos del “verdugo” Fiscal Carlos Gajardo, sostiene la tesis de que “el caiga quien caiga” es una verdadera masacre contra los delincuentes de cuello y corbata, y no deja de tener razón, pues este es el principio de la famosa igualdad ante la ley, sin la cual no hay ningún Estado de derecho posible.
Si todos los ciudadanos organizados no ponemos fin a la hegemonía de la élite plutocrática, todas las reformas legales, por muy draconianas que sean, se convertirán en música. ¿Acaso hemos olvidado que los antepasados coloniales de nuestra oligarquía decían que la “la ley se acta, pero no se cumple”. Hoy diríamos: “comuníquese, publíquese y archívese” – solo un iluso como Juan Egaña, autor de una Constitución moralista, en 1826, por la cual ley servía para mejorar las costumbres de los sufridos y pecaminosos ciudadanos de antaño, que se habían aprovechado de la expulsión de los Jesuitas para adueñarse de sus tierras.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
08/04/2015