En la historia, las élites son las últimas en darse cuenta de que el derrumbe de lo viejo y vicioso, pues viven en un mundo feliz, muy lejano del quehacer de los ciudadanos de a pie. El gobierno reacciona sobre la base de errores “no forzados” y crea, en este caso concreto, una Comisión para la Trasparencia, pero seguramente, su único objetivo es emborrachar la perdiz. A estas alturas, ya nadie osa creer en los insignes intelectuales que la integran, pues de sus cabezas pueden salir ideas brillantes, pero no tiene ninguna idea sobre las vivencias de la gente común, abusada constantemente por los corruptos y, para rematar el desprestigio, uno de los integrantes de dicha Comisión es Olga Feliú, ex senadora designada e íntima colaboradora de Pinochet y, para rematar, protectora de la Colonia Dignidad.
Cuando jueces y fiscales habían logrado reivindicar, en parte, el criticado poder judicial, enviando a la cárcel a tres delincuentes de cuello y corbata, al asomar la arista SQM – parece que están implicados, entre otros, personeros de la Nueva Mayoría – el Servicio de Impuestos Internos comete el grave error de pretender diluir la investigación, negándose a entregar a los fiscales la carpeta con los balances de esta empresa, que abarca el período 2009-2014.
Se dice que el SII es un organismo autónomo, pero es difícil creerlo cuando a su director lo nombra el Presidente de la República de turno y que esta repartición depende directamente del Ministerio de Hacienda – su actual jefe fue personaje clave en la última campaña de la Presidenta – y es tan evidente esta relación jerárquica que, por ejemplo, el diputado democratacristiano René Safirio le pide a la primera mandataria que ordene querellarse al jefe de este Servicio contra el holding Soquimich.
Si se quiere que las cenizas revivan el fuego, nada más fácil que tratar de echar tierra a los casos de corrupción apelando a métodos administrativos dilatorios y leguleyos, que es lo que está haciendo el gobierno, supuestamente para proteger a políticos de la Nueva Mayoría y de la derecha. La historia prueba que casi siempre el hecho de esconder los delitos termina por magnificar la llama de la corrupción – así empezó en Italia al ocultar actitudes mafiosas al “juez de hierro” y, más recientemente, el caso Petrobras, en Brasil en que el Partido de los Trabajadores, durante años trató de tapar el escándalo de corrupción, hasta llegar al día de hoy con una Presidenta de la República con apenas un 20% de apoyo de la ciudadanía.
Con mucha razón el historial romano, Tácito (55-115), decía: “muchas son las leyes de un Estado corrompido…”En tiempos de la colonia, en América Latina, la máxima era “la ley se acta, pero no se cumple”. En Chile estamos plagados de normas que sólo se aplican a los pobres, y la gente celebra a quien burla la ley como un tipo muy inteligente – incluso, Diego Portales se metía por el trasero la Constitución y propia violarla como a niña virgen -.
A raíz de la pérdida de confianza en las instituciones se ha abierto un verdadero concurso de confección de leyes, al cual más draconiana; la Presidenta propone penas de cárcel efectiva para delitos de colusión, pero la gente olvida que fue Ricardo Lagos Escobar “el pavo inflado “quien le quitó el carácter de delito que merezca pena aflictiva.
El problema no es sólo legal, sino sobre todo, moral y político y la única salida posible es la convocatoria a un plebiscito revocatorio de todos los cargos de elección popular e iniciar, a través de una Asamblea Constituyente, la fundación de la República.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
18/03/2015