El sistema político completo tambalea. El Servicio de Impuestos Internos ha estimado, contra toda lógica, que era urgente esperar en las investigaciones. En tanto, los ejecutivos de SQM se reúnen para analizar la mejor forma de evitar que llegue a la luz pública lo que ya es conocido en las esferas bien informadas: que durante años esta empresa privatizada por Pinochet pudo delinquir con plena impunidad mediante el oportuno financiamiento de las campañas de determinados diputados y senadores de la Concertación, para no hablar de eventuales intervenciones en el financiamiento de campañas presidenciales.
La gota que desborda el vaso. Si no te gusta esa expresión te propongo otra: Tanto va el cántaro al agua… que al fin se rompe. En este caso es un dique. Y no es una gota, sino un gigantesco torrente de agua pútrida el que baja iracundo, cuyo hedor va haciendo imposible respirar en la copia feliz del edén
Cada cual tiene sus escándalos soterrados, pero no tanto como para que sean ignorados por un periodismo tarifado que calla, ni por algunos ciudadanos decentes que ven con horror que el delito –bajo muchas formas – es la regla y la arbitrariedad un método.
A lo largo de décadas una larga lista de casos de fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, toma ilegal de interés, saqueo, pillaje y robo descarado fue malamente sepultada bajo leves capas de hojarasca, dándole la impresión a la cleptocracia que se ha enseñoreado en el país de su propia inmunidad.
Hasta que se destaparon los casos PENTA y CAVAL, de los cuales la jefa de Estado se entera por la prensa. El impacto causado en una ciudadanía que ya no cree en nada ni en nadie, fue desastroso.
Un par de políticos a los cuales –a defecto de probidad– no se les puede desconocer una cierta lucidez, dijeron tímidamente que esta vez la cleptocracia se había pasado de rosca y que las consecuencias podrían llegar muy lejos.
Era sin contar con el caso SQM, que en materia delictual y hedor supera con creces todo lo visto hasta ahora. Una lista de entre treinta y cuarenta encumbrados parlamentarios y personeros políticos, lista que circula en los medios informados, habría cobrado ilegalmente de la empresa que fue sustraída –robada– al patrimonio público en dictadura.
El yerno de Pinochet, a quien se le reconoce una cierta habilidad para los negocios, debe haberse inspirado en conocidos personajes de la historia universal que, una vez encaramados en el poder, y habiendo reprimido salvajemente a sus oponentes, terminaron por asociarse con ellos, por comprarlos, o simplemente por inscribirlos en nóminas de generosas donaciones a cambio de su silencio cómplice. El tema dista de ser una novedad, Ponce-Lerou no ha inventado nada
El sistema tambalea. El Servicio de Impuestos Internos ha estimado, contra toda lógica, que era urgente esperar. Los ejecutivos de SQM se reúnen para analizar la mejor forma de evitar que llegue a la luz pública lo que ya es conocido en las esferas bien informadas: que durante años la empresa pudo delinquir con plena impunidad mediante al oportuno financiamiento de las campañas de determinados diputados y senadores, para no hablar de eventuales intervenciones en el financiamiento de campañas presidenciales.
El Mostrador TV titula una de sus notas audiovisuales: “SQM: la línea Maginot del poder para contener el escándalo de las platas políticas”.
Los periodistas de El Mostrador no pueden ignorar que, como sistema de defensa, la Línea Maginot forma parte de los más sonados fracasos de la historia militar y dio la medida de la incompetencia y la incuria de los altos mandos que estuvieron en su origen.
Ya en el caso Cascadas, SQM adoptó la estrategia de rehusar la entrega de informaciones clave para la investigación de sus manejos ilegales.
Entre los directores que participaron en la decisión de rechazar la entrega de informaciones estaba Osvaldo Puccio, que fue portavoz del primer gobierno de Michelle Bachelet y luego su embajador en España, cargo del que fue literalmente extraído por ACCIONA, una multinacional española que mediante un salario extravagante transformó al estudiante de filosofía de la desaparecida RDA en su agente para Chile y Director Consejero para América Latina.
No está claro qué talentos de este especialista del tercer principio de la dialéctica materialista podían ser útiles para el desarrollo de inversiones en el ámbito de la energía, el caso es que Osvaldo Puccio entró por esa puerta al mundo de los grandes negocios. Puede que su habilidad para evadir alguna condena en el caso que enfrentó con motivo de pagos de Gendarmería y Codelco por informes no entregados y asesorías no efectuadas, haya seducido a una empresa que tiene mucho que hacerse perdonar.
Habida cuenta de quienes integran la lista de beneficiarios de las liberalidades de SQM, hay quienes piensan que el papel de Osvaldo Puccio, cuyas competencias en el ámbito de la minería o de las altas finanzas dejan que desear, consiste en ser un canal de comunicación del yerno de Pinochet hacia la Nueva Mayoría. Lo que se ha dado en llamar “un operador”.
En la materia Puccio dista mucho de ser un precursor: Ricardo Lagos ya se había dado maña para coincidir con Julio Ponce Lerou en alguna cena convocada, en el año 2008, con el propósito de entenderse entre gente “bien”.
El caso es que ahora la estrategia de SQM es la misma: no entregar la información necesaria a la investigación de potenciales delitos tributarios. Por lo pronto, SQM busca evitar que fiscales como los que se ocupan del caso PENTA puedan investigar sus eventuales delitos tributarios, cohechos, falsificación de documentos contables, tráfico de influencias y otras menudencias que aparecen cada vez más como una evidencia.
El diario La Tercera destaca:
“Tras la fallida jugada legal del gerente de Soquimich y su abogado, Samuel Donoso –cercano a Girardi e íntimo de Peñaillillo–, está la intención de contener la caída de todo el sistema político si llegaran a hacerse públicas los aportes a campañas vía boletas de la empresa de Ponce Lerou. Un actor clave de esta estrategia es el SII, que incluso debió salir a explicar por qué aún no se querella contra la empresa, pese a los antecedentes entregados por la Fiscalía. Todo esto en medio de un clima de paranoia y alta volatilidad de todo el cuadro político, cuya última escena fue la renuncia del Presidente de la UDI, Ernesto Silva.”
Lo que les faltó decir – ¡Ah… el periodismo de investigación! – es que si Ernesto Silva tuvo que renunciar a la presidencia de la UDI, hay quienes pretenden llegar a la presidencia de sus propios partidos aún cuando aparecen involucrados en el caso SQM.
Los patéticos intentos por hacer funcionar la estrategia de la Línea Maginot (que dicho sea de paso cayó sin tirar un tiro) involucran al flamante presidente del pomposamente bautizado Consejo Anticorrupción. Sus declaraciones harían reír por lo caricaturales, sino fuese que se derrumba la institucionalidad heredada de la dictadura.
Eduardo Engel declara: ““No queremos nuevos escándalos en tres o cuatro años” (sic).
Engel… ¿es o se hace? Por lo visto no habrá que esperar tanto.
El mismo, en otro intento de desviar la atención de los escándalos en curso, afirma: “Es indispensable que el Estado financie la política”.
Este experto ignora que ya es el caso, por ejemplo, en España, país sumido en una ola de corrupción inimaginable que abarca desde la familia real hasta los partidos que han gobernado en las últimas décadas, el fútbol, la farándula, los sindicatos, y hasta la Iglesia. Eduardo Engel tendría que leer algo más que los resultados de las carreras en el Hipódromo Chile.
Mientras tanto, las reservas morales de la nación – siempre las hay – que incluyen hombres y mujeres decentes en todo el espectro social del país, asisten atónitos a revelaciones que dan cuenta de una sociedad dividida en dos: de un lado los beneficiarios de una institucionalidad espuria y un modelo económico depredador, de otro los que pagamos la cuenta.
La prensa en manos de los poderes financieros, y la TV que obedece a intereses particulares, hacen gala de metáforas y circunloquios para referirse al desmadre que se pasó de rosca. No usan la profusa información de la que disponen, no ejercen el periodismo de investigación que dicen practicar cuando aparecen mezclados los intereses financieros que los sostienen.
La Justicia y organismos como el Servicio de Impuestos Internos se ven confrontados a leyes hechas a la medida para los rufianes, como la que hizo aprobar Ricardo Lagos en el año 2003 para evitarle la prisión a quienes organizan carteles industriales y colusiones de precios. Los productores de pollos y los dueños de las farmacias se lo agradecen.
Si a lo anterior le sumamos las presiones, las amenazas, el cohecho (pago de coimas), el temor acumulado ante la impunidad tan largo tiempo verificada… la tarea no es sencilla.
Pero no hace falta ser el Washington Post, ni conocer a una “garganta profunda”, para enterarse de la masa de delitos que reúnen a personeros de la política a hombres de negocios. Se confiaron demasiado, y en la confianza está el peligro.
Ya veremos si “las instituciones funcionan”, como pretende Michelle Bachelet copiándole a Ricardo Lagos, otro experto en instituciones. Los nombres – como dijimos más arriba – circulan profusamente.
La Justicia y el SII deben hacer su trabajo. Si no…