Aproximadamente cuarenta años han pasado desde la desaparición de mi padre, cuyo nombre llevo con orgullo, una noche de invierno del año 1975. Esta desaparición de siete días en las mazmorras de la dictadura, me ha estimulado a pensar diaria y continuamente sobre este acontecimiento tan habitual en Chile en esa época y en sus actuales proyecciones. Sin dudas la fugaz y totalmente ilegal desaparición de mi padre fue el resultado de la absoluta impunidad y desprecio por los derechos humanos con el que actuaban los servicios de represión de las fuerzas armadas de Chile. La impunidad permeó esta desaparición desde esa noche del año 1975 hasta su muerte hace 20 años atrás, extendiéndose hasta hoy en día. Nunca se conocieron las razones que precipitaron su desaparición, la identidad de los esbirros que ejecutaron su rapto, su lugar de detención y quienes llevaron a cabo la incesante tortura psicológica, y afortunadamente al parecer, la ligera tortura física a la que fuera sometido. Mi padre alejado de la política, pero un intelecto siempre alerta y crítico, adjudicó este episodio de su vida a una broma que habría hecho sobre las obvias limitaciones intelectuales de uno de los ministros civiles del dictador. El dedujo por varias razones, que su lugar de detención en el cual estuvo con los ojos vendados continuamente, podría haber sido Tres Álamos. Sin embargo, como se sabe la criminal política represiva de la dictadura era un manto que cubría a potenciales opositores al régimen y a miles de ciudadanos totalmente inocentes sin discriminación. El objetivo de estas políticas era introducir y fomentar el terror generalizado para cercenar de raíz cualquier intento político de oposición a ella.
Los beneficiarios directos de estas políticas fueron los representantes de la derecha política y económica que recobraban el poder que la democracia inexorablemente les estaba arrebatando y que además bajo la protección de la violencia saquearon los bienes del Estado chileno y crearon una armadura legal que diariamente despoja para su beneficio y fortunas personales, el grueso de los recursos materiales producidos por la mayoría del país. Parafraseando a Pablo Neruda en Alturas de Machu Picchu se podría decir “Fortunas sobre fortunas pero en la base el crimen”. Las esperanzas de que la repugnante impunidad de la dictadura fuera de alguna manera corregida con el advenimiento de la democracia se esfumo rápidamente al soplo de la famosa y pusilánime frase “Justicia a medida de lo posible’. Frase que favorecía a los verdugos de esta, a sus cómplices pasivos que se enriquecieron y aun se enriquecen como resultado de sus crímenes y arbitrariedades y a las influencias foráneas que también se benefician de este estado de cosas. De esta manera comenzó el gran baile de máscaras de la vigilada democracia chilena en que al son del dinero y los tapujos bailan civiles y militares, víctimas y victimarios, jóvenes y viejos, políticos y empresarios, periodistas y escritores y sacerdotes y legos. Todos los cuales en un desenfreno de congratulaciones gratuitas y reciprocas celebran la supuesta excepcionalidad y la ilustre idiosincrasia de la sociedad chilena en el mundo, y por supuesto en América Latina.
Sin lugar a dudas uno de los hitos de esta orgia y maridaje impúdico entre la política, la impunidad, la rapacería y el crimen lo constituyó la sustracción absurda por el gobierno chileno del brazo de la justicia internacional del mayor criminal de la historia del país. En este ambiente cloacal, traspasado por el hedor de la impunidad, es que se ha desarrollado el affaire Compagnon/ Dávalos-Luksic y otros, en el cual hemos visto con cierto asombro como los jóvenes solicitantes han pedido y se han beneficiado de préstamos de dinero que me atrevería a decir es parcialmente el producto de la violencia que sufrieran los miembros de su familia durante la dictadura militar. La actitud del empresario prestamista es más entendible ya que está claro que pretende pragmáticamente acrecentar por medios aparentemente más civilizados, la desmedida influencia que la violencia y las arbitrarias leyes instauradas durante la dictadura militar y la democracia ya le dieran. La inmodesta conducta de la pareja Compagnon/Dávalos indica a mi modo de ver que en el país los limitados juicios por derechos humanos y sus ínfimas condenas, han fracasado en crear una conciencia nacional sobre la dimensión criminal y perversa de la dictadura de las fuerzas armadas.
Esta impunidad ha disimulado también las trasgresiones éticas fundamentales de los cómplices pasivos de la dictadura en la derecha política y económica que se beneficiaron y continúan beneficiándose de ella. En mi opinión la trasgresión ética más seria del joven matrimonio no ha sido el potencial tráfico de influencias sino que fue el aprovecharse de componendas dudosas con individuos como el Sr. Luksic, una persona que se sirvió económicamente de la dictadura militar y por ende indirectamente de la violencia ejercida contra los honorables antepasados de la pareja. Puesto escuetamente tanto ellos como el Sr. Luksic han trasmutado parcialmente la sangre en oro, el Sr. Luksic la sangre de otros y la pareja trágicamente la sangre de sus familiares. A mi parecer esta trasgresión ética fundamental es sin lugar a dudas posible en Chile porque los individuos se mueven en un desierto moral en el cual la impunidad sobre los crímenes de la dictadura y el uso de ellos por sus beneficiarios, que se instauró como una razón de Estado al comienzo del gobierno del Sr. Aylwin, ha continuado ininterrumpidamente hasta ahora. Esto ha cercenado los lazos solidarios y de respeto que debieran estar en la bases del ordenamiento de una sociedad moderna y debieran guiar su devenir diario. De esta forma se ha corroído también uno de los pilares fundamentales de las relaciones de una sociedad como es la aceptación de la adecuada y honesta responsabilidad por el resultado de acciones individuales cuando estas afectan a la comunidad, especialmente cuando estas son de gobernantes a los cuales se les ha colocado en situaciones de altura y privilegio para cumplir con sus labores.
En Chile gracias a esta abismal impunidad, el devenir social se ha convertido en una concatenación de hechos irracionales e incoherentes que lindan en lo milagroso, ya que si uno se informa por la prensa la mayoría de ellos parecen carecer de autoría terrenal identificable; pareciendo a veces que Chile estuviera gobernado por fantasmas. Evaden su responsabilidad los oficiales de ejército que ordenan a sus subalternos trasgredir derechos humanos fundamentales o los mandan a morir de frio en las heladas alturas de los Andes. Los administradores de universidades de pacotilla que las usan para autodenominarse profesores y enriquecerse, y también para sus miopes designios políticos, argumentan irresponsablemente que sus instituciones son públicas y que el Estado tiene la obligación de financiarlas. Similarmente, los burócratas encargados de la salud pública anuncian que las epidemias y las deterioradas prestaciones médicas para la mayoría son acontecimientos naturales e imposibles de modificar y los encargados de prevenir y paliar catástrofes como las producidas por los terremotos se culpabilizan los unos a los otros del pésimo estado de sus servicios y de las falencias de su accionar. Los fiscales y jueces aducen inocencia cuando tratan con manos de hierro por infracciones mínimas a los delincuentes comunes y a disidentes inocentes, y se las cubren ligeramente con guantes de seda para tratar a los delincuentes de cuello y corbata. Los parlamentarios alegan ignorancia cuando votan leyes que benefician a grupos económicos donde ellos y sus familias tienen intereses y cuando son sobornados con subsidios privados para atentar contra los intereses de sus electores. La jerarquía eclesiástica oculta o se lava las manos sobre las acciones de los pedófilos entre sus filas y pretende naturalmente violentar la moral de aquellos que no son sus seguidores, tratando de convertir sus respetables creencias en leyes para imponérselas a todo el mundo.
Este culto a la impunidad con su secuela de irresponsabilidad, como todo culto comprende además de la gente que se benefició y se beneficia de él, a una casta de sacerdotes que implementan sus orientaciones teológicas tan necesarias para la apología de lo inexcusable. El supremo sacerdote de este culto fue sin lugar a dudas el ya fallecido Don E. Boeninger K., el cual en sus acciones y en sus obras escritas ha dejado huella de un miope y pernicioso pragmatismo político en el cual la justicia se sacrifica siempre e indignamente en aras del crimen y del dinero. Adláteres de este genio de la emasculación de la política y de la justicia en Chile son una serie de académicos de universidades privadas, siempre aplaudidos por la derecha, y que incluyen entre muchos a los Srs. E. Ottone, J.J. Bruner y E. Tironi. La farragosa y primitiva obra escrita de estos Srs., caracterizada por las repetidas menciones irrelevantes a personas y a hechos de la cultura universal, fracasa en disimular su falta de seriedad y de vuelo intelectual, y su esterilidad para comprender la situación política chilena. La superficialidad de estas obras, plagadas de inexactitudes y piruetas lógicas, termina conduciéndolas a un pomposo servilismo para con la impunidad y el statu quo, aparentemente necesario para el continuo trabajo de sus autores. En resumen, unos podría preguntarse glosando al trovador estadounidense Bob Dylan, “¿Cuanto años deben vivir los chilenos para encontrar justicia?”. Los políticos anuncian nuevas reformas para combatir la reciente guirnalda de escándalos sin embargo me gustaría decir con Francisco Bilbao “ … estos serán barnices en un edificio que se desploma. “ y en cuyos cimientos se encuentra aún el crimen impune, del cual también ellos se han beneficiado desfachatadamente ya por un cuarto de siglo.