Los personajes de la élite corrupta chilena son tan ignorantes o, bien, confiados en que los “borregos“ ciudadanos, que ni siquiera los llamarán a rendir cuentas de sus abusos y sinvergüenzuras que no alcanzan a vislumbrar. Por ejemplo, en Brasil, la corrupción en la empresa Petrobras, no cortada a tiempo de raíz, está a punto del provocar el derrumbe del gobierno de Dilma Rousseff – en la actualidad tiene sólo un 13% de apoyo ciudadano, récord apenas superado por el gobierno de Fernando Collor de Mello con un 5%, destituido constitucionalmente por el Congreso de ese país, el 29 de diciembre de 1992. Así ha ocurrido con otros países casi siempre en la historia, pues los poderosos jamás han demostrado capacidad para evitar el camino errado, así sea por mero egoísmo de conservar sus privilegios. Ni siquiera, como Luis XIV, de Francia, son capaces de decir, “después de mí, el diluvio”.
Aun cuando lo hecho dicho en varias ocasiones, en Chile no existe la democracia, sino una monarquía electiva y plutocrática, cada vez más corrupta. No es que la gente no crea en las instituciones, tanto estatales, como privadas y religiosas, lo que ocurre es que están podridas. Un ejemplo de ello es el famoso Tribunal Constitucional, un organismo de facto, creado por una Constitución ilegítima y tramposa, tanto en su origen como en la práctica; este Tribunal es un supra-poder integrado por miembros cuoteados por las dos combinaciones que se han apropiado del Congreso y otros que son nominados a dedo por el poder judicial y que ejerce su autoridad omnímoda sobre toda la vida del país, además sus fallos son inapelables.
En el reciente caso del holding Soquimich hemos asistido a un espectáculo verdaderamente deplorable: en un primer momento, el Servicio de Impuestos Internos ha intentado paralizar la investigación por parte del Ministerio Público, sosteniendo que no cuenta con suficientes elementos para iniciar una querella; aprovechándose de la situación, un miembro del directorio de dicha empresa, Patricio Contesse – compañero de curso del accionista principal, Julio Ponce Lerou – presentó un recurso al Tribunal Constitucional para que fallara en el sentido de detener la investigación de la Fiscalía, que logró un resultado positivo, pues atrasó la investigación por más de una semana. No hay que ser muy astuto para comprender que lo que pretende el grupo de seguidores del yerno de Augusto Pinochet es lograr que los eventuales delitos tributarios prescriban, que su fecha límite el 31 de abril del año en curso.
En el caso del escándalo Penta, cada día se hace más patente que sin la delación de Hugo Bravo hubiera sido imposible enviar a prisión a los dueños de ese holding. El caso de Soquimich el asunto es aún mucho más grave y tiene aristas aún no exploradas. Por ejemplo las acciones de SQM se cotizan como ADR en la Bolsa de Estados Unidos – no sería raro que el organismo regulador de ese país, la SEC, interviniera en este caso -; por otra parte, entre los accionistas minoritarios de SQM se encuentran inversionistas canadienses que, acostumbrados a la imposibilidad de eludir impuestos en su país, se han opuesto a la maniobras antiéticas de Ponce Lerou y su grupo. Es tan grave el problema de este holding que, en la sesión de la Bolsa de Comercio del día miércoles 18 de marzo, llegó a caer un 12%, suspendiéndose sus cotizaciones.
Julio Ponce Lerou, que cuenta entre los directores de sus empresas a hermanos, a antiguos pinochetistas, sobre todo al Hernán Büchi y a personajes de la Concertación ha podido, hasta ahora, sortear con éxito la multiplicidad de escándalos y juicios a los cuales han sido sometidas sus empresas, entre ellos el caso Cascadas, el escándalo financiero más grande en la historia de Chile y que, para variar, también se encuentra en el espurio Tribunal Constitucional.
Pienso que con tanto abuso de la élite corrupta vamos derecho al despeñadero – sería fatal que cayéramos en las manos de un tipo tan corrupto como lo que ocurrió en Italia, con Silvio Berlusconi.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
20/03/2015