Con base en los acontecimientos de orden político que vive nuestro país, en estos últimos días algunos columnistas de este y otros medios digitales, han hecho mención del concepto de “razón de Estado”, sin un mayor análisis del mismo. Pero, ¿cuál es la esencia del concepto?
Normalmente, cuando algún articulista se refiere al concepto de “razón de Estado”, lo hace en su sentido más peyorativo, que es el que ha devenido más popular y, por lo tanto, el más conocido: “Razón de Estado” viene de la vieja expresión francesa raison d’Etat, con la que los políticos europeos designaron la tesis de que las acciones de gobierno solamente pueden ser juzgadas por su éxito. Desde entonces, se conoce como “razón de Estado” a la motivación, generalmente secreta o inconfesable, que mueve a un gobernante a tomar determinadas decisiones de interés público aun cuando se vulneren principios morales o de justicia. La seguridad estatal, la estabilidad del gobierno, el interés económico, la conveniencia del mismo gobierno son, en general, las principales razones de Estado. Ellas suelen superponerse a cualquier otra consideración como ser, principios morales, compromisos contraídos, incluso la legalidad misma, en la adopción de determinadas decisiones por parte del poder.
La “razón de Estado” tiene una larga trayectoria histórica; se adjudica a Maquiavelo el origen del concepto, aunque él nunca utilizó esta expresión. Se podría decir, sin embargo, que su uso actual, estaría basado en la regla que enuncia Maquiavelo en su obra El príncipe: “que el príncipe piense en conservar su vida y su Estado. Si lo consigue, todos los medios que haya empleado serán juzgados honorables y alabados por todo el mundo”. En otro pasaje, y tal vez más atingente, plantea que: “nunca faltarán razones legítimas a un príncipe para cohonestar la inobservancia de sus promesas…”. El primero en acuñar el término fue Giovanni Botero en su obra Della ragion di Stato, publicada en 1589, muy leída en esos tiempos, porque satisfacía a la perfección el gusto del público cortesano e interesado en política, que pedía un “alimento intelectual” fácilmente digerible y bien servido. En todo caso Botero era considerado una mente mediocre comparada con la lucidez de Maquiavelo.
Por otra parte, y desde un punto de vista que se podría considerar “más positivo”, el historiador y filósofo alemán Friedrich Meinecke (La idea de la razón de Estado en la edad moderna), plantea que en su esencia, la “Razón de Estado es la máxima del obrar político, la ley motora del Estado. La razón de Estado dice al político lo que tiene que hacer, a fin de mantener al Estado sano y robusto. Y como el Estado es un organismo, cuya fuerza no se mantiene plenamente más que si le es posible desenvolverse y crecer, la razón de Estado indica también los caminos y las metas de este crecimiento… La “razón” del Estado consiste, pues, en reconocerse a sí mismo y a su ambiente y en extraer de este conocimiento las máximas del obrar”.
Y más adelante expresa: “junto al valor del bien del Estado existen, en efecto, otros valores elevados que piden también para sí una vigencia incondicionada. De ellos nos interesan aquí la ley moral y la idea del Derecho. Más aún, el mismo bien del Estado se asegura, no sólo por el poder, sino también por valores éticos y jurídicos, y en último término, el poder puede verse amenazado por el quebrantamiento de los valores morales y jurídicos”.
Sin lugar a dudas, y por desgracia, algunas decisiones de los gobiernos de la post dictadura corresponden al primer concepto de razón de Estado que hemos definido anteriormente. Veamos:
Eduardo Frei Ruiz-Tagle anuncia que por “razón de Estado”, ha determinado que no se siga investigando el caso llamado de los “pinocheques” en el que estaba involucrado el hijo del general Pinochet.
Ricardo Lagos Escobar hace aprobar el texto legal llamado Ley Valech, que tiene el número 19.992, en cuyo Título IV se establece el secreto por los próximos 50 años, de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura cívico-militar (¿razón de Estado?). Sobre este punto volveré más adelante.
Al finalizar su primer mandato, Michelle Bachelet ordena cambiar el uso de suelo en Campiche, con el objeto de dar las facilidades a la empresa AES Gener para la construcción de su planta termoeléctrica. Como se conoció por los cables de Wikileaks, el embajador de Estados Unidos la había amenazado con que futuras inversiones desde ese país estarían en riesgo (¿razón de Estado?).
Podríamos seguir con el caso La Polar, el perdonazo de Impuestos Internos a la tienda Johnson’s, etcétera.
Debido a los casos de corrupción que se han conocido por estos días ( Penta, SQM) y que involucran tanto a empresarios como a la casta política en un contubernio vulgar, inmoral e ilegal, han surgido voces dentro de la misma casta, en el sentido de llegar a ciertos acuerdos para tratar de salvar lo que queda del sistema que nos rige, apelando a una “razón de Estado”, aunque por parte de algunos congresistas y del mismo gobierno han negado tal posibilidad. Por otra parte, desde la sociedad civil se clama ¡que se vayan todos! Incluso se habla de que la propia Presidente Bachelet habría comentado su decisión de renunciar.
Hace unos días, el ex presidente Ricardo Lagos explicó que ante la crisis actual, ha faltado liderazgo para poder llegar a acuerdos con todos los sectores. Esto, en velada (¿abierta?) crítica a Michelle Bachelet.
Me permito aclararle que el liderazgo se puede asumir en distintas direcciones, menos en la que él propone. Le recuerdo al señor Lagos, que liderazgo asumieron Pinochet, Hitler, Stalin y tantos otros de esa calaña; pero también asumieron liderazgos Gandhi, Mandela, Luther King, y otros líderes de buena estirpe (iba a decir de buena factura, pero preferí abstenerme, dado su mala fama actual).
Pero si el mismo Lagos Escobar en su campaña presidencial prometió asumir su liderazgo para combatir la desigualdad y lo usó, justamente, para todo lo contrario.
En este mismo sentido, creo que la Presidente Bachelet no puede desligarse de los problemas de todo orden por los que atraviesa el país, ya sean estos los que atañen a la crisis política como a los factores de índole climático y de medio ambiente. Pienso que, lejos de renunciar, debe asumir con fuerza las tareas de reconstrucción en la zona norte y supervisar la recuperación del bosque nativo (araucarias-pehuen), devastado por los incendios del sur del país, cuyo manejo ha sido muy criticado por los mismos habitantes de esos lugares. Esto desde el punto de vista práctico.
Debo aclarar que yo no voté por Michelle Bachelet, y les recuerdo a mis amables lectores que si alguien ha sido crítico a la gestión de la actual Presidente, ha sido este columnista, ya desde su primer mandato, incluso solicitándole la renuncia en un artículo titulado “Señora Presidenta, renuncie”, publicado en este medio el 26 de junio de 2009, con motivo de su actitud de vasallaje en que dejó a Chile ante Barack Obama en su visita a la Casa Blanca. Sin embargo, pienso que su renuncia, además de ser un acto pusilánime, sólo agravaría la crisis y nos distraería del meollo del asunto que nos convoca: la Asamblea Constituyente. Por el contrario, debe asumir de cara al país que su propio manejo del caso Caval fue extraordinariamente errático y que si realmente la tomó por sorpresa (le doy el beneficio de la duda), debió regresar a Santiago ese mismo día y solicitarle la renuncia a Sebastián Dávalos, pues ese funcionario había traicionado la confianza de la madre y, con mayor fuerza, la de la Presidente de la República.
Dicho esto, y ante la pasividad de sus asesores y ministros, me permito sugerirle que desde el punto de vista netamente político, ahora sí, asuma su liderazgo y envíe de inmediato al Congreso, el proyecto de ley que con el cambio del articulado respectivo de la actual Constitución, permita convocar a una Asamblea Constituyente. Este acto legislativo, es el último que haga el actual Congreso, pues deberá entrar en receso y su presupuesto, o parte de él, direccionarlo al funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
Se ha propuesto que se debe revocar el mandato a los congresistas que han sido sobornados o que están involucrados en los casos Penta y SQM, y llamar a nuevas elecciones. Sin embargo, pienso que esto no haría más que retrasar la realización de la Asamblea Constituyente, único mecanismo democrático para redactar la nueva Constitución Política de la República de Chile, y único camino para solucionar la crisis terminal que vive el sistema.
El Gobierno debe dedicarse sólo a la marcha “práctica” del país, es decir, a las tareas esenciales e intrínsecas del Poder Ejecutivo (labores ministeriales), prescindiendo de su función colegisladora. Asimismo, abstenerse de formar comisiones de expertos para tratar de resolver asuntos de índole política, pues está demostrado que no resuelven absolutamente nada y, por el contrario, tienden a agravar los problemas.
Señora Presidente, asuma su rol para el que fue elegida, ponga a trabajar duro a sus ministros (los actuales u otros si no dan el ancho), absténgase de nombrar comisiones de expertos y de enviar proyectos de ley (mensajes) al Congreso con la sola excepción del mencionado más arriba y que conduzca a convocar la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución no puede ni debe ser redactada por el Congreso, totalmente desprestigiado, ni por una comisión de expertos, pues ello sólo agravaría la crisis de legitimidad del Estado chileno.
Si no fuera posible que el Congreso entre en receso, se podría llegar a un acuerdo en que se les revoque el mandato a los congresistas cuestionados. Los diputados que permanezcan en ejercicio, pueden cumplir su labor fiscalizadora de los actos de la administración central y fiscalizar las tareas de gobierno en sus propios distritos. Los senadores, pueden abocarse a las segundas tareas descritas. Como no tendrán que cumplir tareas legislativas, su sueldo deberá rebajarse a la mitad para que el otro 50% sea destinado al presupuesto del funcionamiento de la Asamblea Constituyente.
El edificio del Congreso Nacional sito en Santiago, deberá funcionar como sede de la Asamblea Constituyente y, en el caso de los funcionarios que laboran en la sede de Valparaíso, podrían, si no hay opinión en contrario, cumplir las mismas labores en la Asamblea Constituyente, pues ésta funcionará en Comisiones y Plenarios, prácticamente como un Congreso Nacional.
En síntesis, señora Presidente, creo que sería de mucho beneficio para usted y muy bien valorado por la ciudadanía, que anunciara, por cadena nacional de radio y televisión, primero: que no renunciará; segundo: que enviará, con suma urgencia, el proyecto de ley que permitirá convocar a una Asamblea Constituyente y tercero, que no permitirá, por ningún motivo, un acuerdo cupular que implique la impunidad de los políticos involucrados.
Por último, sugiero que antes de que entre en receso, el Congreso Nacional debiera aprobar las leyes que realmente beneficien a la ciudadanía, especialmente la ley de aborto terapéutico. Y ya que hablamos de aborto, pienso que se debe abortar la tramitación de las leyes de reforma a la educación y la de reforma laboral, ambas muy cuestionadas por los afectados, pues cumplen a cabalidad con las tres causales del aborto terapéutico: producto de una violación de la ética y la moral; malformación del engendro y peligra la salud de la Nación.
Post Scriptum: el ex presidente Lagos ha creado una plataforma en página web denominada “Tu Constitución” para incentivar el debate sobre este tema. Creo que sería muy aconsejable que aprovechara el impulso y creara una plataforma denominada “Mi Ley Valech” para incentivar el debate sobre la ley de su autoría, a la cual nos referíamos más arriba.